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Ante proyectos educativos presentados recientemente por algunos gobiernos de los estados de Brasil, que se basan en la idea de cerrar las escuelas públicas, o privatizar la gestión de estos centros educativos, adjudicando su gestión a organizaciones sociales sin experiencia probada en el tema, o a corporaciones militares, la CLADE entrevistó al coordinador nacional de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, Daniel Cara.
Para él, la militarización de la gestión escolar, así como los acuerdos firmados por los estados con organizaciones sociales, se derivan de una desconfianza en el sistema público y en la capacidad de educadoras y educadores de administrar adecuadamente las escuelas públicas, un pensamiento que es reforzado por los grandes medios de comunicación. “Tanto la militarización como la privatización de la educación son guiados por un intento de delegar su responsabilidad a terceros, lo cual es extremadamente perjudicial para el debate público. Al renunciar a su responsabilidad de garantizar ese derecho, los gerentes optan por una u otra forma de contratación externa, o, como en el caso de Goiás, eligieron las dos” dice. Lee a continuación la conversación completa.
CLADE – Hemos seguido con preocupación las propuestas políticas de algunos gobiernos de los estados de Brasil, que se basan en la idea de cerrar las escuelas públicas, o privatizar la gestión de estos centros educativos en estados como Sao Paulo, Goiás, Piauí, Amazonas, Pará y Espíritu Santo. En Goiás y Amazonas, la subcontratación de la gestión de la escuela pública ha sido propuesta en conjunto con la militarización de algunos de estos centros educativos, con el argumento de que con esto podrían ser resueltos cada vez más numerosos casos de violencia e indisciplina entre las y los estudiantes. ¿Es posible trazar una tendencia nacional entre estos diferentes proyectos? ¿Ambos son ejemplos de privatización de la educación?
Daniel Cara – Los comités de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación en Goiás y Espíritu Santo, así como en otros estados brasileños con el mismo problema, ahora viven una fuerte tensión ante las modalidades de privatización específicas que se presentan. El comité de la Campaña en el Amazonas, por ejemplo, ha abordado el tema de la militarización y también la privatización de la gestión de las escuelas públicas en este estado, mientras que el comité de Pará logró impedir un proceso de privatización de la escuela pública que fue impulsado por el gobierno del estado. Por lo tanto, nuestros comités están movilizados.
Como parte de la acción común a nivel nacional, y que se identificó como una tendencia, es que son programas con una fuerte influencia internacional, especialmente de países anglosajones, con una fuerte interferencia del Banco Mundial. Además, tenemos actores que creen que la privatización y la militarización de las escuelas públicas, lo que representa un retroceso de la discusión pedagógica en el campo de la educación, son pasos positivos. Ellos consideran que las/os profesionales de la educación han demostrado no ser capaces de resolver los problemas del sector, un elemento que ha estado presente y se ha intensificado en las políticas públicas de los estados desde el año pasado.
Hay otro factor, que es estructural, y se refiere a una esperanza equivocada de que la privatización tiende a reducir los costos y optimizar los presupuestos públicos. Así que toda la discusión actual sobre la crisis fiscal de Brasil, junto a estos argumentos, contribuye a la tesis de los que abogan por la privatización y la militarización de las escuelas, lo que en la práctica se refleja en procesos de contratación externa, de eliminación del campo de la educación la primacía del cuido de la cuestión pedagógica.
Hoy en día, hay un trabajo coordinado de defensa de este pensamiento, especialmente en los medios de comunicación. Si nos fijamos, hay articulistas de vehículos de gran tamaño y editoriales que abogan por la subcontratación de la gestión de las escuelas. Sin embargo, estamos convencidos de que este no es el camino que puede, de hecho, consagrar el derecho a la educación. En primer lugar, porque fracasa en el diseño de la educación, ya que la militarización sin duda se antepone a una educación que promueva la ciudadanía, como lo exige la Constitución Federal.
De acuerdo con la Carta Magna, el derecho a la educación debe basarse en tres pilares fundamentales: el pleno desarrollo de la persona; su preparación para el ejercicio de la ciudadanía; y la preparación para el mundo del trabajo y el desarrollo de una actividad productiva. Ciertamente, una escuela militarizada no garantiza el pleno desarrollo de las personas, pues esto comprende valores democráticos y el respeto de los demás. Garantiza todavía menos el ejercicio de la ciudadanía. Además, la transferência de la gestión de los servicios públicos a organizaciones sociales demostró en el área de la salud, tanto en Brasil como en otros países, que esta política no garantiza los resultados esperados. Así que tenemos que hacerle frente a este tipo de política, evitando que procesos de contratación externa como estos prosperen.
