¿Cuáles son las formas de alianza y colaboración necesarias para alcanzar el derecho a la educación? ¿Cuáles son las barreras para esta lucha común? ¿Cómo podemos articular mejor la incidencia de la sociedad civil en nivel nacional, regional y global?
En base a estas y otras preguntas, la Campaña Mundial por la Educación (CME) realizó el 12 de julio el evento “Movimientos locales y globales para avanzar el derecho a la educación”.
Este encuentro internacional tuvo lugar en Nueva York, EUA, paralelamente al Foro Político de Alto Nivel de la ONU, que enfocó la revisión del Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS 4), referido a la educación.
Las desigualdades y discriminaciones; las brechas de inclusión con calidad; la desfinanciación de la educación pública, mientras crece el gasto militar en muchos países; la ascensión de la privatización educativa; conflictos y emergencias y el derecho a la educación de personas refugiadas y migrantes; la criminalización de la protesta social; la precarización de la profesión docente; el ataque al pensamiento crítico y a la igualdad de género, fueron algunos de los desafíos para la realización del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, señalados por miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que participaron en el evento.
En la apertura del encuentro, Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y vicepresidenta de la CME, celebró la ocasión como oportunidad para dar a conocer e intercambiar los esfuerzos de la sociedad civil en el monitoreo y presión para hacer que se cumpla el derecho a la educación en más de 100 países. “Queremos agradecer el trabajo de las organizaciones que integran la Campaña Mundial, en la elaboración de informes que analizan los diferentes componentes desarrollados en el ODS 4, especialmente: inclusión, equidad, calidad de aprendizajes y educación a lo largo de la vida”, señaló.
Panel “Informes alternativos de la sociedad civil sobre el derecho a la educación en las Revisiones Nacionales voluntarias”
En esta sesión del encuentro, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, compartió la metodología y algunos de los hallazgos preliminares de un informe regional que la Campaña está elaborando – en diálogo con sus miembros en 16 países – sobre el estado del ODS 4 en América Latina y el Caribe.
“En la elaboración de nuestro informe regional, buscamos hacer un puente entre el seguimiento al ODS 4 en ámbito nacional, regional y mundial, y el seguimiento que hacen los comités de Derechos Humanos de la ONU, respecto a la situación de los Estados miembros”, afirmó Camilla Croso.
Destacó también que la región vive un contexto de fragilidad de las democracias, a ejemplo de los golpes institucionales que tuvieron lugar en Honduras, Paraguay, y más recientemente en Brasil.
“Tenemos un contexto de regreso para los derechos humanos y las democracias en América Latina y el Caribe y también en ámbito mundial, así como para el multilateralismo. La permanencia y escalada de conflictos y crisis humanitarias en países como Colombia es otro desafío”, afirmó.
Apuntó como otros obstáculos para el derecho a la educación en la región: el debilitamiento y desfinanciación de sistemas públicos, mientras avanza la privatización educativa; las políticas de ajuste fiscal y austeridad económica que recortan el gasto público en políticas sociales, como la educativa; el desmonte y la censura al libre pensamiento en las universidades públicas; cambios curriculares que plantean una mirada reduccionista de la educación y se impulsan desde la aplicación en larga escala de pruebas estandarizadas; la militarización de la educación; y el ataque a las humanidades y al debate crítico y plural en las escuelas y universidades.
“Corrientes fundamentalistas y conservadoras hoy atacan a las y los docentes, a la libertad de cátedra, e impiden que se avance en la igualdad de género en la educación en diferentes países”, añadió.
En seguida, Magally Ávila, representante del Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, compartió datos del informe luz nacional, que se ha elaborado para incidir en la revisión del Estado chileno respecto al cumplimiento del ODS 4.
En el documento, se destacan como barreras para la realización del derecho humano a la educación: la criminalización de estudiantes y docentes que se movilizan para defender sus derechos; la persecución a estudiantes y al pensamiento crítico en las escuelas, con la ley “Aula Segura”; y los aportes financieros del Estado a colegios privados, en detrimento del derecho a la educación pública y gratuita.
“Son otros desafíos: el proyecto “Admisión Justa” y sus impactos negativos en términos de segregación y profundización de desigualdades entre estudiantes y centros educativos; y los cambios recientes en los currículos de secundaria, que sacan Filosofía, Historia, Educación Física y Artes de las disciplinas obligatorias, mientras se mantiene la enseñanza de Religión. Otro reto es la ausencia de políticas de educación sexual integral”, afirmó Magally Ávila.
En el cierre del evento, Madeleine Zúñiga, llamó la atención para la necesidad de hacer cumplir la meta 4.7 del ODS 4, que desde su punto de vista, debe interpretarse como la obligación de los Estados en garantizar una educación liberadora y transformadora, inclusiva en su sentido amplio, no discriminatoria, para la cultura de paz y la igualdad de género. “La educación transforma vidas, pues pongamos no solo atención a las cifras, pero más aún a donde queremos llevar el mundo, a un mundo de paz, que se construye con la actitud de cada uno de nosotros y nosotras”, concluyó.
Panel “Campañas de seguimiento social al derecho a la educación”
Daniel Cara, de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), integró esta mesa, donde destacó que Brasil es un país complejo, desigual y que vive actualmente una grave crisis económica, política y económica, debido a los retrocesos para los derechos humanos que impulsa el gobierno nacional. “Tenemos 1,5 millón de niñas y niños sin acceso a guarderías, 500 mil personas de 6 a 14 años de edad, y otras 500 mil con entre 15 y 17 años, sin acceso a la escuela. Así mismo, hay 12 millones de analfabetas/os. Las personas que quedan fuera del sistema educativo son indígenas, afrodescendientes, personas en situación de pobreza y discapacidad”, afirmó.
“No apenas presentamos la situación de retrocesos, sino que también planteamos propuestas para una educación de calidad y con financiamiento educativo adecuado”, concluyó Cara.
