“El fracaso anterior en la construcción de sistemas educativos fuertes y resistentes y en la lucha contra las desigualdades arraigadas ha abierto la puerta a un impacto dramático en los y las más vulnerables y marginados/as, a lo que ninguna medida temporal adoptada a toda prisa podría haber respondido completamente”, afirma la relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Koumbou Boly Barry, en su informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities” (Impacto de la crisis de COVID-19 en el derecho a la educación; preocupaciones, desafíos y oportunidades).
En este informe, la relatora especial analiza los temas que considera más urgentes desde una perspectiva de derechos humanos. “Actuar dentro de un marco de derechos humanos es crucial para garantizar que las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no pongan en peligro el derecho a la educación y no aumenten el sufrimiento de los y las más marginados/as”, afirma.
Boly Barry también presenta en su informe una serie de recomendaciones para mitigar los impactos de la pandemia en la educación. En particular, se debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar, en cada contexto local, la dinámica que condujo a una mayor discriminación en el disfrute del derecho a la educación durante la crisis. Se debe incluir un análisis de las crecientes desigualdades debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia; una investigación sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros detrás de los sistemas educativos, incluida la consecuencia del escaso financiamiento de las instituciones educativas públicas; un análisis del papel de los actores privados en la educación; una evaluación de la adecuación de la protección social brindada a los y las trabajadores/as de la educación, incluso en el sector privado; y una revisión de la falta de cooperación entre las administraciones de los Estados, las instituciones educativas, los y las docentes, los y las estudiantes, los padres, las madres y las comunidades.
Además, la relatora subraya que el despliegue de la enseñanza a distancia en línea (junto con la radio y la televisión) solo debe considerarse una solución temporal destinada a abordar una crisis. “La digitalización de la educación nunca debería reemplazar la escolarización en el lugar de trabajo con los y las docentes, y la llegada masiva de actores privados a través de la tecnología digital debería considerarse como un peligro importante para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas a largo plazo”, afirma. Para Boly Barry, es necesario que se realice un debate exhaustivo sobre el lugar que se debe dar al aprendizaje en el futuro, teniendo en cuenta no solo las posibles oportunidades sino también el efecto nocivo que las pantallas tienen sobre los niños, las niñas y los jóvenes, incluido su derecho a la salud y la educación.
Mira la grabación de la presentación de Boly Barry en la sesión de la ONU sobre el informe, con subtítulos en portugués:
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>> Informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities”
