Educación emancipadora y garante de derechos
Defendemos que una educación emancipadora, liberadora y garante de derechos tiene el rol de promover la transformación positiva de nuestras sociedades, desde la reflexión, el pensamiento crítico y el diálogo como principio ético, político y pedagógico, y desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles.
Subrayamos que una educación emancipadora y garante de derechos presupone estar orientada a los propósitos de los derechos humanos, a la construcción de la paz, de ciudadanías activas, críticas y participativas, al fortalecimiento de nuestras democracias, a la colectividad y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.
Además, debe promover la realización de una vida digna, reconociendo las singularidades, diversidades y distintas cosmovisiones de los pueblos, y a la vez debe impulsarse desde una gestión educativa democrática y la participación activa de la comunidad educativa en la definición de los planes políticos-pedagógicos.
Una educación emancipadora debe considerar la relación intrínseca e inseparable entre la educación, el arte y la cultura, la cual debe reflejarse en los sistemas y centros educativos, de manera que las escuelas sean reconocidas como centros culturales en donde las múltiples manifestaciones culturales no solo se expresan, sino que también se producen.
Debe, asimismo, asegurar la enseñanza y el aprendizaje de conocimientos acumulados por la humanidad a lo largo de la historia, en distintos campos, incluyendo y valorando la diversidad de saberes y cosmovisiones de los distintos pueblos, desde la perspectiva de una educación popular y descolonizadora.
Discutir los sentidos y retos de una educación emancipadora implica también cuestionar las tendencias reduccionistas, economicistas y homogeneizadoras de los sistemas educativos. Estas tendencias se han instalado de la mano con la aplicación de pruebas estandarizadas para medición del desempeño de estudiantes y docentes, las cuales son frecuentemente definidas e implementadas sin debate público, teniendo como impactos la responsabilización, agobio, punición, o premiación de la comunidad educativa por sus resultados en las pruebas.