Para conocer el actual escenario del derecho a la educación en Brasil, dialogamos con Andressa Pellanda, coordinadora ejecutiva de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación (CNDE), miembro de la CLADE en el país. Entre los principales desafíos, Pellanda destaca la disminución de recursos públicos para la educación y la fragilidad de la democracia brasileña.
“Brasil se enfrenta actualmente a un contexto serio de austeridad [financiera], acompañado por el incumplimiento de los objetivos educativos nacionales e internacionales y con recursos insuficientes para el área, debilitando las instancias de participación y democracia”, afirmó.
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¿Cuál es el actual contexto en Brasil, en lo que toca a la realización del derecho a la educación?
Andressa Pellanda – Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) de 2018, aproximadamente 1,3 millones de niños y niñas de 4 a 17 años de edad no van a la escuela en Brasil. Esto viola los artículos 208 y 214 de la Constitución Federal. Además, el 24.5% de las y los jóvenes con entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, casi el 7% de la población de 15 años o más es analfabeta, y solo el 15.7% de la población ha completado la educación superior.
Además, el país, donde el 25,2% de la población tiene acceso restricto a Internet y que aún enfrenta brechas educativas, sufre un escenario cada vez más agravado de difusión de información falsa (fake news) yde deconstrucción de mecanismos de control social, investigación y elaboración de diagnósticos sobre las políticas públicas.
Respecto a los derechos civiles y políticos, Brasil ha enfrentado serias violaciones. La participación de la sociedad civil se ha debilitado, varios consejos se han extinguido y se recortaron presupuestos gubernamentales para estos espacios.
Además, la Enmienda Constitucional (EC) 95 fue aprobada en el 2016, estableciendo un nuevo régimen tributario que determina que ninguna inversión en áreas sociales en el país puede exceder al ajuste pde la inflación en el año anterior. Esta determinación será vigente por 20 años, es decir, hasta el 2036. Se trata del principal obstáculo para el acceso universal a una educación de calidad en el país, ya que pone en peligro al cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Educación (PNE), vigente hasta el 2024. Así mismo, este congelamiento de recursos tendrá un impacto negativo en el próximo plan nacional de educación, que estará en vigor del 2024 al 2034.
¿Ante los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación de Brasil, cómo la sociedad civil se está organizando?
Andressa Pellanda – En este momento complejo, tuvimos que adaptarnos a la situación y realizar estrategias rápidas de enfrentamiento al COVID-19. En un trabajo conjunto con la red de la Campaña, lanzamos dos guías en el día 23 de marzo, sobre la educación y la protección en el contexto de la pandemia. El objetivo es ofrecer una colección de informaciones chequeadas, comprobadas y accesibles, sobre cómo ciudadanas y ciudadanos que tienen conexión con la educación pueden actuar, cobrar y trabajar por la protección de todas y todos, de manera colaborativa. Además, nos dirigimos a actores del poder público, para que puedan garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de emergencia. Orientamos nuestras recomendaciones a toda la comunidad escolar, familias y profesionales de la protección de niñas, niños y adolescentes, así como a tomadoras y tomadores de decisión del poder público, buscando dialogar con dos frentes centrales del enfrentamiento efectivo a la pandemia.
“El contexto de fragilidad extrema de las políticas sociales y el empobrecimiento de la población muestran que la pandemia puede llevar el sistema de salud al colapso, siendo que sus efectos deberán sobrepasar el 2020. La educación necesita también inversiones, pues es el centro que promueve soluciones, desde el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que son el futuro del país, hasta las investigaciones que son realizadas por nuestras universidades”
Así mismo, en conjunto con otras entidades que se dedican a defender los derechos humanos, el 17 de marzo, presentamos una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (corte máxima del país), por la suspensión inmediata de la Enmienda Constitucional 95 de 2016, que impone un límite a las inversiones públicas en salud, educación y otras políticas sociales. La motivación tiene carácter de emergencia, pues la pandemia del COVID-19 pone en riesgo al funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS), de Brasil. Al mismo tiempo, debido a la suspensión de clases en las redes de enseñanza pública y a la imposibilidad de ofrecer la merienda escolar, se han expuesto millares de niñas, niños y adolescentes a una situación de miseria y hambre. Argumentamos que apenas la complementación de recursos por medio de créditos extraordinarios no logrará restablecer la condición de los sistemas públicos para atender a la población afectada – por ello, demandamos la suspensión de la EC 95. El contexto de fragilidad extrema de las políticas sociales y el empobrecimiento de la población muestran que la pandemia puede llevar el sistema de salud al colapso, siendo que sus efectos deberán sobrepasar el 2020. La educación necesita también inversiones, pues es el centro que promueve soluciones, desde el trabajo con niñas, niños y adolescentes, que son el futuro del país, hasta las investigaciones que son realizadas por nuestras universidades, las cuales necesitan apoyo para seguir desarrollándose hacia el enfrentamiento del momento de crisis que vivimos, desde los campos de la Biomedicina, hasta las áreas económicas y sociales.
¿Cómo ustedes se han organizado frente al gobierno del presidente Jair Bolsonaro?
Andressa Pellanda – Estamos combatiendo la forma de pensar la educación del actual gobierno. En esta gestión, nos hemos enfrentado al desmantelamiento de políticas públicas que se habían implementado con éxito y a la construcción de políticas opuestas, como: la privatización de todas las universidades federales (que es la etapa educativa en el país con mayor calidad, dentro de la educación pública y gratuita); la privatización de la educación básica a través del pago de vouchers [créditos concedidos por el gobierno a las familias, para que puedan elegir la escuela privada donde quieran matricular sus hijas e hijos] y de asociaciones público-privadas para, desde la oferta de servicios educativos básicos, hasta la gestión educativa; la militarización de las escuelas; la lucha contra iniciativas por la igualdad de género y orientación sexual en las escuelas; ataques a la libertad docente; la criminalización de los movimientos estudiantiles, etc.
