Discriminación, desigualdades y educación. Los procesos de escolarización de los jóvenes en los Centros Educativos de Nivel Secundario de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
24 de junio de 2024Las autoras argentinas Florencia Finnegan y Silvina Kurlat abordan en este artículo de la Revista Argentina de Investigación de la Universidad Pedagógica Nacional, un estudio de investigación cualitativa, la discriminación y las desigualdades dentro del sistema educativo. Especialmente en el contexto de la educación secundaria para personas jóvenes y adultas en los en los Centros Educativos de Nivel Secundario – CENS del conurbano bonaerense.
Las autoras analizan cómo estas desigualdades afectan los procesos de escolarización las personas jóvenes que asisten a estos centros educativos. Destacando que la mayoría provienen de contextos socioeconómicos complejos y que han experimentado diversos tipos de discriminación, lo que ha impactado negativamente en su trayectoria educativa.
El estudio identifica los mecanismos de exclusión y las barreras que enfrentan las personas jóvenes en su inclusión a centros educativos que en algún momento fueron concebidos principalmente para personas adultas trabajadoras. Lo cual incide en nuevas relaciones y formas de concebir estos centros educativos por parte de las y los docentes.
De igual manera se exploran las estrategias de resistencia y adaptación que las personas jóvenes y adultas desarrollan para relacionarse entre sí y hacer parte de un proceso educativo incluyente.
Lee la edición completa del volumen 3, número 6 de la Revista Argentina de Investigación educativa
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CLADE promueve reflexión acerca de alcances y limitaciones del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en escuelas públicas
14 de junio de 2024“Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe” fue el tema que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación- CLADE presentó en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado entre los días 12 y 15 de junio en Bogotá (Colombia).
La participación de la CLADE fue representada por Gabriela Arrunátegui, asesora de Programas del equipo regional, que presentó la investigación “Alcances y Limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: una reflexión desde escuelas públicas primarias de Argentina, Bolivia y Guatemala”.
Sobre la investigación
Realizada por la CLADE en alianza con la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), y el Colectivo por el Derecho a la Educación para Todas y Todos de Guatemala y contando con el respaldo y financiamiento de EDUCO España. La investigación se enfocó en analizar, desde la perspectiva de los territorios escolares, cómo se gestionó el uso de las TIC durante la pandemia con el fin de garantizar la continuidad educativa, así como las limitaciones y posibilidades que encontraron y que siguen encontrando actualmente.
Los hallazgos revelaron diferencias significativas en el acceso y uso de las TIC entre escuelas urbanas y periurbanas, destacando la importancia de la capacitación y el apoyo técnico para maximizar su potencial en la enseñanza. Sin embargo, persisten desafíos en cuanto a la protección de datos y privacidad, así como en la integración efectiva de las TIC en la pedagogía. Se subrayó la necesidad de un enfoque integral que considere aspectos socioeconómicos y culturales para aprovechar plenamente el potencial de las TIC en la educación en América Laina y el Caribe.
Entérate más: Alcances y Limitaciones del uso de las TIC para garantizar el derecho a la educación en América Latina y el Caribe: Una reflexión desde escuelas públicas primarias de Argentina, Bolivia y Guatemala
Hallazgos del estudio:
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Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.
Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.
Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
Lee más:
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021
El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021
Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
Evolución de la inversión en educación en Argentina entre el 2015-2021. Avances, desafíos y propuestas.
2 de febrero de 2024El presente estudio analiza la evolución de la inversión educativa desde el 2005 (año en que se sanciona la Ley de Financiamiento Educativo) hasta el 2021, teniendo en cuenta la información disponible. Además, realiza una serie de propuestas pedagógicas basadas en la concepción de justicia social y educativa con el fin de que permitan achicar las brechas existentes en el cumplimiento del derecho a la educación en Argentina. Por otro lado, introduce un análisis del sistema tributario argentino e intenta, mediante la vinculación entre justicia fiscal y financiamiento educativo, determinar espacios fiscales que permitan incrementar los recursos destinados a la educación para efectivizar el derecho a su acceso.
El estudio intenta evidenciar cómo el incremento en el impuesto a los bienes personales podría generar un aumento relevante en la recaudación que podría destinarse al financiamiento educativo. Del mismo modo, la anualización del impuesto a las grandes fortunas, la revisión de los gastos tributarios y la reducción de la fuerte evasión en el impuesto a las ganancias de sociedades.
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Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”
20 de enero de 2023Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.
Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal
JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?
MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas.
El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos.
JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?
MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo.
Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa
JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?
MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen).
Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.
JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?
MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación.
Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:
- Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
- Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
- Reducción del 20% gastos tributarios.
Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal
La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe se reúnen para discutir sobre los derechos digitales en la región
12 de octubre de 2022
¿Qué derechos individuales y colectivos están siendo vulnerados por este modelo pro-empresarial e inconsulto? ¿Cómo adecuar la acción desde la comunidad y las políticas públicas en el ámbito digital para favorecer las aspiraciones de justicia social de los pueblos? ¿Cómo avanzar hacia tecnologías digitales abiertas, democráticas, equitativas y libres?
Para reflexionar sobre estos y muchos otros interrogantes en el área de los derechos digitales Internet Ciudadana -iniciativa latinoamericano y caribeña- conformada por organizaciones e individuos de distintos ámbitos, entre ellos la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) – se llevará a cabo entre el 13 y el 14 de octubre el encuentro “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”.
Será realizado de manera híbrida (presencialmente/ virtualmente) en Buenos Aires, Argentina, el encuentro tendrá como núcleo el análisis y el intercambio de propuestas de acción colectiva entre la comunidad y los Estados para recuperar el sentido democratizador de la tecnología digital.
Participación de la CLADE: movimientos sociales, educación y derechos digitales
Nelsy Lizarazo, participará del panel “Los movimientos sociales ante la era digital en el segundo día del encuentro (14/10)”, que también contará con la presencia de Leandro Monk (Facttic, Argentina); Perla Álvarez (Paraguay, CLOC-La Vía Campesina), Jordania Ureña (República Dominicana, Sec. Políticas Sociales CSA); Pablo Antonini (Argentina, FARCO ); Cecilia Ortmann (Argentina, Universidad de Buenos Aires) y la mediación de Carolina Osorio, de la CLADE.
“La comprensión de lo que significa, de lo que implica en términos de oportunidades, riesgos y amenazas la corporativización de las tecnologías digitales tan presentes en nuestras vidas es una tarea fundamental para efectivamente lograr las democracias reales”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
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