El 20 de noviembre se conmemoraron 3 décadas de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el marco internacional de derechos humanos más ratificado en el mundo, y que garantiza los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud. Todos los países de América Latina y el Caribe que son miembros de la ONU han firmado la Convención. Sin embargo, todavía no se ha logrado que todos los niños y las niñas disfruten de una infancia con la plena garantía de derechos en la región.
Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina y Presidenta Mundial electa para el período 2020-2023 de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), opina que “la convención es la manera legal de concretar una lucha política que se ha llevado adelante por muchos años, en pro de los derechos de la infancia, viene a concretar un instrumento jurídico y a ratificar que los niños desde el momento que nacen son ciudadanos y gozan de todos los derechos”.
La presidenta de OMEP subraya lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (CDN), específicamente en las observaciones generales 1 y 7, como los instrumentos producto de inspecciones y el intercambio de informes nacionales en cuanto su grado de compromiso concreto con la Convención. Resalta también que se reconoce a la educación como un derecho desde que comienza la vida de niños y niñas, considerando a distintos actores y abordajes, con la mirada atenta del Estado obligado a promover, concretar, restituir y ofrecer todos los derechos y en particular la educación, dado que es una herramienta que ayuda a la consecución de otros derechos humanos.
Aunque la Convención no da precisiones sobre la formación docente, la observación 7 del CDN, a juicio de Mercedes, realiza un gran aporte al tomar una palabra compuesta del inglés, “educare”, que surge de la combinación de educar y cuidar (care), siendo ambas prácticas sociales mediadas por la socialización y las culturas propias de cada contexto. Esto permite que se trascienda la visión de quienes educan como transmisores de cultura, enfoque que ha dominado el imaginario de las comunidades.
Así, en el caso de la primera infancia, surge una interpelación a educadores/as que visibilizan otros enfoques que suman a la educación el cuidado. Para la entrevistada, el cuidado es un enfoque ético que debe atravesar a todos los niveles de enseñanza, pues todos los seres humanos debemos cuidar de otros seres humanos, especialmente de los niños y niñas.
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“Cuidar no se limita a la protección exclusivamente, que visualiza a niños y niñas desde la carencia. En su lugar, lo posiciona como un sujeto potente, que se empodera y desarrolla sus capacidades de participación ciudadana con su propia voz. La interpelación para los y las docentes radica en conseguir la manera adecuada para educar haciendo que los derechos sean realidades en la escuela, la calle y todos los ámbitos”, afirmó la especialista.
En su mirada, la mayor dificultad que se tiene en la protección y el ejercicio de derechos de la primera infancia es la marginación que realizan los Estados, especialmente en el período después del nacimiento, de cero a 3 años. La mayoría de las políticas públicas es dirigida para niños y niñas de 4 o 5 años en adelante. Mercedes señala que “los niños pequeños son atendidos por instituciones educativas, pseudoeducativas o de cuidado, pero siempre privatizadas, lo que representa una vulneración, puesto que no son políticas con equidad, donde todos los ciudadanos y ciudadanas estén en pie de igualdad para el acceso. Hablamos de privilegio de unos pocos y no de derechos”.
“Cuando un derecho es vulnerado, todos los derechos se ven afectados”
Aunque América Latina y el Caribe ha tenido grandes avances en primera infancia, existe una deuda pendiente, porque la mitad de niñas y niños está en situación de pobreza y desigualdad en el acceso a derechos, sufriendo con falta de equidad, inversión y políticas serias. Mercedes critica al neoliberalismo que ha instalado en los últimos años, en discursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos, un foco priorizado en el “care”, el cuidado, y no a la visión integral del cuidar- educar.
“Cuando un derecho es vulnerado, todos los derechos se ven afectados, y es hora que los países, las comunidades y gobiernos cumplan su compromiso realmente con la Convención sobre los Derechos del Niño”, subrayó.
En el caso de Argentina, con la presidencia de Mauricio Macri, hubo un foco puesto en el cuidado y su privatización, por ello ahora con el cambio de gobierno se proyecta la esperanza de retrotraer las buenas tradiciones del país, para retomar una perspectiva de mayor protagonismo estatal, que encause y garantice con políticas públicas el acceso a la educación gratuita, con oferta de distintas modalidades.
“Se espera que estas políticas atiendan no solo a las ciudades, sino que también incluyan programas flexibles en ruralidad o semiruralidad, que respondan a distintas características culturales. Asimismo, que se releve lo señalado en la observación general 5 del CDN, para que todas las políticas tengan como base la articulación integral desde diferentes áreas del Estado, como desarrollo social, educación, justicia, identidad. etc.”, explica Mercedes.
Además, recomienda que los Estados definan con claridad su compromiso con el financiamiento de políticas para la primera infancia, que se concreten en un plan nacional integral, multidisciplinario e intersectorial, teniendo presente que no se puede cuidar un niño o niña si no se educa, y que no se puede educar sin cuidar.
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Como experiencia inspiradora, Mercedes Mayol Lassalle señala el programa “Primeros años” de Argentina, que atendía a niños y niñas de primerísima infancia, donde interactuaban familias, comunidades y equipos interdisciplinarios para acompañar la crianza, y en el caso de ser posible se garantizaba un centro de atención en lo urbano o semi-urbano.
“Hay políticas que son positivas y no necesitamos copiar de otros países los modelos extranjeros, que poco tienen que ver con nuestras culturas”, destacó la presidenta mundial de OMEP. Así mismo, recordó el modelo de “La escuela infantil”, que resulta de interés porque toma a toda la primera infancia como unidad pedagógica con coherencia educativa y de enfoque, ya que niños y niñas ingresan desde que termina la licencia de maternidad y concluyen justo al iniciar la primaria, lo que establece vínculos de apego saludables y sanos, y además funciona todo el año, flexibilizando la posibilidad de las familias para que trabajen dignamente. “La inversión en centros de este tipo implica considerar una relación de pocos niños y niñas por cada persona adulta, a modo de garantizar la atención, alimentación, el cambiado y el sueño, prácticas que complejizan las condiciones de la inversión social”, añadió.
Enfatizó también que los Estados deben renovar su compromiso con el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño con más fuerza, pues sigue siendo una herramienta potente de lucha política por los derechos de la primera infancia, por el cual los niños y niñas tienen derecho a ser alojados/as y bien recibidos en este mundo con todos los derechos consagrados en dicho instrumento.
