Imagen: Inter-American Development Bank - Enfoque educación
Los efectos de la creciente participación de actores privados en la educación inclusiva
10 de septiembre de 2021
Por: Ana Raquel Fuentes
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), bajo el marco del Programa por los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizó una investigación sobre la creciente participación de actores privados y la introducción de lógicas de mercado en la educación y los efectos que producen en la inclusión de las personas con discapacidad.
El caso de las personas con discapacidad
En las últimas décadas, ha habido una creciente tendencia hacia la participación de actores privados en la educación y la introducción de mecanismos de mercado en la provisión de este servicio público. Esto se ve tanto en el norte como en el sur global, y con modelos y formas variadas que van desde escuelas privadas no subsidiadas hasta alianzas público-privadas (PPP por sus siglas en inglés) que incluyen el uso de fondos del Estado de diversas maneras. Por medio de entrevistas a profundidad y análisis extensivo de literatura – incluyendo 135 documentos que oscilan entre 1990 a 2019 – el documento verifica efectos adversos de estas tendencias.
- En muchos países, el crecimiento de la oferta de educación privada se impulsa bajo el entendimiento de que el sector privado contribuye en la satisfacción de una demanda educativa insatisfecha. Además, ocurre un proceso de privatización por medio de catástrofes – ya sean naturales, humanitarias, conflictos armados – donde los Estados son incapaces de responder por medio de una educación en emergencias. De esta manera, la intervención del sector privado ocurre como medio para subsanar una falla estructural de los gobiernos que no tienen los medios para proveer este servicio público. El Banco Mundial constituye uno de los mayores financiadores externos de la educación privada en países de bajos recursos. Además de financiar, la entidad también promueve la expansión del sector privado en la educación, a través de la reducción y flexibilización de marcos regulatorios, creación de PPPs, y en la introducción de mecanismos privados o “semiprivados”;
- Hay diversas maneras en las que las escuelas privadas pueden excluir estudiantes con necesidades educativas especiales o desalentar su matriculación en sus programas, incluso si tienen prohibido hacerlo. La selección de estudiantes de forma directa o indirecta prevalece en el sector privado. Por ejemplo, la selección indirecta se da por medio constantes suspensiones, salidas anticipadas de la escuela, y aislamiento de las clases;
- Investigaciones centradas en la segregación socioeconómica, racial o étnica señalan una creciente segregación de estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo a las personas con discapacidad, como consecuencia predominante de la introducción de reformas basadas en el mercado y el crecimiento de los actores privados en la educación. La evidencia muestra que dados los incentivos que el mercado le presenta a los actores privados, las escuelas públicas proveen educación a las poblaciones más desaventajadas. Esto no solo afecta de manera negativa la diversidad de los entornos educativos, sino que, en conjunto con la creciente transferencia de recursos públicos para expandir los esquemas de educación privada y el drenaje de fondos desde las escuelas públicas, ocasiona que las y los estudiantes más marginalizadas/os sean educadas y educados en escuelas públicas que cuentan con pocos recursos, o “escuelas de último recurso”.
El estudio demuestra que, en la lógica de privatización y mercadeo del sistema educativo, ciertas fuerzas centrífugas resultan en la exclusión y segregación de estudiantes con necesidades especiales. Estas fuerzas incluyen la competencia, estandarización, rentabilidad, autonomía y desregulación, se encuentran en choques intrínsecos con las fuerzas que subyacen a la inclusión, lo cual resulta dañino para estudiantes que “no caben” dentro de parámetros preestablecidos.
Para socavar y solucionar este escenario complejo de política educativa, el estudio recomienda que el Estado necesita actuar, siendo el responsable de respetar, proteger y de garantizar el derecho a la educación de todas y todos bajo su jurisdicción. Dentro de un contexto global de creciente comercialización y privatización de la educación, los Principios de Abidjan. establecen que la educación, como bien público, es responsabilidad del Estado. Estos principios proveen claros lineamientos a los Estados para cumplir tanto su deber indelegable de garantizar una educación inclusiva, equitativa y gratuita, como de regular y controlar de manera efectiva a los actores privados que ingresan al sistema educativo.
Si quieres saber más sobre los efectos de la privatización y sus mecanismos de segregación y estratificación en el sistema educativo, junto con una serie de recomendaciones para proveer educación inclusiva y gratuita, puedes leer el documento aquí: Informe de ACIJ.
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