En este contexto, entendemos que es momento de llevar a cabo investigaciones calificadas, profundizar el debate y divulgar informaciones de fuentes fiables y verificadas, articulando a la vez la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de consolidar espacios para la participación social.
¿Cuáles son las principales líneas de acción de la CNDE actualmente?
Andressa Pellanda – Seguiremos luchando por la implementación del Plan Nacional de Educación (PNE) y de los mecanismos de financiamiento educativo CAQi yCAQ. Es decir, presionar el gobierno por la adopción del Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi, por su acrónimo en portugués), mecanismo que establece un valor mínimo aceptable de inversión por estudiante, para que se pueda garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todas y todos.
A su vez, el Costo Alumno Calidad (CAQ) avanza en relación al otro mecanismo, y considera el carácter dinámico del concepto de costo por estudiante y la capacidad económica de Brasil, que está posicionado entre las economías más grandes del mundo.
Los mecanismos CAQi/CAQ, que están previstos en el PNE, contemplan las condiciones, el material y los aportes humanos necesarios y adecuados para que las maestras y los maestros puedan enseñar y para que las y los estudiantes puedan aprender. La idea central es que la garantía de insumos adecuados es una condición fundamental, aunque no suficiente, para el cumplimiento del derecho humano a la educación. Ello requiere una indicación de qué insumos son estos y cuáles son sus costos para cada etapa y modalidad de la educación básica, por estudiante.
¿Cómo están ustedes actuando para asegurar la realización y el financiamiento adecuado del Plan Nacional de Educación?
Andressa Pellanda – Se muestran dos caminos posibles para la implementación de los mecanismos CAQi/CAQ, los cuales son fundamentales para la realización del PNE: la aprobación del nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de Profesionales de Educación (Fundeb), el cual se está analizando y votando en el Congreso Nacional, y la construcción de un sistema educativo nacional justo y robusto. Ambos caminos son el foco de la agenda de luchas e incidencia de la Campaña para este y los próximos años.
Creado en el 2007, el Fundeb es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian actualmente de manera conjunta y corresponsal la educación pública. Sin embargo, el Fondo está en riesgo. En fines de 2020 termina su vigencia, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación.
Aún estamos a medio camino del Plan Nacional de Educación, que seguirá vigente cuatro años más. Por lo tanto, el final del Fundeb provocaría una gran desorden en el financiamiento de la educación pública básica en Brasil y pondría fin a una importante política pública de financiamiento educativo basada en la cooperación federativa.
Para promover la equidad y calidad en la educación, defendemos que el nuevo Fundeb debe mantener los aspectos positivos del fondo actual, pero avanzando institucionalmente y consolidándose como un instrumento poderoso y esencial para hacer cumplir plenamente los objetivos y estrategias del PNE, que garantizan el acceso, permanencia y calidad en la educación para todos los brasileños y brasileñas.
Esto es parte de nuestra lucha contra la exclusión escolar y las desigualdades sociales y regionales en el país.
¿Cómo se encuentra actualmente la discusión sobre el nuevo Fundeb?
“La política del gobierno de Bolsonaro se mueve hacia dos corrientes principales: el ultraliberalismo irresponsable y el ultraconservadurismo”
Andressa Pellanda – La Campaña ha actuado por la calificación y aprobación del nuevo Fundeb, desde la última legislatura, en el 2017, cuando las y los parlamentarias/os comenzaron a aprobar enmiendas propuestas a la Constitución, que tenían relación con el Fondo. Este proceso se inició en medio de la crisis económica y política y un régimen de austeridad radical en el país. A partir del 2019, y profundizándose en el 2020, las propuestas para un nuevo Fundeb han sufrido aún más ataques y reveses.
La política del gobierno de Bolsonaro se mueve hacia dos corrientes principales: el ultraliberalismo irresponsable y el ultraconservadurismo. Ambas agendas han influenciado el debate sobre el nuevo Fundeb, especialmente la primera. La propuesta que se está analizando en la Cámara de Diputados recibió enmiendas con sugerencias que abrían camino para la privatización de una buena parte de los recursos del fondo, a través de la política de vouchers, por ejemplo, e ideas de condicionar la distribución de los recursos del fondo a resultados de escuelas y estudiantes en evaluaciones educativas aplicadas a larga escala. Propuestas como estas, en un país desigual como Brasil, solo servirían para profundizar las brechas. Así mismo, parlamentarias y parlamentarios fundamentalistas presentaron propuestas para que la regulación del mecanismo del fondo esté a cargo de las familias.
A su vez, el Ministerio de Economía, a pesar de la legislación actual y los numerosos estudios que comprueban la necesidad de mayores inversiones en el campo educativo, viene presionando las y los integrantes del parlamento para que reduzcan la contribución del gobierno federal al Fondo.
En nuestra labor de incidencia ante la discusión y votación del nuevo Fundeb, hemos garantizado que, en el primer informe de la Comisión Especial que está analizando la propuesta para el Fondo, no se retroceda en el modelo de distribución de recursos que está en vigencia. Planteamos también una mayor complementación de recursos del gobierno federal para el Fondo y la inclusión del mecanismo CAQ como un parámetro de calidad para el financiamiento educativo. Además, presionamos integrantes del parlamento para que no aprobaran la enmienda a la propuesta que establecía la asignación de fondos públicos para el sector educativo privado, a través de vouchers. Igualmente, dialogamos con las parlamentarias y parlamentarios para que no vincularan la distribución de nuevos recursos a los resultados en evaluaciones aplicadas a larga escala, lo que aumentaría las desigualdades educativas y regionales del país.