CLADE – ¿Cuáles son, en el posicionamiento de la Campaña Nacional, los impactos de este tipo de política para la realización del derecho humano a la educación?
Daniel Cara – Este tipo de política, básicamente, crea dos problemas: en primer lugar un concepto educativo que está mal, como he dicho antes; en segundo lugar, la optimización de costos que se espera con este tipo de medida no es real. El proceso de contratación externa de hecho sobrecarga el presupuesto público, en el sentido de que las organizaciones sociales y las corporaciones militares representan un mayor costo para la gestión de la educación que responde a las Secretarías de Educación. Así que la forma correcta es financiar adecuadamente la educación basada en los indicadores CAQ (Costo Alumno calidad) y CAQI (Costo Alumno Calidad Inicial), y no tratar de buscar atajos que no resuelven el problema y, al contrario, todavía le cuestan más a las arcas públicas.
Esto es tan cierto que las corporaciones militares contratadas para administrar las escuelas públicas cobran tarifas de las/os estudiantes, por lo que la educación ya no es gratuita. Esto ha sido ocultado en la defensa que hacen los gobiernos acerca de este tipo de política en Amazonas, Goiás y, más recientemente, en Piauí. Lo que es importante tener en cuenta es que estos son gobiernos que representan a todos los espectros partidarios. En el estado del Amazonas, el gobierno es del partido PROS, de centro-derecha, al Estado de Goiás lo gobierna el PSDB, que también es un partido de centro-derecha. Sin embargo, en Piauí, quien está tratando de poner en práctica esta iniciativa es un partido de centro-izquierda, que es el PT. Así que tenemos una combinación de factores que demuestra que este tipo de política a favor de la privatización y la desconfianza en relación a la educación pública están por encima de posiciones partidistas.
CLADE – Daniel, tú te referiste a esta articulación de la Campaña Nacional con sus comités regionales y locales, con la finalidad de incidir contra dicha política. ¿Ustedes han estado siguiendo las manifestaciones populares que se oponen a la privatización de las escuelas públicas en Brasil de alguna otra manera?
Cara – El principio de la Campaña Nacional es garantizar el derecho a la educación para todas y todos los que vivimos en Brasil, y por eso sabemos que tenemos que trabajar en dos niveles: tanto a nivel local, que es donde se realiza el derecho a la educación, teniendo en cuenta las responsabilidades de los estados y municipios, como a nivel nacional, debido a que el gobierno federal tiene la obligación constitucional de la efectividad de este derecho, y debe garantizar un mínimo de calidad a partir del apoyo financiero a los demás entes federales. Pero para fortalecer la agenda nacional y local, también tenemos un trabajo internacional. Para nosotros, la incidencia a nivel internacional puede ser muy útil desde que sea capaz de garantizar el derecho a la educación de una manera concreta para cada brasileño y brasileña, para cada residente en Brasil, que hoy en día no se le respeta su derecho a la educación. Me refiero, por ejemplo, a los inmigrantes, principalmente peruanas/os, bolivianas/os y, más recientemente, haitianas/os que viven en la ciudad de Sao Paulo. Así que nuestro trabajo de incidencia es construir estos puentes entre lo local, nacional e internacional.
En septiembre del año pasado impulsamos una acción de incidencia muy fuerte ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra, al que le presentamos junto con otras organizaciones, el posicionamiento de la Campaña Nacional sobre el impacto del ajuste fiscal para la financiación del derecho a la educación en Brasil y la amenaza de las políticas de privatización y militarización de las escuelas en el país. La respuesta del Comité fue una declaración contraria a este tipo de política. En resumen, nuestras estrategias de incidencia parten de los comités regionales, pero también circulan a nivel nacional y, cuando se puede, a nivel internacional, siempre con el objetivo de fortalecer la agenda local. De lo contrario, difícilmente el nivel internacional podría surtir efecto en Brasil, debido a que es un país relativamente autónomo de los debates sociales a nivel internacional. Por otra parte, se trata de un país muy grande y repleto de desafíos.
CLADE – ¿La Campaña Nacional identificó los planes de privatización y militarización de las escuelas públicas en diferentes localidades de las ya mencionadas? De ser así, ¿cuáles?
