Los desastres ambientales causados por fenómenos climáticos extremos, muchos de los cuales están relacionados con la intervención humana, están haciendo que el planeta sea un lugar cada vez más difícil de habitar. Aunque algunos Estados están
tomando medidas para enfrentarlos, aún queda mucho por hacer.
La situación en América Latina y el Caribe es preocupante. Se estima que 169 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por al menos dos riesgos climáticos y ambientales, mientras que 47 millones de niños y niñas (o uno en cada cuatro) viven en áreas afectadas por al menos cuatro eventos climáticos extremos.
El impacto que tienen las catástrofes ambientales en los sistemas educativos también es profundamente significativo. Según datos de UNICEF, cada año 40 millones de niños y niñas se ven privados de asistir a clases, ya sea por el cierre temporal de las escuelas, la destrucción de centros educativos o la deserción escolar. Los eventos climáticos extremos no solo interrumpen la educación, sino que también agravan los desafíos existentes, como la pobreza, la inseguridad alimentaría, el acceso a servicios de salud y a mecanismos de protección. Además tienden a aumentar la incidencia de enfermedades, problemas de salud mental, expansión de conflictos comunitarios, armados, actividades ilícitas y violencia de género. Las infancias son particularmente vulnerables a estas dificultades, lo que subraya la importancia de abordar estos retos de manera integral.
La educación transformadora es esencial para abordar el cambio climático y preservar la vida en el planeta, integrando enfoques de derechos humanos intersectoriales e interseccionales que fomenten la equidad. Esto implica que la justicia climática debe ser un eje central, asegurando que los beneficios y las cargas del cambio climático se distribuyan equitativamente, responsabilizando a los países que han emitido más carbono de apoyar a aquellos que necesitan adaptarse y desarrollarse con tecnologías sostenibles.
Además, es fundamental que las poblaciones más vulnerables participen en la toma de decisiones ambientales de manera equitativa, reconociendo que el cambio climático impacta los derechos humanos básicos.
Es urgente repensar los propósitos y la implementación de la educación en América Latina y el Caribe, garantizando infraestructuras educativas seguras, saludables y resilientes. Desde la CLADE, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia climática y socioambiental, instando a los Estados a adoptar políticas públicas que integren enfoques climáticos y socioambientales en los sistemas educativos. Esto incluye promover una educación que no solo aborde los desafíos del cambio climático, sino que también ofrezca oportunidades a las comunidades más vulnerables en la toma de decisiones, asegurando que sus voces sean escuchadas en la construcción de un futuro sostenible.
Elementos fundamentales para la garantía de la justicia ambiental desde la educación: