El 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe tuvo lugar del 15 al 17 de octubre en San Salvador, El Salvador, realizado por CLADE y RESALDE. En el evento público de apertura del encuentro se abordó el tema: “El derecho a la educación en diálogo: panoramas regional y global”.
Participaron en el panel: Kishore Singh, ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación; Vernor Muñoz, también ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y actual director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE.
Privatización de la educación
Uno de los temas que se abordaron fue la privatización de la educación. Según Kishore Singh, hay que garantizar el acceso y calidad de la educación a todas y todos. “En muchos países, la educación se está convirtiendo en un negocio, con una fuerte tendencia a la privatización, cuyas consecuencias son la segregación y la marginación social”, afirmó.
Para el ex relator, es fundamental regular la actuación del sector privado en la educación. “Los Estados deben regular la educación privada y garantizar sistemas educativos públicos. Se debe reflexionar sobre el impacto del uso de las nuevas tecnologías en la educación, pues en tiempos de ‘fake news’ la civilización está amenazada”, destacó.
En su intervención, Camilla Croso también abordó la privatización educativa en ámbito regional. Según la coordinadora general de la CLADE, se trata de una tendencia preocupante en varios países de América Latina y el Caribe. “Más allá de las matrículas en instituciones educativas particulares, el sector privado se está concentrando más en la definición de las políticas públicas de educación”.
Camilla Croso: “Más allá de las matrículas en instituciones educativas particulares, el sector privado se está concentrando más en la definición de las políticas públicas de educación”
Otro reto en el financiamiento de la educación que ha destacado, es el desmantelamiento del sistema público educativo, com recortes de gastos públicos en este campo, mientras se refuerza el imaginario de desvalorización de lo público y de que la educación privada funciona mejor. “Países como Brasil y Argentina viven un retroceso en relación a la inversión en la educación, con una política de austeridad y ajuste fiscal. Los presupuestos estatales en América Latina y el Caribe tienen que garantizar el derecho a la educación, no pueden recortar recursos y retroceder en los derechos humanos, aún en tiempos de crisis económica. Esto es justiciable y hay que hacer movilización en su contra”, afirmó.
Persecución de comunidades educativas e inclusión en la educación
La coordinadora de la CLADE também analizó la constante persecución y represión contra movimientos sociales, docentes, estudiante, trabajadoras y trabajadores de educación en la región. “Políticas y marcos legales, como la ley Aula Segura en Chile, presentan una perspectiva de pre-criminalización de la protesta, y ponen a los estudiantes como peligrosos o criminales en potencial”, dijo.
La propuesta de abordar cuestiones de género e identidad en las escuelas también ha sido vista desde una perspectiva regresiva. Para Vernor Muñoz, “no puede ser inclusiva la escuela en el contexto de una comunidad excluyente, en un contexto de políticas públicas que rechazan la igualdad de género, o que rechazan los derechos de LGBTI, personas con discapacidad y otros grupos”.
Educación emancipadora como un derecho humano
Para la y los especialistas, la educación debe entenderse y realizarse como un derecho humano fundamental. “Los derechos humanos deben ser complementados y prolongados, deben estar en reformulación constante que nos lleve a ir más allá del antropocentrismo que ha conducido a menospreciar los ecosistemas que hacen a la vida humana posible: los derechos de la madre tierra, por ejemplo”, dijo Vernor Muñoz.
Vernor Muñoz: “Hay que desarrollar una educación que permita desaprender el odio, la desigualdad. La educación debe servir para liberar y resolver los problemas de fondo de nuestros pueblos”
Para el ex relator, es obligación central del parlamento adoptar y adaptar la legislación ordinaria a principios de derechos humanos, tanto en ámbito constitucional como en leyes. “Deben existir políticas públicas para que las leyes y políticas sean una realidad concreta y para desarrollar capacidades de que las personas puedan exigir estos derechos y normas. El derecho humano a la educación debe ser desarrollado a partir de acciones afirmativas que protejan los derechos específicos de los pueblos históricamente discriminados. Hay que romper estas asimetrías y nivelar desigualdades históricas. Hay que desarrollar una educación que permita desaprender el odio, la desigualdad. La educación debe servir para liberar y resolver los problemas de fondo de nuestros pueblos”, explicó.
Para Camilla Croso, el sentido de la educación emancipadora debe responder a los marcos de derechos humanos: una educación que conlleve al pleno potencial de las personas, al trabajo digno, al fortalecimiento de las democracias, a ciudadanías activas. “Defendemos un enfoque humanista de la educación, que forme para la solidaridad, para aprender a ponerse en el lugar del otro, para el pensamiento crítico”.
Mira el video con la grabación del evento:
Parte 1
Parte 2
Más sobre el 3º Encuentro de la Red Mixta
Discutir, entre otros temas, las políticas y marcos normativos referentes a la educación en la primera infancia; el abordaje del lucro en los marcos normativos de educación y la problemática de la creciente criminalización contra las comunidades educativas en América Latina y el Caribe fue el objetivo del 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, realizado del 15 al 17 de octubre en San Salvador (El Salvador).
Organizado por la CLADE y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), con el apoyo de OXFAM IBIS, Alianza Mundial por la Educación (GPE) y EDUCO, el evento tuvo la participación de parlamentarias y parlamentarios de distintos países de América Latina y el Caribe, representantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA), del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), además de ex-relatores de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. Participaron autoridades y activistas de 16 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, India y Dinamarca.