A cinco años del inicio de la pandemia de COVID-19, el uso de tecnologías digitales en la educación ha crecido exponencialmente, generando oportunidades, pero también nuevas desigualdades. La digitalización educativa en América Latina y el Caribe (ALC) ha estado marcada por la brecha digital, la privatización de la educación y la creciente influencia de grandes corporaciones tecnológicas en las políticas públicas.
Escrito por Andrés Ramos.
En un mundo cada vez más digitalizado, el acceso y uso de tecnologías en la educación se ha convertido en un tema central de debate, especialmente en ALC. Con este propósito, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo del Fondo Derechos Digitales, organizó el videocast “Derechos Digitales: riesgos y avances hacia la garantía del derecho humano a la educación en ALC” donde, Carolina Osorio e Israel Coelho, equipo investigador, presentaron el estudio realizado sobre la situación actual en México, Colombia y Chile, analizando cómo la gobernanza de la digitalización impacta en la garantía del derecho a la educación. Utilizando el marco de las “5A” de la educación, ya que, en su elaboración original en inglés, son palabras que comienzan con la letra “A” (availability, accessibility, acceptability, adaptability y accountability). Para su escritura en español, las cinco dimensiones son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y transparencia, se evaluaron las políticas públicas y su relación con el género y la equidad.
Osorio enfatizó que “el periodo de pandemia y pospandemia fue un periodo muy fértil que ayudó a las grandes corporaciones a tener una entrada mucho más rápida en los procesos de digitalización en la región”.
Uno de los puntos centrales del debate fue el impacto diferenciado de la digitalización en mujeres y niñas. Según el informe, solo el 35% de las personas graduadas en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son mujeres, y estas ocupan menos del 25% de los empleos en tecnología.
Por su parte, una de las invitadas, Paola Ricaurte, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey y también investigadora asociada del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard, señaló que “estos procesos de digitalización están impulsados desde centros de poder geopolítico y tecnológico que no responden a nuestras realidades”. Además, subrayó que “la transformación digital está liderada por hombres y las mujeres empleadas en tecnología apenas ocupan el 15% de los empleos”.
A lo que Ivana Mondelo, especialista en comunicación y tecnologías y coordinadora de comunicación estratégica en Datagénero, resaltó que “las políticas públicas deben garantizar la seguridad de niñas y mujeres en entornos digitales, considerando no solo el acceso sino también el tipo de uso que se hace de las tecnologías”.
Gobernanza Digital y Soberanía Tecnológica
Otro tema clave fue la gobernanza digital y el rol de los Estados frente a la creciente influencia de empresas privadas en la educación. Paloma Lara-Castro, abogada y directora del área de Políticas Públicas de la organización Derechos Digitales, destacó la importancia de la transparencia en las decisiones gubernamentales y la necesidad de regular la participación de actores privados en la digitalización educativa. “El control corporativo sobre la infraestructura tecnológica limita la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas digitales”, advirtió Lara-Castro.
El informe reveló que, si bien muchas políticas educativas incluyen mención a la equidad de género y la inclusión digital, en la práctica no existen mecanismos de evaluación claros sobre su impacto. Además, la investigación identificó una alta presencia de alianzas público-privadas con empresas como Google, Microsoft y Amazon, lo que plantea interrogantes sobre la soberanía digital y el control de los datos de las comunidades educativas. “No quedan claros los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la digitalización de la educación”, indicó Osorio.
Como conclusión, los y las ponentes coincidieron en que la digitalización de la educación debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando la inclusión, la equidad de género y la transparencia en la toma de decisiones. Entre las principales recomendaciones del estudio se encuentran:
- Fortalecer la gobernanza digital con marcos normativos claros y participativos.
- Implementar políticas educativas que promuevan la equidad de género en tecnología.
- Regular la participación de actores privados en la digitalización educativa.
- Fomentar el uso de tecnologías libres y abiertas en la educación pública.
- Garantizar la protección de datos personales en entornos digitales educativos.
El videocast de CLADE dejó en claro que la digitalización de la educación es un proceso inevitable, pero su implementación debe responder a las necesidades de las comunidades y no a intereses corporativos. Paola Ricaurte enfatizó que “debemos repensar qué costo tiene para nosotros adoptar estas tecnologías y qué impacto tienen en términos epistémicos y de soberanía digital”.
La clave está en promover una educación digital que no solo garantice el acceso, sino que también sea una herramienta para la justicia social, la equidad de género y el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe.
