Del 30 de junio al 3 de julio de 2025, Sevilla será la sede de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, un evento de alto nivel convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
CLADE está presente en la conferencia a través de la participación de la Campanha Brasileira pelo Direito à Educação, integrante del Comité Directivo CLADE, así como del Foro Dakar Honduras, también miembro de la red.
Este especial transmedia ofrece una cobertura informativa centrada en América Latina y el Caribe, con énfasis en la agenda de derechos humanos y en la garantía del derecho humano a la educación para todas las personas.
La ciudad de Sevilla, España, albergará la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4, por su siglas en inglés), una cumbre de alto nivel convocada por la Organización de Naciones Unidas. El encuentro reúne a representantes de gobiernos, organismos multilaterales, sociedad civil y sector privado, con el propósito de avanzar hacia un sistema financiero internacional más sólido y justo, así como evaluar los progresos realizados desde las conferencias de Monterrey (2002), Doha (2008) y Adís Abeba (2015).
Andressa Pellanda, coordinadora general y Helena Rodrigues, coordinadora ejecutiva de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação de Brasil participarán junto a Diana Ayala del Foro Dakar Honduras, expresando la voz desde la sociedad civil en atención a los derechos humanos y en especial el derecho humano a la educación.
La Conferencia es un espacio privilegiado para el debate sobre la cooperación internacional y las prioridades para los compromisos concretos. Esta iniciativa ofrece una oportunidad para reformar el financiamiento a todos los niveles, incluyendo el apoyo a la reforma de la arquitectura financiera internacional y la solución de los desafíos financieros que impiden el urgente impulso de inversión para los Objetivos de Desarrollo (ODS).
Si bien recientemente hay un llamado sobre la crisis de la ayuda internacional, esta representa una proporción insuficiente de la financiación para el desarrollo y la ayuda humanitaria. La Conferencia analizará todas las fuentes de financiación para el desarrollo, esperamos que los esfuerzos de incidencia puedan concretar mayores compromisos por la educación.
En el marco de la Conferencia diversas organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos convocaron a responsables de políticas, especialistas y activistas para repensar cómo financiamos los servicios públicos al evento sobre “La financiación de los servicios públicos: Garantía de Derechos Humanos y construcción de una sociedad del cuidado”, realizado el el 27 de junio.
El evento busca crear un espacio para el intercambio colaborativo de ideas y de soluciones audaces y con visión de futuro para crear una perspectiva sobre el financiamiento de los servicios públicos y la realización de los derechos humanos más unificada y estratégica que siente las bases para sociedades más justas, equitativas y centradas en los cuidados.
La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4) es un momento crucial para reformar las normas económicas globales que determinan los derechos, la paz y la estabilidad de todas y todos. Como parte de una serie de cumbres y procesos internacionales que tendrán lugar en 2025 (incluida la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en noviembre) la Conferencia tendrá un papel esencial a la hora de definir el rumbo de la justicia económica y social en todo el mundo.
Para impulsar un cambio significativo debemos tender puentes entre diversas cuestiones vinculadas con las finanzas públicas y el espacio fiscal que son uno de los focos de la Conferencia y el gasto social en áreas cómo servicios públicos y cuidados que serán el tema principal de cumbres futuras.
La Conferencia reúne especialistas internacionales, responsables políticos, y representantes de la sociedad civil en temas de financiamiento, impuestos y política económica y ofrece una oportunidad única de profundizar los diálogos entre estos sectores y los movimientos de servicios públicos y cuidados con el fin de realizar derechos y contribuir a un desarrollo sostenible ahora y en el futuro. Es un momento crucial para abordar algunas de las cuestiones claves en la intersección entre el financiamiento estatal, los servicios públicos, los cuidados y los derechos humanos tales como el rol del sector privado, la relación con una transición justa en el marco de la crisis climática y la cooperación internacional.
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Se trata de un ejercicio colectivo que articule financiamiento sostenible, gobernanza fortalecida, evaluación basada en evidencia y políticas justas e inclusivas. Solo así se podrán cerrar las brechas históricas y transformar la educación pública en un motor de justicia y buen vivir, sobre la evidencia comprobada de la mejor calidad y resultados que, a pesar de todas sus dificultades, nos ofrecen los sistemas de educación pública frente a las ofertas privadas.
Nelsy Lizarazo Castro en intervención del evento "La situación de los servicios públicos: Realizando los derechos humanos para todas y todos"En el segundo panel titulado La situación de los servicios públicos: Realizando los derechos humanos para todas y todos, Nelsy Lizarazo Castro, como coordinadora general de la CLADE y vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) presentó El estado de los sistemas de educación pública en América Latina.
