En la madrugada del 28 de junio de 1969, fue iniciada una protesta en Nueva York que duró seis días, la cual quedó conocida como “Disturbios de Stonewall”. En aquella ocasión, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la comunidad LGBTI [Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales] luchó contra un sistema que perseguía a las personas homosexuales, con el beneplácito del gobierno. Desde entonces, el evento ocurrido en el bar gay de nombre “Stonewall Inn”, se considera un marco del movimiento de liberación LGBTI, a partir del cual el activismo por los derechos de esta comunidad ganó repercusión en el debate público y las calles.
Hoy, 50 años después que travestis, lesbianas y gays protestaron por primera vez en contra de la violencia y opresión que sufrían, la población LGBTI de América Latina y el Caribe conmemora el día con orgullo y algunos avances: la descriminalización de las personas LGBTI, el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que las travestis y personas transexuales no poseen trastornos mentales o comportamentales, la legalización de la unión LGBTI en algunos países, y la criminalización de la homofobia en Brasil, entre otros.
Sin embargo, todavía hay muchos desafíos para la conquista plena de igualdad de derechos. Brasil y México, respectivamente, son los países de la región que más matan personas LGBTI, y en ellos la lucha es por la vida. En lo que se refiere al campo educativo, el avance de grupos ultraconservadores en la región, se ha caracterizado por la acción de movimientos que defienden la prohibición del abordaje de temas relacionados a la educación sexual integral en los centros educativos, tales como la orientación sexual, la igualdad de género y la identidad de género.
En el marco de la conmemoración de los 50 años de Stonewall, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) destaca la importancia de abordar estos temas en los programas pedagógicos, los currículos, los materiales educativos y las políticas públicas, para que los centros educativos sean espacios pacíficos y seguros, donde se realicen y promuevan los derechos humanos de todas las personas.
La orientación sexual y la identidad de género integran aspectos esenciales de la vida de una persona y los marcos de los derechos humanos consagran su protección, así como el deber de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTI y de velar para que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad.
A pesar de estos desarrollos, en nuestras sociedades la diversidad sexual se presenta todavía como motivo de exclusión, marginalización, violencia y persecución, debido a la persistencia de construcciones sociales, culturales e ideológicas que alimentan estereotipos y prejuicios negativos contra las personas LGBTI. Es así que muchas de ellas experimentan graves limitaciones, restricciones o exclusiones en el goce de sus derechos, entre otros, el derecho a la libertad, a la igualdad, a la integridad, a la personalidad, a la salud, el derecho a la educación, los derechos de reunión y de expresión.
Festival “¡Luces, cámara y educación!”
Para sensibilizar a las autoridades, tomadoras y tomadores de decisiones, así como a estudiantes, docentes y la ciudadanía en general, sobre la importancia de garantizarse plenamente el derecho a la educación de las personas LGBTI y de promover los centros educativos como espacios de realización de todos los derechos humanos, fueron realizadas dos ediciones del festival audiovisual “¡Luces, cámara y educación!”.
>> Ingresa para conocer la iniciativa y mirar los videos que fueron postulados al festival
5 puntos claves para la superación de la violencia de género en la educación
Compartimos cinco pasos fundamentales que los Estados, centros educativos y sociedad en general deben adoptar para promover un mundo sin violencia y con equidad e igualdad de género.
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Fin de la violencia en la escuela: una guía para las y los docentes
En el documento “Poner fin a la violencia en la escuela” (2009), la UNESCO propone 10 medidas dirigidas a las y los docentes y a la comunidad en general, para el enfrentamiento y la prevención de la violencia en los centros educativos.
