Rose Mary Hernández Román
Dra. en Ciencias de la Educación. Docente de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. lnvestigadora y editora del Otras Voces en Educación.
La situación de precarización laboral docente pone en riesgo la continuidad educativa en los centros y unidades educativas a nivel nacional. Se han convocado fuertes movilizaciones desde enero de 2023, demandando un ajuste salarial y mejoras en las condiciones laborales de quienes sostienen el sistema educativo, docentes, personal administrativo y obrero.
“El que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas”
Rosa Luxemburgo
El inicio de un año siempre está cargado de buenas expectativas, planes y proyectos que cada persona, desde su imaginario, intenciones y posibilidades va trazando en un plano personal y/o familiar. Sin embargo, este 2023 para Venezuela no ha pintado de la mejor manera, por el contrario, ha despegado como pocas personas pensaron sucedería por la pasividad con la cual se ha enfrentado situaciones adversas.
En esta oportunidad, las y los trabajadores de la educación no retornaron a sus labores en las instituciones públicas e incluso, las unidades educativas semiprivadas con subsidio por parte del Estado tampoco dieron entrada al segundo lapso escolar del año 2022-2023. Todo esto debido al quiebre emocional y la precariedad salarial que les ha acompañado en la última década de este siglo, lo cual se ha sentido mucho más fuerte al menos en los últimos cinco años que han transcurrido.
Un Magisterio cansado de humillaciones, así como de soportar aplicación de políticas regresivas con un alto impacto negativo, como es el caso del Memorándum Oficial N° 2792 emanado del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, en fecha del 11 de octubre de 2018, donde de forma flagrante y violatoria pisotea a la clase trabajadora, autorizando entre otros asuntos, el desconocimiento de derechos contractuales y salariales según criterio del patrono, así como ignorar los factores de cálculo en beneficios económicos contemplados en las convenciones colectivas, entre otros lineamientos que han representado una verdadera contrarreforma y retroceso en los derechos de la clase obrera venezolana por parte de un gobierno que refleja autoritarismo donde amablemente participan el sector empresarial.
Una visión más clara de cómo la aplicación de este memorándum burla de forma grotesca a las y los trabajadores de educación es el hecho de que, en abril de 2018 se había firmado la II Convención Colectiva del Ministerio de Educación que contemplaba un tabulador de pago iniciado a partir de cinco salarios mínimos. Mientras que, para el sector universitario en el mes de agosto de 2018, a partir de la firma de un acta junto a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), se acordó un monto de 4.75 salarios como punto de arranque. No obstante, la imposición ilegal de este oficio desechó de forma arbitraria ambos acuerdos y estableció que los tabuladores de remuneración iniciarían en un salario mínimo.
“Actualmente, nos encontramos frente a un salario mensual docente que no supera los 40 dólares, siendo el de mayor categoría, es decir, más de 20 años de servicio. En el caso del personal docente universitario, se estima entre 30 y 40 dólares, y con peor situación, están el sector obrero de unidades educativas, quienes perciben siete dólares mensuales de pago. Según datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA): “en enero del 2023 una familia de cinco personas necesitaba 53 salarios mínimos para la canasta básica.”
Otro singular caso refiere a la aplicación del instructivo ONAPRE, una norma creada por la Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Dicho documento aparece en medio de un aumento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro, el cual se correspondía con un incremento de 1800% sobre el anterior salario mínimo y, que corría a partir del 15 de marzo de 2022, según Gaceta Oficial N. 6.691. No obstante, desde la ONAPRE, muy a pesar que estas instrucciones no circula en gaceta oficial, se procedió a poner en práctica una medida con la cual han quedado aplanadas las inter-escalas del tabulador salarial, eliminando y/o desmejorando al mismo tiempo primas como años de servicios, nivel académico, ubicación geográfica, entre otros beneficios de toda la administración pública nacional a la cual pertenecen el sector de trabajadores/as y empleados/as de ambos ministerios de educación (general y universitaria).
Desde que se dieron estos actos inválidos por parte no sólo del patrono, sino de otros actores responsables de ministerios afines a lo laboral, el gremio docente organizado no ha dejado de reclamar ante las instancias correspondientes los atropellos, incluso, ha trascendido al Tribunal Supremo de Justicia sin lograr alcanzar una desaplicación de tales decisiones de las cuales son víctimas sin amparo muy a pesar de ser el débil jurídico en este caso.
