En el marco del foro regional sobre la ética de la Inteligencia Artificial (IA), así como de la Cumbre ministerial y de altas autoridades de América Latina y el Caribe realizadas en Santiago de Chile entre el 23 y 24 de octubre de 2023, se ha suscrito una declaración que formaliza la creación de un grupo de trabajo con proyección a un consejo intergubernamental de inteligencia artificial.
El objetivo principal de la convocatoria se orientaba a la conformación de un espacio de liderazgo para la gobernanza de la IA en la región, con posicionamientos comunes sobre esta temática global. El acuerdo convocó a ministras, ministros y personas encargadas de las políticas digitales y de IA de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Los desafíos éticos de la inteligencia artificial
Los vertiginosos cambios generados por la IA, los sesgos de los algoritmos, así como la situación de desigualdades tecnológicas que se vive en la región se expresan en múltiples desafíos para su regulación y desarrollo. Las dinámicas vinculadas a la programación, automatización u otras similares manifiestan implicaciones éticas, que potencialmente podrían amenazar la garantía de los derechos humanos.
En este sentido, acogiendo las Recomendaciones sobre la Ética de la IA publicadas por la UNESCO se resalta la necesidad de fortalecer las capacidades regionales, profundizando el diálogo sobre la creación, intercambio, desarrollo y despliegue de la IA, desde un punto de vista que refleje las necesidades e intereses de América Latina y el Caribe.
La IA plantea debates inconclusos sobre cuestiones éticas sobre el derecho humano a la educación, el acceso a la información, la brecha digital, entre otros, pudiendo impactar desde diversas aristas la democracia y los derechos humanos. Las recomendaciones expresan que “algunas de estas cuestiones tienen que ver con la capacidad de los sistemas de IA para realizar tareas que antes solo podían hacer los seres vivos y que, en algunos casos, incluso se limitaban solo a los seres humanos”.
También se señalan repercusiones éticas aún imprevisibles en el campo educativo, según las recomendaciones “porque vivir en sociedades en proceso de digitalización exige nuevas prácticas educativas, una reflexión ética, un pensamiento crítico, prácticas de concepción responsables y nuevas competencias, dadas las implicaciones para el mercado laboral, la empleabilidad y la participación cívica”.
Los derechos humanos y la inteligencia artificial
La Declaración de Santiago subraya que las políticas públicas que aborden la inteligencia artificial deben enmarcarse en la normativa y principios transversales de derechos humanos, entre ellos la seguridad y protección, la no discriminación, la igualdad de género, la accesibilidad, la sostenibilidad sociocultural, económica y ambiental, el derecho a la intimidad, la transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.
El reconocimiento a “la importancia del acceso universal y significativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho, el empoderamiento de las mujeres y niñas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, la superación de las múltiples brechas digitales y análogas, así como promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” se afirma en la declaración.
Lee la Declaración de Santiago.
