Por justicia social y servicios públicos de calidad, CLADE, Campaña Brasileña y la Federación Internacional Fe y Alegría contribuyen con la declaración del Foro de la Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
En un esfuerzo conjunto, la CLADE, la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación y la Federación Internacional Fe y Alegría contribuyeron a la construcción de la declaración final del Foro de la Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Las entidades participaron en debates como parte de un grupo de representaciones de la sociedad civil organizada de América Latina y el Caribe —movimientos sociales, representantes sindicales, coaliciones, pueblos indígenas, grupos feministas, jóvenes líderes, cooperativas y entidades sin fines de lucro— entre los días 7 y 8 de noviembre, en Santa Marta, Colombia.
El evento tuvo lugar en el marco de la relación birregional entre las regiones, con la representación de la Unión Europea buscando una adhesión amplia al programa Global Gateway, de apoyo al desarrollo global en las áreas climática, digital, energética y de transporte, además de fortalecimiento de los servicios públicos.
Sumando esfuerzos de incidencia
En términos generales, la sociedad civil pide total transparencia y participación paritaria en los espacios de toma de decisiones, en todos los procesos de diseño, negociación e implementación de la estrategia. Las demandas, sistematizadas, se presentan a las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La delegación de las tres entidades consiguió la especificación e incorporación en el documento del fortalecimiento de “los sistemas educativos públicos y promover sistemas alimentarios soberanos y sostenibles”.
El ajuste para las sustituciones de la expresión “reducción de desigualdades” para “superación de desigualdades” fue enviado pero no acatado. También no fueron incorporadas las reivindicaciones por la mención a justicia fiscal, superación de la deuda, regulación del sector privado y filantropías, soberanía digital y protección de datos, entre otros.
Además, algunas de las principales defensas del documento final aprobado por la sociedad civil en el contexto de la CELAC-UE:
- Participación significativa, inclusiva, intergeneracional y multisectorial como condición para fortalecer una asociación birregional justa, democrática, sostenible, basada en la Carta de Naciones Unidas y los derechos humanos, que sitúe en el centro a las personas y las comunidades –incluidas las rurales, migrantes, afrodescendientes, con discapacidad y otras históricamente excluidas.
- Asumir compromisos ambiciosos y medibles que fortalezcan la cooperación horizontal, participativa e inclusiva, basada en la transparencia, justicia social y sostenibilidad.
- El compromiso con la justicia climática, la autodeterminación y gobernanza de los Pueblos Indígenas, comunidades rurales, afrodescendientes y locales, y con los sistemas alimentarios, energéticos y educativos sostenibles, la biodiversidad y la resiliencia climática comunitaria.
- Los sistemas alimentarios deben ser soberanos y sostenibles, impulsando una agro-economía circular que valore la agricultura familiar, los emprendimientos juveniles en el ámbito agrícola y los saberes comunitarios, garantizando la participación activa de la sociedad civil en el diálogo sobre sistemas alimentarios, en línea con el Plan SAN-CELAC 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2.
- Priorizar la reducción de desigualdades y el cierre de las brechas de financiamiento que frenan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La cohesión social debe reconocerse como una condición indispensable para revertir desigualdades, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar democracias inclusivas mediante políticas redistributivas y sistemas de protección social basados en derechos.
- Los compromisos deben orientarse a que los acuerdos comerciales o mecanismos como la Global Gateway o UE-Mercosur– incluyan cláusulas vinculantes en derechos humanos, laborales y ambientales; mecanismos de denuncia y participación de la sociedad civil como socia estratégica en su diseño y monitoreo.
- Garantía de igualdad de género y plena autonomía económica, física y política de las mujeres, niñas y jóvenes en toda su diversidad. En cuanto a la adopción del Pacto birregional por los Cuidados, se demanda el reconocimiento del cuidado como derecho humano, bien público global y pilar del bienestar; medidas que garanticen los apoyos, y para erradicar todas las formas de violencias machistas y de género; así como la plena participación de la sociedad civil en la implementación, seguimiento y rendición de cuentas del Pacto.
- Garantizar la conectividad asequible, la alfabetización digital crítica y universal y la seguridad en línea —especialmente para mujeres, niñas y personas con discapacidad y comunidades rurales—, así como promover tecnologías de asistencia que impulsen la inclusión.
Pacto Birregional sobre los cuidados
Durante el proceso de cierre del evento también se anunció la adopción de un Pacto birregional sobre los cuidados (disponible en inglés), para facilitar intercambios sobre avances y buenas prácticas en la economía del cuidado. El Pacto busca promover la cooperación entre la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC) para el desarrollo de políticas que reconozcan el cuidado como un derecho fundamental y universal. Los objetivos principales del pacto son la mejora del bienestar, la reducción de brechas de género y la creación de servicios accesibles de calidad y empleos dignos para quienes cuidan.
Considerando la brecha de desigualdad de género en América Latina y El Caribe se llama la atención que, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres dedican entre 6,3 y 29,5 horas semanales más que los hombres a realizar trabajos de cuidado no remunerados, lo que representa un total de 8.417 millones de horas semanales por las que no reciben ningún salario.
Por su parte, también la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que el aporte económico de este trabajo no remunerado representa un 21,3 % del producto interno bruto (PIB) en promedio de la región, llegando a alcanzar más de un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) total en algunos países. Resulta alarmante que se estime que un 74,5 % de ese aporte recaiga en las mujeres.
El pacto ha sido firmado por la Unión Europea, junto con 16 países de América Latina y el Caribe: Colombia, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay, formalizando un marco de cooperación que sitúa el bienestar, la dignidad y la igualdad de las personas en el centro de la asociación UE-ALC.
El Pacto establece la importancia de un diálogo permanente destinado a fortalecer los sistemas de cuidados y garantizar que el acceso a servicios de cuidados de calidad y asequibles se convierta en una prioridad compartida en ambas regiones. También promueve una mejor distribución de las responsabilidades de cuidado entre las familias, el sector privado y el Estado, así como entre mujeres y hombres.
La nota de prensa señala que “esta iniciativa responde a los desafíos similares que enfrentan Europa y América Latina y el Caribe en este campo: una creciente demanda de cuidados, debido al rápido envejecimiento de la población, y una distribución cada vez más equilibrada de las responsabilidades domésticas y profesionales dentro de las familias, que se ve atendida por la escasez de profesionales cualificados, las precarias condiciones laborales de quienes cuidan, así la necesidad de reconocer y abordar mejor la carga del trabajo de cuidados no remunerado. También refleja nuestra determinación compartida de proteger a los más vulnerables y de reconocer la importancia del trabajo de cuidados como motor de justicia social, crecimiento inclusivo y desarrollo humano.”
Equipo de incidencia
Representaron a las entidades Tamara Montalvo R., coordinadora de programas de CLADE; Miguel Molina, coordinador de Acción Pública e Incidencia de la Federación Internacional Fe y Alegría, y Renan Simão, coordinador de comunicación y relaciones públicas de Campaña Brasileña.
Ver la Declaración completa.
Lee el artículo en portugués publicado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación.
