En el marco del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de la Cumbre del Futuro, los gobiernos de la República Dominicana y Chile, junto a organismos multilaterales, hacen un llamado urgente para aumentar el financiamiento dedicado a la educación en América Latina y el Caribe.
El llamado a la acción, apoyado por UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y la Fundación Varkey, exhorta a invertir ahora para que los países alcancen el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
“La educación es el motor del desarrollo y la clave para transformar nuestras sociedades; por eso, en la República Dominicana estamos decididos a convertir las escuelas en el centro del desarrollo y de las políticas públicas, donde se forja el futuro de nuestra nación”, dijo Luis Rodolfo Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana. “Invitamos a todos los sectores de la sociedad a sumarse a este esfuerzo. Es un compromiso que debemos asumir juntos para asegurar que la educación sea, en esencia, el pilar del desarrollo equitativo y sostenible de nuestra región”.
Por su parte, Nicolás Cataldo, Ministro de Educación de Chile, expresó “Como copresidentes del Comité Directivo de Alto Nivel del ODS 4, nos parece fundamental participar e impulsar instancias como estas para amplificar las decisiones tomadas a nivel global y regional en materia educativa. Reflexionar sobre las condiciones habilitantes para los procesos educativos, y, sobre todo, el financiamiento sostenible, es crucial para pasar del compromiso a la acción y, con ello, materializar el cumplimiento de las metas del ODS 4”.
En América Latina y el Caribe, el 75 por ciento de estudiantes en la región no logran las competencias básicas en matemáticas y el 50 por ciento en lectura. El limitado cumplimiento del derecho a la educación en la región se ha profundizado en los últimos años debido a las crisis prolongadas, el impacto de múltiples emergencias, incluyendo la pandemia de COVID-19, y las desigualdades persistentes.
“Si ustedes quieren éxito económico, si ustedes quieren puestos de trabajo, crecimiento e inversiones, deben garantizar que el sistema educativo realmente funcione. No hay otra manera, en este momento”, dijo el economista Jeffrey Sachs.
Aunque los países han hecho notables esfuerzos para alcanzar el mínimo de financiamiento acordado en educación, al menos el 4 por ciento del PIB y el 15 por ciento del gasto público total, la sostenibilidad del financiamiento sigue siendo un desafío y la región se queda atrás. Hoy, en promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) invierten por estudiante cerca de cinco veces más que el promedio de América Latina y el Caribe.
Es por ello que, República Dominicana y Chile, junto a la coalición de organismos multilaterales, instan a todos los gobiernos de la región, a la cooperación internacional, a la sociedad civil y al sector privado a asegurar las condiciones habilitantes y el financiamiento adecuado y sostenible en la educación, con equidad y eficiencia. En particular:
- Aumentar la inversión pública en la educación, priorizando la asignación de recursos en áreas donde la evidencia muestra mayores retornos y para estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.
- Potenciar las estrategias de financiamiento sostenible para la educación, aumentando la movilización de recursos para la educación a través de instrumentos como las políticas fiscales progresivas. Además, complementar estos esfuerzos con medidas innovadoras como el fondo multiplicador del Global Partnership for Education (GPE), los canjes de deuda, el financiamiento mixto, entre otras.
- Incrementar la proporción de ayuda oficial al desarrollo destinada a la educación, fomentando inversiones a largo plazo en los sistemas de educación pública.
- Fortalecer los sistemas de gestión e información que permitan planificar las inversiones y monitorear el impacto de la financiación en la educación, asegurando que sea suficiente, equitativa, eficaz, eficiente y transparente.
