Foto: Toni Pires

Marcos legislativos y justiciabilidad

La CLADE también impulsa iniciativas alrededor de la justiciabilidad del derecho humano a la educación y la concientización de que las violaciones de derechos humanos deben ser reparadas por los Estados y la apropiación de los instrumentos y prácticas de justiciabilidad por parte de la ciudadanía son clave para la consolidación de las democracias y la realización de derechos. Estas acciones se refieren a la posibilidad de interponer una denuncia o cualquier otro recurso jurídico frente a los tribunales cuando el contenido de un derecho se haya violado.

Es por ello que la CLADE ha promovido, en alianza con otras organizaciones, procesos de justicabilidad en distintos contextos nacionales, y ha participado de mecanismos de revisión de los compromisos internacionales asumidos por los Estados, como el Examen Periódico Universal de la ONU, estimulando y apoyando sus socios en cada país a que utilicen estos instrumentos y espacios de incidencia para defender el derecho humano a la educación.

A nivel regional e internacional, ha dialogado con relatorías y comités de derechos humanos, y ha publicado, en alianza con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), un libro que identifica las principales decisiones sobre el derecho a la educación en los tribunales regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Además, ha realizado una serie de seminarios de formación sobre esta temática con su miembros.

Es importante destacar que la exigibilidad jurídica está condicionada a la existencia de una legislación que garantice los derechos. Considerando esta necesidad, la CLADE impulsa también la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una instancia suprapartidaria de debates legislativos y de fortalecimiento de las articulaciones entre parlamentarios/as y sociedad civil en ámbito nacional y regional en la defensa de la educación pública, gratuita, laica y para todos y todas como derecho humano fundamental. Su propósito es impulsar la implementación de marcos legales que sean promotores del derecho humano a la educación y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de los sujetos de la comunidad educativa, en los marcos normativos, así como en el debate legislativo y presupuestario.