Las movilizaciones estudiantiles han vuelto a instalarse en Chile, con protestas en diversos colegios de Santiago y regiones, mientras que los medios de comunicación tradicionales apenas les dedican cobertura. Los y las estudiantes denuncian un modelo disciplinario autoritario que incluye controles policiales dentro de los recintos, revisión de mochilas, uso de perros sin bozal, registro corporal de menores de edad y frecuentes desalojos con gases lacrimógenos. En este contexto, autoridades y sectores oficiales han llegado a calificar a los y las jóvenes movilizados/as como “delincuentes” o “sicarios”.
El debate central gira en torno a la pregunta: ¿dónde empieza la violencia? Para los y las estudiantes y organizaciones sociales, la violencia no surge de las protestas, sino de las condiciones estructurales de abandono de la educación pública y de la criminalización institucional y mediática. Se denuncia que la respuesta del Estado prioriza la represión sobre el diálogo, instalando un ambiente que margina las demandas legítimas de la comunidad educativa y debilita la confianza en las instituciones.
El informe La expulsión y la cancelación de matrícula en el sistema educativo chileno recientemente lanzado publicado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública (FODEP), advierte que la expulsión y la cancelación de matrícula se han transformado en mecanismos sistemáticos de exclusión estudiantil en el país. Estas medidas, que afectan principalmente a jóvenes de sectores populares, vulneran el derecho a la educación y profundizan las desigualdades sociales. Según el FODEP, el Estado y las instituciones han adoptado un enfoque punitivo frente a la conflictividad, en lugar de impulsar alternativas pedagógicas y de acompañamiento.
El documento también señala que estas sanciones contravienen tratados internacionales suscritos por Chile, que obligan a garantizar acceso, permanencia y no discriminación en la educación. En esa línea, la organización plantea la urgencia de revisar el marco normativo y las prácticas institucionales que legitiman la exclusión, para promover políticas de inclusión y apoyo integral a los y las estudiantes. Para el Foro, la permanencia de estas prácticas refleja una política que privilegia el castigo antes que el reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos de derechos.
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