En su intervención destacó que el derecho a la educación enfrenta un estancamiento preocupante en el acceso y permanencia, sumado a un deterioro en los aprendizajes fundamentales en lectura, matemáticas y ciencias.
En América Latina y el Caribe, las brechas estructurales persisten y afectan de manera desproporcionada a niñas, jóvenes y personas de comunidades rurales e indígenas, así como a quienes transitan la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA). Estos problemas no son un efecto aislado de la pandemia, sino el resultado de sistemas que no retienen a sus estudiantes, con tasas de abandono alarmantes que profundizan las desigualdades y limitan el ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.
El escenario de la región latinoamericana y caribeña está directamente vinculado a un financiamiento insuficiente y decreciente, lo cual sigue despertando las alertas correspondientes.
Entre 2015 y 2022, se duplicó el número de países de la región que no cumplen con los compromisos de invertir entre el 4 y 6% del Producto Interno Bruto (PIB), ni el 15 y 20% del gasto público en educación, mientras la evasión y elusión fiscal alcanzaron los 433 mil millones de dólares en la región.
En este contexto, el avance de la privatización erosiona los sistemas públicos al desviar recursos, debilitar la autonomía institucional y profundizar la segregación socioeconómica, atentando contra el derecho humano a una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas.
Frente a este panorama, se propone un Marco de Acción para una Educación Pública Transformadora que articule el financiamiento sostenible con políticas fiscales progresivas, gobernanza fortalecida, evaluación basada en evidencia y la participación activa de comunidades, docentes y estudiantes.
Solo a través de una inversión pública suficiente y sostenida será posible frenar la tendencia mercantil que amenaza el derecho a la educación, garantizando que este derecho humano fundamental sea el motor de justicia social y del buen vivir que necesita nuestra región.
Organizaciones de la sociedad civil dan a conocer una nota de prensa exhortando el llamado y compromiso para transformar la arquitectura financiera internacional. Exigen más financiamiento para servicios públicos, justicia fiscal y derechos humanos, priorizando las personas sobre la economía, para lo cual es necesario tomar decisiones valientes para frenar desigualdades y la privatización de servicios.
A continuación la nota de prensa:
Ofrecer servicios públicos exige una reforma económica global
Conferencia previa a la Financiación para el Desarrollo de la ONU marca la agenda hacia sistemas económicos más justos
(Sevilla, 27 de junio de 2025) Tras una jornada de alto nivel previa a la Conferencia de Financiación para el Desarrollo (FFD4) que comenzará el 30 de junio, 11 organizaciones hacen un llamado a los Estados a intensificar sus esfuerzos para aumentar la financiación destinada a la realización de los derechos económicos y sociales, y a los servicios públicos esenciales para su disfrute. En particular, los Estados deberían reafirmar su apoyo a un tratado de cooperación fiscal y al desarrollo de un marco para el gasto social durante la Cumbre Social Mundial de noviembre y en la COP30.
Mientras los Estados se preparan para adoptar el documento final de la FFD4, denominado “Compromiso de Sevilla”, que resulta decepcionante en muchos aspectos, en particular por no abordar los problemas sistémicos relacionados con la deuda, se vuelve aún más urgente continuar desarrollando nuevos instrumentos para financiar el desarrollo social y los servicios públicos, así como reducir las desigualdades económicas.
David Archer, director de Programas de ActionAid, comentó: “La actual arquitectura internacional de la deuda tiene raíces en la era colonial y no responde a las necesidades actuales. Hoy, 54 países enfrentan una crisis de deuda y el 75 % de los países de ingresos bajos destinan más al pago de sus deudas que a la salud. El documento final de la conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo no aborda la necesidad de un cambio sistémico fundamental para que los países puedan financiar de manera sostenible los servicios públicos. Los movimientos de la sociedad civil deben trabajar junto a los Estados del Sur Global para impulsar urgentemente un Convenio Marco de la ONU sobre Deuda, incluso en la COP30 y mediante la Asamblea General de la ONU.”
El evento de hoy, titulado “Financiar los Servicios Públicos: Cumplir con los Derechos Humanos y Construir una Sociedad del Cuidado”, fue patrocinado por 3 países, 3 agencias de la ONU y 18 organizaciones de la sociedad civil. Contó con la participación de ponentes de alto nivel, incluida Mónica Colomer, embajadora en Misión Especial para la financiación del desarrollo de España; Javiera Toro, ministra de desarrollo social de Chile; y el Profesor Sidy Alpha Ndiaye, ministro, asesor jurídico y jefe adjunto de gabinete del presidente de la República de Senegal.
