La educación para la paz y la no violencia activa ha estado históricamente vinculada a la búsqueda de soluciones estructurales a los conflictos, ya fueran sociales, políticos, militares o incluso interpersonales. Detrás de muchos de estos conflictos persisten desacuerdos geopolíticos, pero en la mayoría de los casos, la guerra también se ve avivada por el racismo, la intolerancia y muchas otras formas violentas y sutiles de discriminación.
La educación debe contribuir significativamente a la paz y la no violencia activa, como medio para construir valores, conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos para vivir en armonía personalmente, con las demás personas y el ambiente. Sin embargo, la educación, por sí misma, no se concibe necesariamente como un instrumento para el cambio. Al contrario, podría ser más bien un precursor de la desigualdad y la violencia, si sus objetivos no promueven los valores y conocimientos necesarios para vivir en paz.
La relación paz-derechos humanos es, por tanto, crucial para alcanzar los objetivos deseados, de modo que las estrategias de incidencia política de la sociedad civil sigan siempre el principio de que no tenemos derecho a cualquier educación, sino a una que promueva la dignidad humana y el desarrollo pacífico, en el marco del pleno cumplimiento de los derechos humanos como forma de vida.
Desde la CLADE proponemos:
A fin de emprender una pedagogía transformadora para la consolidación de la paz y la no violencia activa, debe redefinirse el papel de los y las docentes, quienes necesitan la disposición, los conocimientos, las habilidades y el compromiso necesarios para implicar al estudiantado en un pensamiento y unas prácticas críticas y creativas. Los y las docentes deben convertirse en entendedores de las fronteras étnicas, religiosas, de género y de clase social, que comprendan el impacto de sus identidades étnicas y la comunidad educativa en sus prácticas e interacciones dentro y fuera del aula.
La construcción de capacidades es entonces crucial para todos los actores de la educación y ello requiere, por un lado, una financiación adecuada y sostenible y, por otro, la sensibilidad estatal y la decisión política de adoptar y poner en práctica políticas públicas transformadoras, que abarquen todo el sistema educativo y más allá.
La educación para la paz y la no violencia activa es un llamado a la construcción de ambientes de igualdad, respeto y armonía, no a la docilidad ni la sumisión. Paradójicamente, esto requiere la formación de culturas y pedagogías de resistencia a la violencia, la explotación y el odio. Las pedagogías de la resistencia son prácticas necesarias para crear condiciones de horizontalidad en la toma de decisiones y, por tanto, requieren la construcción de una ética de la igualdad que incluya una fuerte visión de género así como una sensibilidad para la interacción con todos los grupos de edad, étnicos y religiosos.
La resistencia exige contrarrestar e incluso denunciar los mecanismos de dominación social que inducen o producen la violencia. Esto implica que las culturas de paz y no violencia deben entenderse como espacios de desarrollo activo de propuestas constructivas para la convivencia pacífica y el cambio positivo, no como espacios de pasividad. Los sistemas educativos deben convertirse en un espacio de diálogo a todos los niveles, incluyendo el diálogo intergeneracional.