Cara – ¡El país está lleno de propuestas como esa! Tenemos que hacerle frente a la privatización de la educación con los ojos bien abiertos, ya que hay varias modalidades. La privatización puede, por ejemplo, ocurrir en el ámbito administrativo, a partir de contratos para el suministro de comidas, seguridad, mantenimiento de las escuelas y equipos de las redes públicas, etc. También puede ocurrir la privatización de los programas educativos, a partir de la contratación de sistemas apostillados de enseñanza por los estados y municipios. Además, hay una tendencia a la privatización todavía más clara, cuando se subcontrata a corporaciones militares para efectuar el trabajo pedagógico. Este tipo de privatización directa es, en mi opinión, la más perjudicial. Esto se debe a que la pedagogía requiere una relación entre el profesor y el estudiante. No puedo creer que una gestión militarizada sea mejor que una gestión realizada por educadoras/es.
Sin embargo, este tipo de privatización directa basada en la militarización, que sucede en los estados de Goiás y Amazonas, tiene casos similares en expansión en todo el norte del país. Más recientemente, el gobierno del Estado de Piauí comenzó a aumentar también la militarización de las escuelas públicas y a alentar y financiar a organizaciones sociales com base en la articulación de algunos gobiernos de los estados con el Banco Mundial, como es el caso de Pará, donde la población logró impedir un proceso de privatización similar, y también en Goiás, donde continúan las movilizaciones de estudiantes y profesoras/es en contra de la propuesta de contratación externa y militarización de la gestión de las escuelas. También se observa proyectos más pequeños de privatización en los estados brasileños de Pernambuco y Espírito Santo.
Creo que la decisión del Tribunal Supremo Federal que permite el trabajo de las organizaciones sociales en la política pública abre la puerta para que este tipo de acción sea autorizada, y esto significa que debemos entrar en la discusión a partir de la presión política y los argumentos técnicos que demuestran en la práctica que la privatización no se traduce en una mejor calidad de la educación, al contrario, no garantiza el derecho a la educación y no respeta la perspectiva de la gestión democrática, que es un principio constitucional.
En los diferentes modelos de privatización que mencionas, ¿qué riesgos hay de que los recursos públicos para la educación nacional se dirijan al sector privado?
Cara – La idea de “endoprivatización” es fuerte en Brasil y está totalmente arraigada en la gestión pública brasileña. Procuramos combatirla con el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQI) que limitaría, por ejemplo, el gasto en contratos con empresas para la compra de material didáctico. Por medio de este índice, se establecen parámetros para los materiales educativos, y con ello el proceso se hace más transparente. Hoy en día, las líneas en la educación y la ejecución financiera no son transparentes. No hemos podido encontrar información sobre el gasto público en el área con claridad. Tenemos que movilizar a las familias y la sociedad para que supervisen y le den seguimiento a la contratación de entidades privadas en la educación. Los tentáculos de la privatización son mucho más grandes y más profundos de lo que podemos ver.
La Campaña Nacional aboga por recursos educativos abiertos, argumenta a favor de que la propia Secretaría de Educación produzca su material didáctico, aprovechando el conocimiento de sus maestros y profesores. Sostenemos también que todos los materiales utilizados con propósitos educativos tengan licencia libre. Sin embargo, este horizonte se encuentra muy lejano, porque el mercado es muy hábil en la búsqueda de brechas y alternativas.
CLADE – En estas diferentes formas de privatización, ¿cómo se han combinado la contratación externa y la militarización de la gestión de la escuela pública, a partir de contratos con las organizaciones sociales y/o corporaciones militares? ¿Cómo la militarización y privatización afectan a la gestión democrática en las escuelas?
Cara – Se trata de dos iniciativas distintas de subcontratación. En una, la transferencia de la gestión educativa a una corporación militar, que parte de problemas de indisciplina en la demanda de madres y padres, que creen que las educadoras y educadores no son capaces de hacerle frente a estos problemas. Sobre la base de esta idea, la gestión pública brasileña está cada vez más ocupada por personas que creen que un maestro es peor que un policía para educar a un niño, que es algo que avergüenza a la sociedad brasileña ante otras sociedades. Sin embargo, la militarización no deja de ser, no obstante, una tercerización, pues parte, así como en los contratos con las organizaciones sociales, de la suposición de que hay una desconfianza en la capacidad de las educadoras/es para administrar adecuadamente las escuelas públicas. El error, en estos dos casos, es que Brasil nunca garantizó condiciones concretas para un buen suministro de la enseñanza, nunca garantizó condiciones de trabajo y salario digno a las/os maestros. Tampoco ha garantizado una buena formación inicial y programas de educación continua para estas/os profesionales, con el enfoque adecuado en las cuestiones pedagógicas concretas.
Además, nunca se aseguró una estructura adecuada a las escuelas, para fomentar que las/os estudiantes permanezcan en ella. Es decir, hubo una injusticia histórica en la educación brasileña en términos de presupuesto y voluntad política. Tanto la militarización como la privatización son guiadas por un intento de tercerizar las responsabilidades, lo cual es extremadamente perjudicial para el debate público. Para renunciar a su responsabilidad de garantizar ese derecho, los gestores optan por una u otra forma de contratación externa, o, como en el caso de Goiás, eligen las dos.
