Escuela privada de bajo costo en Lucknow District, Uttar Pradesh, India. Foto: Oxfam blogs
Organizaciones de la sociedad civil internacional cuestionan el apoyo del gobierno británico a escuelas privadas
15 de octubre de 2015
En este 15 de octubre, se lanza un informe que comenta el papel de Reino Unido en el fomento a la privatización de la educación en África y Asia
Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente
Representantes de la sociedad civil internacional han expresado su preocupación por el hecho de que el gobierno británico pueda estar violando el derecho a la educación con su apoyo al aumento del número de escuelas privadas en África y en el Sur de Asia. Organizaciones internacionales y británicas y sindicatos de docentes se han sumado a la sociedad civil de países como Kenia, Uganda y Gana*, para condenar la utilización cada vez más frecuente de recursos de la ayuda británica para apoyar escuelas privadas con ánimo de lucro, en particular las llamadas escuelas privadas de bajo costo, que promueven la desigualdad, creando segregación y socavando el derecho a la educación.
Dichas organizaciones lanzan hoy (15 de octubre) un informe en que comentan el apoyo del gobierno británico a la privatización de la educación. El informe – es el primero de este tipo – manifiesta que el Reino Unido está posiblemente violando los derechos humanos al apoyar a escuelas privadas con ánimo de lucro que cobran aranceles. De hecho, investigaciones han expuesto que dichas escuelas:
- Cobran aranceles, lo que además transgrede la obligación de los Estados de proveer educación primaria gratuita, y que además son inasequibles para las familias más vulnerables económicamente.
- Crean y atrincheran desigualdades en países como Gana, Kenia y Uganda, y discriminan a los grupos marginados, como las niñas.
- No ofrecen educación de calidad. Por ejemplo, en escuelas privadas de bajo costo las maestras y maestros no suelen tener calificación ni formación.
Esas organizaciones también han sometido informes a dos Comités de derechos humanos de la ONU (el Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), para analizar la legalidad, según la ley de derechos humanos, del apoyo del Reino Unido a las escuelas con ánimo de lucro en países en desarrollo. Los dos Comités están en este momento revisando los materiales sobre derechos humanos en el Reino Unido, que incluyen los dos informes sometidos. Las sesiones de revisión previa tuvieron lugar los días 5 y 14 de octubre de 2015 y servirán de preparación para la revisión formal del país el próximo año.
El gobierno británico ha ampliado cada vez más la inversión en iniciativas privadas de todo tipo, pero esto es particularmente visible en la educación. En 2012, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID, por su acrónimo en inglés) afirmó que: “la iniciativa privada no es solo una productora de riqueza, sino también es proveedora de servicios básicos fundamentales”, mientras su Análisis de Posición sobre la Educación en 2013 propuso “desarrollar nuevas alianzas en el espectro público-privado”.
Les preocupa a las y los representantes de la sociedad civil que DfiD pueda tener motivaciones ideológicas. Citan la investigación realizada por el mismo DfiD que descubrió que “docentes de escuelas privadas con frecuencia tienen menos calificación formal, bajos salarios y pocas garantías de permanencia en el empleo” y que es “ambiguo que las escuelas privadas lleguen a los lugares en que se encuentran las personas más vulnerables económicamente” y “que las personas más vulnerables económicamente tengan condiciones de pagar los aranceles de la escuela privada”. Dicha investigación también confirma que “las niñas tienen menor probabilidad de acceder a escuelas privadas que los niños”.
Delphine Dorsi, de Right to Education Project enfatizó que:
“La educación es un derecho humano. Los Estados tienen la obligación de garantizar su plena realización para todas las personas, tanto a nivel nacional como internacional. Esto incluye la obligación de apoyar la implementación de la educación gratuita de calidad, y seguramente de no obstruir los esfuerzos de los países en desarrollo para proveer educación gratuita”.
Sobre el aumento de los actores privados en la educación en Uganda, Salima Namusobya, de la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos en Uganda dijo:
“Realizamos investigaciones sobre el impacto del aumento de los actores privados en la educación, demostrando que ello ha creado y profundizado desigualdades, y no mejorado la calidad. De forma que el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación el último mes de junio ante la ‘ampliación de la brecha en el acceso a la educación de calidad, resultante del aumento en la provisión privada de educación’. Sin embargo, no entendemos por qué el DfiD apoya a las escuelas privadas con ánimo de lucro y de baja calidad, cuando Uganda se encuentra frente a una carencia crucial de fondos para enfrentar los desafíos del sistema público de educación, que atiende a las personas más marginadas”.