La Ministra Toro declaró: “Hoy enfrentamos una encrucijada histórica: continuar gestionando la escasez con soluciones temporales, cargando el peso en las personas más vulnerables, o construir una sociedad centrada en los cuidados. Optamos por lo segundo, guiados por un principio inquebrantable: la economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.”
Camila B. Maia, directora Ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destacó la relevancia del evento: “Este evento cuestionó un supuesto que a menudo se pasa por alto: ¿qué estamos buscando financiar realmente cuando hablamos de financiamiento para el desarrollo? Las voces del Sur Global dejaron claro que debemos financiar a los Estados como motores clave de un desarrollo inclusivo y sostenible, garantizando la protección de derechos mediante servicios públicos gratuitos, universales y de calidad.”
Nelsy Lizarazo Castro, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), enfatizó “Un esfuerzo colectivo que integre financiamiento sostenible, gobernanza fortalecida, evaluación basada en evidencia y políticas justas e inclusivas es esencial, junto con políticas claras y marcos regulatorios para frenar el avance de la privatización.”
David Boys, secretario general adjunto de la Internacional de Servicios Públicos, señaló “En este mundo altamente desigual, debemos construir el poder para desafiar el statu quo. Los sindicatos y las ONG deben forjar alianzas para obtener los fondos necesarios para contratar suficientes trabajadores, con condiciones dignas, y así garantizar el acceso universal a servicios públicos de calidad en todas partes.”
El evento fue diseñado para conectar los debates sobre financiación, que son el enfoque de la FFD4, con los de gasto social. Las personas participantes reflexionaron sobre la importancia de combinar medidas fiscales adecuadas con el gasto en servicios públicos para construir economías basadas en derechos humanos y apoyar una transición justa hacia una economía libre de combustibles fósiles. Estos temas serán centrales en las próximas cumbres: la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la COP30, que se celebrarán en noviembre, así como en las negociaciones para un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, que comenzarán en agosto de 2025.
Sylvain Aubry, director Adjunto de Justicia Económica y Derechos en Human Rights Watch, afirmó: “Frente a las grandes disrupciones mundiales, la serie de cumbres que se realizarán este año representa una gran oportunidad para que los Estados construyan reglas económicas internacionales más justas, de forma que se desarrollen economías que garanticen los derechos humanos, lo que también es el mejor antídoto contra el autoritarismo.”
Anjela Taneja, responsable de Servicios Públicos de Oxfam, indicó: “Los servicios públicos son la primera línea de la justicia. Sin embargo, el 84 % de los países han reducido la inversión en educación, salud y protección social en los últimos dos años. Sin reformas de financiamiento audaces que permitan a los países gastar lo necesario para brindar servicios de calidad a todas las personas, la desigualdad se profundizará y la democracia se debilitará. En Sevilla, los gobiernos deben decidir: defender el bien público o entregarlo a los mercados.”
El evento destacó la importancia crítica de los servicios públicos como la atención médica, la educación, los cuidados y la seguridad social para reducir las desigualdades y garantizar los derechos humanos.
Refat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación (CME), señaló: “Instamos a los Estados Miembros en la FFD4 a tomar decisiones valientes para transformar la arquitectura financiera global, abordando las desigualdades dentro de los países y entre ellos, y a acordar acciones para financiar de forma sostenible una educación pública de calidad y servicios públicos para todas las personas.”
Angella Kasule Nabwowe, directora ejecutiva de la Iniciativa por los derechos sociales y económicos, agregó: “Más que nunca, necesitamos compromisos audaces sobre impuestos, deuda y financiamiento climático, especialmente ahora que muchos países enfrentan una crisis debido a los recortes significativos en la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Las medidas de austeridad están afectando la provisión pública de educación, atención médica y protección social, exacerbando la pobreza y la desigualdad.”
Avanzar en la construcción de una economía del cuidado y una perspectiva de género transformadora en materia de impuestos y presupuestos también es clave para construir sociedades más justas.
“Necesitamos repensar de manera fundamental quién tiene voz en la toma de decisiones sobre los recursos públicos,” señaló Jennie Grant, directora senior de programas internacionales de la Asociación Internacional de Presupuesto. “Cuando centramos las perspectivas y la valiosa evidencia de las comunidades marginadas, especialmente de las mujeres, logramos una mejor toma de decisiones gubernamentales sobre cómo gestionar los recursos públicos. Para que haya avances reales tras Sevilla, debemos garantizar que cada elemento de la política fiscal —impuestos, deuda y gasto— sea responsable y responda a las personas más afectadas por estas decisiones.”
Ana Moreno, secretaria técnica de la Alianza Global por los Cuidados, afirmó: “La Alianza Global por los Cuidados visualiza una sociedad donde los servicios públicos reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidados, ayudando a cerrar la brecha en los servicios de cuidado universales. Al hacerlo, liberan tiempo a las mujeres, quienes asumen la mayor parte del cuidado no remunerado, y contribuyen al bienestar de las diversas personas que conforman nuestras sociedades.”
