Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas, fecha para recordar la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación de las refugiadas y los refugiados a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia, hasta la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA).
En el mundo, existen 7,1 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar obligatoria, que están en situación de refugio. Más de la mitad de estas personas, 3,7 millones, no asisten a la escuela, de acuerdo con el informe “Reforzando la Educación de los Refugiados en Tiempos de Crisis”, presentado por la Agencia de la ONU para las Refugiadas y los Refugiados (ACNUR) en el 2019. Pero, más allá de las personas refugiadas en edad escolar obligatoria, con énfasis en primaria y secundaria, muchas y muchos se encuentran también sin acceso a la educación y al cuidado en la primera infancia y a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), etapa y modalidad educativa históricamente menos financiadas y priorizadas por los Estados.
¿Qué es ser refugiada o refugiado?
Según el artículo 1A de la Convención relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas, es una persona que se encuentra fuera del país de donde es originaria, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver.
Ante la crisis por el COVID-19, es grande el número de personas en situación de refugio en el mundo que tienen que interrumpir su escolarización por las medidas preventivas contra la pandemia, muchas y muchos de ellas y ellos con fuertes riesgos de no volver a las aulas, luego termine la situación de emergencia.
Para tales personas, la negación de su derecho y acceso a la educación representa también la reducción de oportunidades a alcanzar dignidad y el respeto y realización de sus derechos humanos. El cierre de las escuelas, a su vez, tiene consecuencias directas también en la alimentación, seguridad y acceso al agua potable para niñas, niños y adolescentes, servicios que ya eran precarios para ellas y ellos, incluso antes del brote de la enfermedad.
Además, las personas que se encuentran en desplazamiento y refugio suelen tener menos acceso a los servicios de prevención, pruebas, tratamiento y otros apoyos esenciales en tiempos de pandemia. La crisis sanitaria no solo genera impactos económicos graves, que afectan mayormente a las familias y personas de menos ingresos, sino que también profundiza casos de abandono, maltrato, situaciones de violencia de género y matrimonios infantiles, de los cuales muchas veces son víctimas las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes y adultas en situación de refugio, que viven contextos de mayor vulnerabilidad.
Las medidas de distanciamiento social y la falta de herramientas digitales también dificultan el acceso a la educación de estas personas. De acuerdo a dicho informe de ACNUR, solo el 63% de las niñas y los niños en situación de refugio van a la escuela primaria, en comparación con el 91% de la niñez a nivel mundial. En todo el mundo, el 84% de adolescentes reciben educación secundaria, mientras que solo el 24% de adolescentes en refugio tienen esta oportunidad.
“Ir a la escuela ya era un reto diario o imposible para muchos niños desplazados en todo el mundo. Menos de la mitad de todos los niños refugiados en edad escolar estaban matriculados, y esa cifra se reducía a 1 de cada 4 en la enseñanza secundaria. Ahora es probable que aumente el número de niños desplazados que no asistan a la escuela durante un período prolongado, y puede [ser] que algunos no regresen nunca”, afirman en declaración conjunta Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF, y Filippo Grandi, Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados.
ESF: “Se necesita repensar el concepto de ciudadanía universal, así como valorar la solidaridad y la unión”
La red Espacio Sin Fronteras (ESF), miembro de la CLADE, publicó una nota en la que hace un llamado a la comunidad internacional por la creación de medidas de protección y atención humanitaria para las personas migrantes y refugiadas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en el contexto de crisis sanitaria. Especialmente, porque suelen encontrarse en contextos de calle, alojamientos hacinados y trabajos informales, sin asistencia, ni protección social.
La red afirma también que la actual crisis promueve discursos y acciones de xenofobia y discriminación, que se desprenden junto a la inminente restricción de fronteras. En este contexto, subraya la necesidad de repensar el concepto de ciudadanía universal, así como de valorar la solidaridad y la unión.
“Nos preocupa especialmente la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular, quienes por miedo a la detención frente a las políticas restrictivas dudan en buscar los servicios de salud y dependen del trabajo diario para sobrevivir”, afirma ESF.
Según la red regional, es necesario realizar medidas que garanticen el abastecimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y la protección especial para las personas mayores y con discapacidades. Actualmente, el aumento en la llegada de gente que busca asilarse en los lugares escogidos como destino en la región de América Latina y el Caribe, convive con la incertidumbre en torno al virus que está causando un pánico colectivo y deja a estas personas a merced de maniobras políticas y gobiernos que los transforman en chivos expiatorios.
“Exigimos responsabilidad política por parte de los Estados acogedores para asegurar la salud integral de todos los seres humanos sin importar género, color, raza ni origen nacional. La única manera de salir de esta crisis sanitaria es incluyendo a las personas migrantes y refugiadas en la atención y, por tanto, en la solución”, destaca la nota.
