Ayer se inició la revisión del Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS 4), referido a la educación, en Naciones Unidas, en el marco del Foro Político de Alto Nivel, que tiene lugar hasta el 18 de julio en Nueva York, EUA.
Fueron tres horas de debates dedicados a mirar la situación del derecho a la educación a nivel mundial con la participación de representantes de diversos países, así como de diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI); pueblos indígenas; niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y personas con discapacidad.
“La diversidad de representantes de sociedad civil e intervenciones enfatizó una perspectiva intersectorial de la educación, lo que representa un avance fundamental respecto a los debates sobre la Agenda 2030 que tuvieron lugar en años anteriores”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), que acompaña el evento en Nueva York.
También se destacó en este primer panel sobre el ODS 4, la participación de la vicepresidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), Madeleine Zúñiga. En su intervención, señaló que “la educación es un poderoso instrumento para transformar vidas y, por ende, transformar el mundo, pero no cualquier educación, sino aquella que es instrumento de desarrollo sostenible, justicia social, sociedades auténticamente democráticas, la ciudadanía global, la cultura de paz que el mundo entero requiere”.
Zúñiga enfatizó que una educación de calidad debe estar centrada en las personas y su dignidad, asumiendo las múltiples dimensiones de la diversidad para diseñar modelos y estrategias pertinentes a las características de las diferentes sociedades. Para ello, añadió que es fundamental garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida; una formación sólida al magisterio, en el marco de los derechos humanos y la atención educativa integral y mutisectorial; así como mayor y mejor inversión en la educación pública.
“Eso, a su vez, implica una mejora sustantiva de las normas fiscales y una férrea voluntad política para luchar contra la evasión y elusión de impuestos; para lograr la justicia fiscal ausente en el mundo, así como la creciente privatización de la educación, proceso no regulado que está permitiendo que empresas nacionales e internacionales encuentren en la educación, en todo nivel, una excelente y fácil fuente de enriquecimiento. Las escuelas privadas de bajo costo y baja calidad, con docentes mal pagados, no solo atentan contra el derecho a la educación, sino que profundizan las desigualdades en las sociedades que asumen”, afirmó.
