El estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe” argumenta cómo la actual arquitectura fiscal global, dominada por intereses concentrados y exenciones a grandes fortunas y corporaciones, impide que los Estados garanticen el derecho a la educación. A pesar de los compromisos internacionales asumidos, la inversión educativa ha retrocedido, con una brecha de financiamiento que alcanza los 97 mil millones de dólares anuales. La transformación estructural del sistema fiscal es indispensable para financiar sosteniblemente la educación pública y equitativa, y garantizar así una verdadera igualdad de oportunidades.
El estudio propone avanzar hacia una justicia fiscal que permita redistribuir la riqueza de forma equitativa, fortalecer los sistemas tributarios progresivos, reducir los beneficios fiscales regresivos y aumentar la capacidad de recaudación subnacional. Existe una oportunidad clave en la Convención Fiscal impulsada por la ONU, que busca incluir a todos los países en la definición de reglas fiscales justas y alineadas con los derechos humanos.