Se han acumulado todos estos desplantes, vacilación e irresponsabilidad de sindicatos y federaciones, la postergación de la nueva firma de la III Convención Colectiva Única desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, misma que se encuentra vencida desde el año 2020, sumado a una deuda a los docentes del sector de 280% de incremento salarial arrastrada desde el año 2018, lo intermitente y poco balanceado del programa de alimentación escolar, la baja asignación presupuestaria para becas estudiantiles universitarias, el costo de los pasajes en transporte público, la diaria devaluación de la moneda nacional ante el dólar, el alto costo de las medicinas, el no tener seguro de salud de hospitalización, cirugía y maternidad para acudir en casos de emergencia, son un mapeo de demandas que atraviesan de igual manera a los trabajadores y docentes universitarios (activos y jubilados), y al mismo tiempo, son parte de las razones por las cuales se han tomado las calles y se suspenden las clases en las escuelas y liceos del país, a excepción de algunas de carácter privado sin subvención del Estado.
Actualmente, nos encontramos frente a un salario mensual docente que no supera los 40 dólares, siendo el de mayor categoría, es decir, más de 20 años de servicio. En el caso de personal docente universitario, se estima entre 30 y 40 dólares, y con peor situación, están el sector obrero de unidades educativas, quienes perciben siete dólares mensuales de pago. Según datos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA): “en enero del 2023 una familia de cinco personas necesitaba 53 salarios mínimos para la canasta básica”.
Este caos de atención ha diseminado protestas continuas en todo el territorio desde el mes de enero. En un día se han logrado pronunciamientos en 161 municipios y 23 estados a nivel nacional. La concentración del 23 de enero en la capital, Caracas, ha superado las 6 mil personas, siendo una convocatoria similar en otros puntos del país con fuerte acompañamiento y agitación social, como en Calabozo con 3 mil personas convocadas e incuantificables en la ciudad de Cumaná.
Se estima que, la nómina a nivel nacional es de 487 mil docentes, sin precisar el personal administrativo y de sector obrero. Además, se ha incorporado parte significativa del sector universitario y salud. Lo inédito ha resultado en que se aunaron padres, madres y representantes de familias, quienes mantienen una postura firme de sumarse al paro hasta que no sea resuelva la situación de las mejoras salariales y laborales, así como enfrentar el ejercicio docente de personas no calificadas ante esta coyuntura.
Un paliativo implementado por el gobierno ha sido el llamado “bonos de guerra económica”, siendo cuestionado al tener una cobertura limitada, es decir, pareciera tratarse de una asignación aleatoria porque no tiene incidencia alguna en cálculos de bonificaciones y de prestaciones, ni distribución equitativa en el personal.
El gobierno justifica esta medida, como mecanismos de enfrentamiento a la política neoliberal basada en las sanciones que se reciben por parte del gobierno de Estados Unidos con apoyo de países europeos. Sin embargo, es censurable y contradictoria la vida de opulencia que muestran quienes están en cargos de alta responsabilidad política, con gastos prolijos, tiendas de bienes importados y la apertura de locales nocturnos.
“El 94% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, alarmando un 76,6% en situación de miseria. Datos que se agravan con una situación crítica y alarmante de desmejora salarial, y con ninguna probabilidad a variar en una tendencia a corto plazo. Refleja poca seriedad la proyección que realizan economistas y vocerías gubernamentales que informan al cierre del año fiscal una mejora económica, mientras los salarios cada vez son más deprimentes.”
Recientemente, el gobierno nacional ha condonado la deuda de 70 millones de dólares a San Vicente y las Granadinas, muy a pesar de que tienen un Producto Interno Bruto (PIB) superior al de Venezuela. También ha traído cuestionamientos la construcción del moderno Estadio Monumental de Caracas, con una capacidad para recibir a 38 mil espectadores/as sentados/as, otros 2 mil de pie en el jardín central, incluyendo sección con jacuzzi, se considera el segundo más grande de América Latina cuyo costo ha de representar una cifra muy alta para el país.
Según los estudios realizados durante el 2021, tanto de la Universidad Católica Andrés Bello, como de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, en Venezuela, el 94% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza, alarmando un 76,6% en situación de miseria. Datos que se agravan con una situación crítica y alarmante de desmejora salarial, y con ninguna probabilidad a variar en una tendencia a corto plazo. Refleja poca seriedad la proyección que realizan economistas y vocerías gubernamentales que informan al cierre del año fiscal una mejora económica, mientras los salarios cada vez son más deprimentes.
