Eliminación de la violencia y la discriminación por razón de género
La eliminación de la violencia de género en los centros educativos y sus entornos es un elemento fundamental para garantizar el derecho humano a la educación y promover un ambiente de aprendizaje seguro y equitativo para todas las personas. La CLADE considera de extrema importancia abordar las diversas formas de violencia y discriminación por razón de género en el ámbito educativo, teniendo en cuenta los factores que agravan esta problemática, como los culturales, económicos, ideológicos, tecnológicos, políticos, religiosos, sociales y ambientales, así como las prácticas tradicionales nocivas.
Desde nuestras acciones en esta temática, recordamos que el derecho a una vida libre de violencia por razón de género tiene relación con otros derechos humanos: el derecho a la vida, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, a la libertad, la seguridad, la igualdad, a la libertad de expresión, de circulación y de participación, entre otros. Lo defendemos en consonancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
Para informar la ciudadanía y profundizar el diálogo y reflexión sobre esta problemática, planificando y planteando formas de superarla, impulsamos consultas con comunidades educativas, estudios y debates virtuales y presenciales con la presencia de activistas, investigadoras/es, organizaciones de Naciones Unidas, autoridades, parlamentarias/os, docentes y estudiantes, entre otros actores.
Asimismo, damos seguimiento a esta problemática en la región y divulgamos de manera permanente informaciones al respecto, poniendo especial énfasis en: la importancia de garantizar que las niñas y mujeres afectadas por la violencia en las instituciones educativas tengan acceso a la justicia y a la reparación; la existencia de mecanismos de protección adecuados y accesibles, así como la implementación de formas de denuncia confidenciales e independientes; la relevancia de la integración de contenidos sobre la igualdad de género, la diversidad sexual y la identidad de género en todos los niveles educativos; la garantía de una educación sexual integral y sobre los derechos sexuales y reproductivos; y la promoción de entornos educativos seguros y libres de violencia, discriminación, abuso o maltrato.
