Vernor Muñoz
Jefe de Política e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
Los complejos enlaces entre la política y la economía, han sido objeto de múltiples investigaciones, pero es la teoría crítica de los derechos humanos la que ofrece un marco analítico para entenderlas en su relación con la justicia, la igualdad y la libertad.
Sabemos, por ejemplo, que el crecimiento económico es deseable, pero el crecimiento económico sin justicia social, no es más que un incentivo a los ricos. Es decir, si el crecimiento económico no conduce a eliminar la pobreza y a lograr el bienestar de las personas, su efecto no deja de ser únicamente un mecanismo para la acumulación.
Al mismo tiempo, sabemos que la eliminación de la pobreza ni el bienestar, se pueden lograr sin una educación basada en derechos humanos, cuyo financiamiento, a la vez, debería beneficiarse del crecimiento económico, aunque no siempre sea así.
Las economías de los países ricos, han crecido mucho más de lo que se necesita para que la gente prospere: se trata de economías obesas, que son como elefantes en una cristalería.
Este trabalenguas lo explica bien Olivier de Schutter, en su más reciente informe al Consejo de Derechos humanos (Erradicar la pobreza más allá del crecimiento, julio 2024). Las economías de los países ricos, dice Olivier, han crecido mucho más de lo que se necesita para que la gente prospere: se trata de economías obesas, que son como elefantes en una cristalería (esto lo digo yo, no Olivier): no pueden moverse sin romper algo valioso, como las vidas en Haití, la selva amazónica o los humedales de Ramsar.
Y el mecanismo político que, desde hace mucho tiempo, utilizan las economías obesas para seguir creciendo mórbidamente, es el colonialismo. El colonialismo es un régimen político que incluye dos grandes procesos: controlar, por un lado, y explotar, por el otro. Este régimen se manifiesta en múltiples ámbitos: existe colonialismo militar, social, cultural, político y, por supuesto, económico.
El colonialismo económico no es un hecho aparte, ni se puede comprender aisladamente del colonialismo político. Esta observación es importante para comprender que, detrás de las maniobras financieras que impulsan países del norte global y sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, subyace una ideología extractivista y controladora, que tiene como fin preservar privilegios de los países centrales y mantener un estatus quo de dominación.
El control colonial también impone modelos culturales, que hacen ver la dominación y el control como fenómenos naturales, aceptables y
¡hasta deseables!
El modelo extractivista del colonialismo económico, es en verdad un saqueo de los recursos del sur global, que suele utilizar el garrote de la deuda externa y las políticas de austeridad, castigando así a los desposeídos, a quienes se les priva de servicios públicos básicos.
El control colonial también impone modelos culturales, que hacen ver la dominación y el control como fenómenos naturales, aceptables y ¡hasta deseables!
El colonialismo, entonces, hace creer que quienes habitan los países colonizados, carecen de la capacidad para resolver sus propios problemas, razón por la cual deben mantenerse bajo el control de alguien más.
Peor aún, las prácticas colonialistas inducen a las personas a pensar que sus propias características sociales, su acervo cultural, sus organizaciones económicas -ancestrales o no- e ¡incluso sus fenotipos!, son inferiores, defectuosos o inaceptables.
Es decir, el colonialismo (hoy llamado neocolonialismo) ha sido y continúa siendo una práctica esencialmente violenta y transgresora del marco internacional de los derechos humanos.
Más grave aún, el colonialismo invariablemente conlleva a la degradación y descalificación étnica y se apoya en modelos patriarcales que incluyen el racismo y la xenofobia.
La descolonización del financiamiento público, incluyendo el educativo, es un proceso necesario de emancipación política de los Estados.
El colonialismo se sirve de la jerarquización de los actores sociales, sujetándolos a relaciones de poder y autoridad, mediante las cuales se les vigila y se les castiga.
El colonialismo suele tener un efecto devastador en el ámbito educativo, del que nos ha informado elocuentemente Paulo Freire, pero este no es el momento para referirme al respecto.
Entonces, refiriéndome al colonialismo en el financiamiento educativo, más bien enfocado en su desarticulación y en su superación. La descolonización del financiamiento público, incluyendo el educativo, es un proceso necesario de emancipación política de los Estados, por un lado, y por otro lado consiste en un proceso de democratización interna, orientado hacia la búsqueda de equidad, por lo que también es un proceso político.
Con la emancipación financiera, los Estados se hacen cargo de sus obligaciones fiscales, recurriendo a sus propios recursos internos. Esto puede lograrse si el peso de la deuda disminuye significativamente, si los créditos se acuerdan con arreglo a la justicia y a la solidaridad internacional y si los dictados de los organismos financieros internacionales dejan de imponer la austeridad como mandato central y dejan también de estimular la explotación insostenible de los recursos naturales y de la mano de obra barata.
La democratización financiera al interior de los Estados, y por lo tanto la búsqueda de equidad e igualdad estructurales, requiere de un sistema tributario progresivo.
La democratización financiera al interior de los Estados, y por lo tanto la búsqueda de equidad e igualdad estructurales, requiere de un sistema tributario progresivo, con el que se pueda gravar adecuadamente las grandes riquezas, y se establezcan mecanismos para luchar contra la evasión y elusión de las corporaciones que lucran sin tributar lo que deberían.
Como vemos, la descolonización del financiamiento público requiere de varios procesos entrelazados internos y externos, que solo podrían alcanzarse si la sociedad civil está debidamente articulada para exigir los cambios políticos que se requieren.
Nos referimos a la sociedad civil del sur global, pero también a las organizaciones civiles del norte, en las que recae la obligación de exigir a sus Estados el cese de las políticas neocoloniales y el endoso al comercio justo, para terminar con las maniobras extractivistas con las que se ha castigado históricamente a los países empobrecidos.
Los marcos tributarios progresivos requieren de un instrumento internacional vinculante, capaz de enderezar el rumbo y de sentar las bases para un financiamiento justo y predecible de los servicios públicos, especialmente la salud y la educación.
La Convención Tributaria de la ONU es la vía más adecuada para avanzar hacia ese fin y por eso la CME desarrolla una campaña global para apoyarla. Puede ser que la Convención de la ONU, de llegar a adoptarse, no sea suficiente para desarmar un modelo global de extracción y explotación que solo ha servido para profundizar la desigualdad.
Sin embargo, pensamos que es un paso en la dirección correcta y que será un catalizador para estimular muchos otros cambios necesarios.
