Justicia climática y Derecho Humano a la Educación

Los desastres ambientales causados por fenómenos climáticos extremos, muchos de los cuales están  relacionados con la intervención humana, están haciendo que el planeta sea un lugar cada vez más difícil de habitar. Aunque algunos Estados están
tomando medidas para enfrentarlos, aún queda mucho por hacer.

La situación en América Latina y el Caribe es preocupante. Se estima que 169 millones de niños y niñas viven en zonas afectadas por al menos dos riesgos climáticos y ambientales, mientras que 47 millones de niños y niñas (o uno en cada cuatro) viven en áreas afectadas por al menos cuatro eventos climáticos extremos.

El impacto que tienen las catástrofes ambientales en los sistemas educativos también es profundamente significativo. Según datos de UNICEF, cada año 40 millones de niños y niñas se ven privados de asistir a clases, ya sea por el cierre temporal de las escuelas, la destrucción de centros educativos o la deserción escolar. Los eventos climáticos extremos no solo interrumpen la educación, sino que también agravan los desafíos existentes, como la pobreza, la inseguridad alimentaría, el acceso a servicios de salud y a mecanismos de protección. Además tienden a aumentar la incidencia de enfermedades, problemas de salud mental, expansión de conflictos comunitarios, armados, actividades ilícitas y violencia de género. Las infancias son particularmente vulnerables a estas dificultades, lo que subraya la importancia de abordar estos retos de manera integral.

El rol transformador de la educación para la justicia climática

La educación transformadora es esencial para abordar el cambio climático y preservar la vida en el planeta, integrando enfoques de derechos humanos intersectoriales e interseccionales que fomenten la equidad. Esto implica que la justicia climática debe ser un eje central, asegurando que los beneficios y las cargas del cambio climático se distribuyan equitativamente, responsabilizando a los países que han emitido más carbono de apoyar a aquellos que necesitan adaptarse y desarrollarse con tecnologías sostenibles.
Además, es fundamental que las poblaciones más vulnerables participen en la toma de decisiones ambientales de manera equitativa, reconociendo que el cambio climático impacta los derechos humanos básicos.

Es urgente repensar los propósitos y la implementación de la educación en América Latina y el Caribe, garantizando infraestructuras educativas seguras, saludables y resilientes. Desde la CLADE, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia climática y socioambiental, instando a los Estados a adoptar políticas públicas que integren enfoques climáticos y socioambientales en los sistemas educativos. Esto incluye promover una educación que no solo aborde los desafíos del cambio climático, sino que también ofrezca oportunidades a las comunidades más vulnerables en la toma de decisiones, asegurando que sus voces sean escuchadas en la construcción de un futuro sostenible. 

Elementos fundamentales para la garantía de la justicia ambiental desde la educación: 

  • Promover una educación ambiental y climática inclusiva y transformadora
    Impulsar programas educativos que pongan el énfasis en la dignidad de las personas, fomenten la conciencia ambiental y la justicia climática. Estos programas deben contribuir a la modificación de patrones de consumo y alienten el cuidado del medio ambiente, proporcionando a las personas estudiantes habilidades necesarias a través del pensamiento crítico, la resolución de conflictos y la innovación en sostenibilidad.
  • Proteger y garantizar el derecho a la educación 
    Desarrollar estrategias para prevenir la interrupción educativa en contextos de crisis climáticas, asegurando la continuidad de la trayectoria escolar especialmente en zonas vulnerables.
  • Investigar y generar conocimiento
    Implementar iniciativas de justicia climática y apoyar programas innovadores que preparen a los estudiantes para hacer frente a los retos actuales y futuros, además de promover la investigación y el conocimiento en torno a tecnologías limpias y prácticas sostenibles, preparando a los estudiantes para contribuir a la innovación en el ámbito ambiental.
  • Consolidar instituciones educativas sostenibles
    Promover políticas para que las instituciones educativas adopten prácticas sostenibles en infraestructura, uso de materiales y manejo de recursos naturales, adoptando prácticas sostenibles desde sus propias comunidades y sirviendo como modelos de sostenibilidad.
  • Brindar formación y apoyo al personal docente
    Priorizar la formación del personal educativo, considerando la importancia de su rol como agentes de cambio en sus comunidades, impulsando el desarrollo de programas que fomenten la conciencia ambiental y el respeto por los derechos humanos y la justicia climática.
  • Incorporar un enfoque integral e intersectorial
    Ampliar el alcance de la educación ambiental y climática más allá de la docencia, incluyendo la gestión escolar y la formulación de políticas públicas, y promoviendo una colaboración estrecha entre el sector educativo y otros sectores.
  • Promover y garantizar una participación comunitaria
    Fomentar la inclusión de mecanismos de diálogo que aseguren la participación activa de las comunidades educativas en la toma de decisiones sobre su entorno, asegurando que las voces de los más afectados -incluyendo niñas y niños- por el cambio climático sean escuchadas y consideradas.
  • Hacer de la justicia climática un tema transversal
    Garantizar que la justicia climática esté integrada en todos los niveles dentro de los programas educativos para integrar temas relacionados con el cambio climático y la justicia ambiental, garantizando que todos los estudiantes comprendan conceptos clave sobre estas temáticas, desde la primera infancia hasta la educación de adultos y la educación terciaria y a lo largo de la vida.
  • Reconocer e incorporar los saberes tradicionales
    Impulsar la integración en las políticas y estructuras educativas las prácticas de preservación ambiental que incluyan la cosmovisión de pueblos y comunidades indígenas, promoviendo una relación más armónica y horizontal con la naturaleza.
  • Replantear modelos de desarrollo
    Impulsar una reflexión crítica sobre los modelos de desarrollo actuales,
    promoviendo alternativas sostenibles y equitativas que reconsidere la explotación de la naturaleza y el uso de los recursos naturales.
  • Invertir en educación ambiental y climática
    Ampliar la asignación de recursos para adaptar infraestructuras escolares, implementar iniciativas de justicia climática en el sector educativo y apoyar programas innovadores de educación transformadora para la justicia socioambiental.
  • Salvaguardar y ofrecer educación socioemocional
    Fomentar el desarrollo de programas educativos que ayuden a los y las estudiantes a gestionar la ansiedad climática y desarrollar resiliencia emocional frente a los desafíos ambientales. Las escuelas deben ser espacios de apoyo donde la niñez pueda comprender y procesar las implicaciones del cambio climático, fortaleciendo su capacidad de adaptarse a un futuro incierto.

 

 

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