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La educación es un derecho humano fundamental y un bien público.
Declaración de Fortaleza de la GEM (por sus siglas en inglés Global Education Monitoring Report, 2024)
CLADE se suma al llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil para posicionar el debate sobre el reforzamiento del financiamiento de derechos humanos y educación como camino para la justicia social.
De cara a la Conferencia Internacional de Financiamiento al Desarrollo, existe un impulso desde diversas organizaciones de la sociedad civil para que los Estados incorporen compromisos concretos como mecanismos fiscales progresivos e inversión sostenida en educación pública para cerrar la brecha en el acceso y calidad educativa.
La CLADE alerta que las diversas situaciones de emergencia, como la migración forzada, las diferentes expresiones de la violencia y/o desastres climáticos han profundizado la crisis educativa en la región, y por ello plantea que estas crisis deben ser tratadas como parte integral del financiamiento internacional. A su vez, diversas voces del mundo de la cooperación internacional hacen énfasis en que los recursos actuales son insuficientes, se estima que hacen falta alrededor de 4 billones de dólares anuales adicionales para alcanzar la Agenda 2030, referencia ofrecida en el Documento Finanzas Sostenibles y Agenda 2030.
El estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe” argumenta cómo la actual arquitectura fiscal global, dominada por intereses concentrados y exenciones a grandes fortunas y corporaciones, impide que los Estados garanticen el derecho a la educación. A pesar de los compromisos internacionales asumidos, la inversión educativa ha retrocedido, con una brecha de financiamiento que alcanza los 97 mil millones de dólares anuales. La transformación estructural del sistema fiscal es indispensable para financiar sosteniblemente la educación pública y equitativa, y garantizar así una verdadera igualdad de oportunidades.
El estudio propone avanzar hacia una justicia fiscal que permita redistribuir la riqueza de forma equitativa, fortalecer los sistemas tributarios progresivos, reducir los beneficios fiscales regresivos y aumentar la capacidad de recaudación subnacional. Existe una oportunidad clave en la Convención Fiscal impulsada por la ONU, que busca incluir a todos los países en la definición de reglas fiscales justas y alineadas con los derechos humanos.
>> Lee el estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe”
Policy brief. Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe
El documento político sintetiza el estudio sobre Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe que demuestra que los recursos para garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva y a lo largo de toda la vida existen, pero que su realización está obstaculizada por una arquitectura fiscal injusta que permite la concentración extrema de la riqueza y la evasión fiscal. A pesar de compromisos internacionales la inversión en educación ha retrocedido, mientras el mundo pierde más recursos por abusos fiscales de los que se necesitan para cerrar la brecha educativa.
Frente a esta situación, el documento propone avanzar hacia una justicia fiscal que incluya impuestos progresivos sobre grandes fortunas y corporaciones, la eliminación de beneficios fiscales regresivos y el fortalecimiento de capacidades tributarias, con el objetivo de redistribuir equitativamente la riqueza y asegurar el derecho humano a la educación.
>> Lee el Policy brief. Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe.
El financiamiento para el desarrollo no es neutral al género. En América Latina y el Caribe, las mujeres, especialmente indígenas, afrodescendientes, migrantes y rurales, enfrentan múltiples desigualdades que se agravan con sistemas fiscales regresivos, endeudamiento injusto y políticas que priorizan al sector privado sobre el bienestar colectivo. Mientras tanto, los flujos financieros ilícitos drenan recursos públicos y limitan la capacidad de los Estados para garantizar derechos. Esta realidad exige ser leída desde una perspectiva interseccional y feminista.
En el marco de la Conferencia, Latindadd organización aliada de CLADE comparte el documento Financiamiento para el Desarrollo: retos para las mujeres latinoamericanas, un análisis riguroso sobre cómo las reglas actuales del sistema económico global afectan de forma diferenciada a las mujeres.
El informe explora los sesgos de género en los sistemas tributarios, los impactos ocultos de la deuda y las Alianzas Público Privadas, cuestiona la lógica del financiamiento mixto que mercantiliza el bienestar. También se plantean en el documento propuestas concretas hacia un pacto fiscal feminista, justo y sostenible. El informe es una herramienta para la acción política, el diseño de políticas públicas con enfoque de género y la exigencia de una nueva arquitectura financiera internacional.
>>Lee el Financiamiento para el Desarrollo: retos para las mujeres latinoamericanas
| Producción: | María Cianci Bastidas |
| Revisión y producción de video: | Carolina Osorio |
| Edición: | Thais Iervolino |
