Este estudio analiza el financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe, partiendo de la premisa de que la disponibilidad de recursos suficientes, estables, oportunos y flexibles es una condición indispensable para garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva, emancipadora y transformadora a lo largo de la vida. En este marco, el informe da continuidad y amplía el trabajo histórico de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el monitoreo de la inversión educativa en la región.
El documento actualiza el último informe regional publicado en 2022, incorporando datos de 2023 y 2024, y ampliando el análisis hacia las restricciones estructurales que condicionan el financiamiento educativo, como el espacio fiscal, la deuda pública y la estructura tributaria. A través de una metodología clara y accesible, se presentan indicadores que permiten evaluar el esfuerzo financiero de los Estados, la disponibilidad de recursos y la equidad en el acceso a la educación, considerando variables como el nivel de ingresos, el género y la educación de personas jóvenes y adultas.
Asimismo, el estudio examina los compromisos asumidos por los Estados en el marco de la Agenda 2030 y los avances —o retrocesos— en las trayectorias de inversión educativa, destacando el estancamiento del financiamiento público, la reducción de la cooperación internacional y la creciente brecha frente a los niveles de inversión de los países de la OCDE. Finalmente, el informe recoge aportes estratégicos de la incidencia regional y global de CLADE, proponiendo caminos para fortalecer la sostenibilidad financiera, la equidad y la eficiencia de la inversión educativa, y se presenta como un llamado urgente a colocar el derecho a la educación en el centro de los presupuestos públicos y de las políticas de desarrollo de la región.