En las últimas semanas, docentes, médicas y médicos de Honduras han realizado protestas contra decretos que perjudican estas carreras y para defender el derecho a la educación y a la salud pública. En este contexto, se celebró en el país la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), instando por políticas públicas participativas que garanticen una educación inclusiva y con presupuesto digno.
Para comprender la situación hondureña y conocer los motivos de las movilizaciones en el país, dialogamos con Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
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¿Cuáles son los principales desafíos para la realización del derecho humano a la educación en Honduras actualmente?
Nos encontramos en una situación de conflicto entre el sector educativo y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las y los docentes consideran que las nuevas leyes que se han creado, como decretos ejecutivos, afectan la estabilidad laboral del magisterio en el país.
Así, desde finales de abril, profesoras, profesores y estudiantes, así como la clase médica, se vienen sumando a paros con el objetivo de presionar para que dichos decretos sean abolidos. Se lucha por el respeto a la relación y a la estabilidad laboral, tanto de docentes como de las médicas y los médicos.
En este contexto, también se ve afectado el derecho humano a la educación, pues como forma de presión han entrado en paro las clases en los centros educativos. Sin embargo, esto pasa justamente porque hay poca apertura de los poderes Legislativo y Ejecutivo para escuchar las reivindicaciones y planteamientos de docentes, médicas y médicos.
En este marco, ¿cuáles son las principales demandas del Foro Dakar Honduras, para que se pueda realizar el derecho a la educación de todas las personas?
Una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva es nuestra principal demanda. Es uno de los principios por los cuales nació el Foro Dakar Honduras, y continuaremos luchando por este tema.
Otra de nuestras demandas es una política educativa inclusiva. Estamos en diálogo con todas las organizaciones que forman parte del Foro, para elaborar una propuesta de política de educación inclusiva, que sea llevada al Congreso Nacional para aprobación.
Demandamos una infraestructura educativa que considere a la población con diferentes discapacidades. Además, instamos por el aumento de los presupuestos para la educación, a nivel global, pero también por presupuestos especiales y dirigidos a garantizar los derechos de las personas con discapacidad o en situaciones extremas de vulnerabilidad.
¿Qué actividades se han impulsado en Honduras para la SAME 2019, y cuáles son las próximas acciones planeadas en este marco?
Del 24 al 30 de abril, el Foro Dakar Honduras, en conjunto con sus organizaciones miembro que trabajan el tema de la inclusión, realizó diferentes actividades. Entre ellas, foros públicos en universidades y escuelas rurales. En dichos encuentros, tuvimos la presencia de la vice-Ministra de la Inclusión Social, y de profesoras de educación básica que trabajan en barrios de Tegucigalpa y pudieron evidenciar la falta de datos estadísticos sobre la población con alguna discapacidad que está en el sistema educativo público.
En estos debates, se han planteado las dificultades del sistema para incluir a la población que vive en situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque tienen alguna discapacidad, por su situación de pobreza o porque viven en zonas rurales.
En alianza con nuestras organizaciones miembro, formulamos una solicitud al Estado de Honduras, destacando la importancia de temas como la inclusión y la financiación educativa para los sectores más vulnerables, como las niñas, niños y jóvenes que dejan sus estudios por la pobreza o porque son migrantes. Otro punto que subrayamos es la importancia de no emitir decretos que van en contra de los derechos de docentes y que fomentan la no transparencia en el sector educativo.
Los dos decretos que llevaron a las manifestaciones actuales son decretos de emergencia, y autorizan la destitución de personal, tanto en la educación como en la salud. También facultan la realización de compras sin adoptar los procedimientos previstos para estas adquisiciones por el poder público.
Desde 2015, cuando se adoptó el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, referido a la educación, del cual el Estado de Honduras es signatario, ¿hubo avances para la educación en Honduras en términos legislativos, de prácticas y políticas?
Sí, hubo avances. El Estado hondureño ha formulado el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 (PESE), en el cual se establecen los diferentes lineamientos para este campo hasta el 2030. También se firmó un Memorando de Entendimiento con la Alianza Mundial por la Educación (AME).
Tenemos el reto de la financiación educativa en el país. Los recursos que se han gestionado no son suficientes para hacer cumplir el PESE. Otro reto es la falta de claridad sobre quién será responsable por la conducción del Plan.
Por otro lado, existe el nuevo conflicto que se presenta entre el gobierno y docentes, médicas y médicos. Es algo reciente, pero que está paralizando algunas actividades importantes, como la docencia en los centros educativos, lo que hace que las políticas anden más lentamente.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación, que es la instancia máxima de toma de decisiones sobre la educación en el país, ha formulado una serie de políticas públicas que están siendo socializadas y discutidas. Ellas abordan la formación docente, la infraestructura educativa y lineamientos para la educación y la financiación. Podemos decir que hay avances y propuestas sobre la mesa para discutir los retos. El Foro Dakar participa en estos espacios de diálogo, presentando sus observaciones políticas.