En cuanto al impacto de este tipo de política para la gestión democrática y la formación de la ciudadanía en las escuelas, la militarización es especialmente grave, ya que ha comenzado con una demanda de la población. Muchas familias consideran que sus hijas e hijos viven en condiciones inseguras, y, en lugar de exigir la mejora de las políticas de seguridad pública y educación pública, piden que la policía tome las escuelas. Entonces, la policía asume las escuelas, recibe mucho más recursos de las escuelas vinculadas a la Secretaría de Educación, y todavía le cobra honorarios a las familias, practicando una selección de las/os estudiantes que pueden asistir a dicho establecimiento en función de sus condiciones financieras. Sin embargo, el problema de la indisciplina se resuelve mediante la selección de los estudiantes, y no por la presencia de la policía en las escuelas.
CLADE – Observamos como una constante en todos estos proyectos polémicos la fuerte reacción de los estudiantes y profesores/as, por una parte, y la represión violenta y rampante de la policía, así como la criminalización de los movimientos sociales por el estado. ¿Cómo esto también puede fortificar la reducción de la democracia y favorecer la presencia del mercado en las escuelas?
Cara – Hay un problema estructural de la seguridad pública brasileña, que es la militarización de la policía. En ningún país democrático debe haber una policía militarizada, y mucho menos una educación militarizada. Si la policía no puede manejar la democracia, respetando el derecho a una manifestación política, imagínense si podrá hacerle frente a la gestión democrática en las escuelas. Después de todo, en las manifestaciones políticas, aunque la policía actúe de forma agresiva o no respete los derechos humanos, tiene para ello un mandato de defensa del patrimonio público y privado, así como la defensa del orden. Sin embargo, hace mal uso de estas atribuciones, incluso cuando actúa en su mandato. Que esa policía esté en la gestión escolar es muy grave, ya que no tiene mandato para educar. Además, yo no puedo creer que un niño pueda aprender con miedo. En este entorno, no puede haber un aprendizaje adecuado que asegure la formación de un ciudadano de pleno derecho.
CLADE – Las ocupaciones de escuelas por los estudiantes movilizadas/os contra este tipo de política en Goiás y Sao Paulo representan un gran ejemplo del potencial y la capacidad de los jóvenes de hoy en día para la práctica de la organización, la democracia, la autogestión y la participación social. ¿Cómo, en su opinión, el poder público y las organizaciones de la sociedad civil deben apoyar e incluir la participación de los jóvenes en el diseño e implementación de las políticas públicas educativas?
Cara – Esta es una pregunta primordial. Lo que ocurrió en Sao Paulo fue totalmente espontáneo, y lo que sucede ahora en Goiás se alimenta del ejemplo de São Paulo. Sociológicamente, la ocupación de las escuelas en estos estados se inspira en las manifestaciones de junio 2013 en Brasil, impulsadas por el Movimiento Pase Libre, y también en las acampadas en los Estados Unidos y Europa, especialmente en España [en contra de políticas que pretenden suprimir derechos sociales en el contexto de la crisis financiera internacional], así como en la “Primavera Árabe”. Estos casos son manifestaciones de lo que los jóvenes de hoy no quieren. En São Paulo, las/os estudiantes movilizadas/os dejaron claro que no querían el cierre de sus escuelas o la reorganización escolar impuestas por el gobierno. Pero en algunos casos demandaron más todavía.
Las ocupaciones fueron muy heterogéneas, y lo que es cierto en este proceso es tener en cuenta que las/os estudiantes se movilizaron por el derecho a la educación y por no perder el cupo en las escuelas donde estudiaban. De eso se derivó también, en algunas escuelas, la lucha por una nueva educación, más relevante y de mayor calidad. Pero sigue siendo un reto involucrar a estas/os estudiantes de forma continua en la construcción de una gestión democrática de las escuelas porque los centros educativos también son muy heterogéneos entre sí.
Desafortunadamente, la participación en la definición de las políticas educativas es todavía muy rudimentaria. Un primer paso podría ser que los educadores y educadoras, en una postura humilde, pudieran llamar a las/os estudiantes, padres y madres para hablar, fomentando la participación de la comunidad en el entorno escolar, de acuerdo a cada contexto y realidad. Las ocupaciones dejaron claro que la participación y gestión democrática en el entorno escolar son principios educativos que deben ser cumplidos de una vez, ya que están incluso previstos en la Constitución Federal.
