La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), la Federación Internacional de Fe y Alegría, Pressenza Agencia de Noticias Internacional sobre Paz y Noviolencia, la Organización Mundial para la Educación Pre Escolar (OMEP Latinoamérica), la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) expresan su profunda preocupación ante los acontecimientos recientes en el Ecuador, en particular el Estado de Excepción, el Toque de Queda y el proceso de militarización decretado por el Gobierno Nacional como respuesta a la movilización social que expresa su inconformidad ante las medidas económicas de aumento del combustible.
Nos solidarizamos con el pueblo ecuatoriano y su legítimo derecho a la protesta y libertad de expresión y rechazamos el uso excesivo de la fuerza en contra los y las manifestantes, tal como denunció la Defensoría del Pueblo de Ecuador, quien ha informado sobre personas fallecidas, heridas y graves situaciones de arbitrariedades, detenciones y violencia de la fuerza pública, incluso en contra de estudiantes. Rechazamos los actos vandálicos que han tenido lugar de forma aislada y que buscan deslegitimar la protesta y movilización social y exhortamos a la no criminalización, ni estigmatización de las organizaciones indígenas, campesinas, de trabajadores/as y estudiantes que se han movilizado, siendo el Estado el primero en implementar su garantía de protección y de exigencia especialmente a los medios de comunicación.
Como redes regionales defensoras del derecho humano a la educación, nos sumamos al llamado de la Defensoría, y de tantas organizaciones ecuatorianas e internacionales, para que se reestablezca el orden democrático en el país, se derogue el Estado de Excepción y se actúe en conformidad a los protocolos internacionales de derechos humanos, incluso la Carta Democrática Interamericana, la cual afirma que los derechos humanos y la democracia caminan juntas. Como activistas del derecho a la educación, somos a la vez defensores y defensoras de todos los derechos humanos y de las condiciones necesarias para su realización, entre ellas democracias fortalecidas, así como políticas económicas y sociales que conduzcan a un horizonte de bien estar y dignidad para todos y todas.
Saludamos la iniciativa del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que anuncia la apertura del diálogo entre el gobierno y las organizaciones del movimiento indígena y hacemos un llamado para que las demandas y reclamos del pueblo ecuatoriano sean escuchados, centrados en gran medida alrededor de condicionalidades colocadas por el Fondo Monetario Internacional, organismo que ha vuelto a tener mayor presencia en América Latina y el Caribe en años recientes, promoviendo un creciente nivel de endeudamiento y un fuerte encuadre de políticas de austeridad, restringiendo políticas económicas y sociales dirigidas a la realización de los derechos humanos.
Toda nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano.