Sylvain Aubry, de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, confirmó:
“Hemos estado trabajando e desarrollando investigaciones en ocho países en desarrollo, en conjunto con organizaciones nacionales y comunitarias, demostrando el impacto negativo en los derechos humanos del crecimiento descontrolado de la educación privada, en particular, el efecto de producir segregación socioeconómica. Logramos que organismos de expertas/os en derechos humanos, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, el Consejo de Derechos Humanos y docenas de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo expresaran preocupación sobre ese tema. Sin embargo, el Reino Unido continúa liderando el apoyo a las escuelas privadas”.
David Archer, de ActionAid dijo:
“La educación representa hoy una nueva frontera para la privatización. Así como sucede en el sector del agua desde hace 30 años, las empresas multinacionales piensan que entrar en el sector de provisión de educación trae un retorno financiero rápido. Pero ya sabemos que esto va a socavar el derecho de las niñas y niños a la educación. Esto quiere decir que la educación no más será una fuerza de promoción de equidad en la sociedad – una vez que el nivel de educación que las niñas y niños recibirán va a depender de la capacidad de sus madres y padres de pagar por ella. Sistemas de educación estratificados van a conducir a sociedades más desiguales e injustas. Creemos que esto está equivocado y que las personas de los países afectados también creen que esto es un error. Por esa razón, publicamos este informe el día de hoy y pedimos al DfiD y al Comité Selecto de Desarrollo Internacional que examinen sus inversiones actuales en ese sector”.
Nick Dearden, de Global Justice Now, añadió:
“El gobierno británico es líder mundial en la utilización del dinero de la ayuda para impulsar la educación privatizada en África y Asia. Tratan a estos continentes como conejillos de indias de un modelo que también se está implementando cada vez más aquí – apoyar a la educación con ánimo de lucro sin necesidad. Es chocante que el presupuesto de la ayuda se esté utilizando para abastecer los bolsillos de las multinacionales de la educación”.
Por último, Christine Blower, del Sindicato Nacional de Docentes de Reino Unido, dijo:
“La educación es un derecho humano y civil y un bien público. Nada en las políticas de ayuda del Reino Unido debe socavar este principio. Nítidamente, al promover la privatización en Asia y África, DfiD amenaza el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Hasta ahora tuvimos evidencias anecdóticas pero ahora tenemos evidencias científicas que muestran la escala del problema. Esto tiene que acabar”.
El informe será lanzado al público este 15 de octubre de 2015, en Londres.
Entre las y los ponentes confirmadas/os están:
- Delphine Dorsi (Coordinadora Ejecutiva, Right to Education Project)
- Polly Jones (Jefe de Campañas, Global Justice Now)
- Christine Blower (Secretaria General, Sindicato Nacional de Docentes)
- Salima Namusobya (Directora, Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos, Uganda)
- Sylvia Mbataru (Incidencia Política y Legislativa, The CRADLE, Kenya)
Recursos:
- Informe sobre el apoyo del Reino Unido a la educación privada en países en desarrollo: http://bit.ly/1hDObw5
- Resumen ejecutivo del informe: http://bit.ly/1Nce5Cg
- Más información sobre las investigaciones del tema: http://bit.ly/privatisationproject
- Informe sometido al Comité sobre los Derechos del Niño: https://shar.es/1urh7q
- Informe sometido al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: https://shar.es/1urhxX
Nota:
* Los informes han sido sometidos al Comité sobre los Derechos del Niño y al Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Right to Education Project con el apoyo de: ActionAid International, ActionAid UK, Association of Teachers and Lecturers, Center for Public Interest Law, Child Rights International Network, East African Centre for Human Rights, Eastern Africa Collaboration on Economic, Social and Cultural Rights, the Economic and Social Rights Centre-Hakijamii, Education International, Federation of Education NGO’s in Uganda, Ghana National Education Campaign Coalition, Global Campaign for Education, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Global Justice Now, Human Rights Advocacy Centre, Human Rights Network for Journalists, Initiative for Social and Economic Rights in Uganda, International Commission of Jurists – Kenyan Section, Kenya National Union of Teachers, Kenya Youth Foundation, Mathare Association, National Union of Teachers, Privatisation in Education Research Initiative, Soweto Forum, Uganda National Teachers’ Union, University and College Union y Women Uganda.
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