G20 y educación: la lucha de la sociedad civil por recursos adecuados para ese derecho

Activistas de la CLADE y la Campaña Mundial por la Educación impulsaron acciones de incidencia, movilización y comunicación en el contexto del G20, y lograron que las mayores economías del mundo reconocieran la educación como un derecho humano esencial para promover el desarrollo con inclusión, prosperidad y paz

El derecho a la educación, al lado de otros temas relevantes como igualdad de género e inclusión financiera, fue 1 de los 31 puntos de la declaración final de la Cumbre del G20, celebrada los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina. Por primera vez en su historia, el grupo que reúne a las más grandes economías del mundo – entre ellas los países latinoamericanos Argentina, Brasil y México – incluyó las políticas educativas en su agenda.

“El acceso a la educación es un derecho humano y un campo estratégico de las políticas públicas para el desarrollo de sociedades más inclusivas, prósperas y pacíficas”, dice la Declaración final del G20: en español | en inglés.

Esta mención a la educación como un derecho representa un avance y una conquista de la sociedad civil en el contexto del G20. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Mundial por la Educación (CME), la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) en México, ha impulsado desde abril hasta diciembre de 2018 acciones de incidencia política, movilización a través de las redes sociales y comunicación, para presionar estos Estados a que reafirmasen un compromiso con la garantía de sistemas educativos públicos, gratuitos e inclusivos, como establece la Agenda de Educación 2030.

Estas redes señalaron también que sin medidas claras para promover la justicia tributaria, difícilmente estos Estados podrán asegurar los recursos financieros necesarios para el fortalecimiento de sistemas educativos públicos con calidad e inclusión. En ese sentido, se celebra también la mención a la relevancia de la justicia tributaria en la declaración de líderes del G20.

Por otro lado, faltó en el documento un compromiso más sólido con la garantía de una financiación pública justa y adecuada para las políticas educativas. Esta fue una demanda de CLADE y sus miembros planteada a representantes de los Estados de América Latina y el Caribe en las Reuniones Ministeriales que se realizaron previamente a la Cumbre de Líderes del G20 – más exactamente en septiembre de 2018 en Mendoza, Argentina. Estos aportes y muchos otros, referentes a inclusión, justicia tributaria, equidad, igualdad de género y acceso y permanencia escolar para todas/os, fueron presentados por la CLADE, la CME y otras organizaciones en los diálogos del C20, espacio de participación de la sociedad civil en el G20, que hizo llegar estos planteamientos a las autoridades del Grupo.

Documento entregue por la CLADE a Ministras y Ministros de Educación y Empleo de América Latina y el Caribe en el G20: en español | en inglés

Documento del C20 con recomendaciones a las autoridades del G20, que contó con aportes de la CLADE y la CME (en inglés)

Como resultado, se logró que en la Reunión Ministerial de Educación del G20, realizada el 5 de septiembre, las autoridades presentes reafirmaran el compromiso con el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030 y la garantía de una educación de calidad, equitativa e inclusiva.

La declaración de esta reunión ministerial [disponible en español] subraya que las políticas hacia la igualdad de género en la educación son fundamentales para el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que se debe dotar a las y los docentes de conocimiento, habilidades, valores y actitudes libres de los estereotipos de género para que todas y todos se desarrollen hasta alcanzar su máximo potencial. Además, señala que la implementación de estas políticas requiere un financiamiento adecuado.

A pesar de recoger gran parte de las demandas presentadas por la CLADE, la CME y sus miembros, la declaración ministerial no profundiza en algunos de los planteamientos de la sociedad civil, por ejemplo, el compromiso de los Estados con la garantía de sistemas educativos públicos y gratuitos, y la justicia tributaria como forma de asegurar presupuestos públicos nacionales y sostenibles para la educación. Otras partes de la declaración, a su vez, generan preocupación porque defienden la gestión educativa “por resultados”, lo que podría abrir camino para la focalización de inversiones en políticas educativas “eficientes”, según los recursos que estén “disponibles”, en detrimento de parámetros para un financiamiento educativo con calidad para todas las personas, que pongan a los derechos por encima de los resultados y se desarrollen en diálogo con la sociedad civil.

A su vez, la declaración final de líderes del G20 dejó de incluir un compromiso expreso con el combate a la evasión fiscal, el fin de los incentivos fiscales perjudiciales y la implantación de reformas tributarias progresivas. Generar recursos a partir de esas medidas sería una opción más racional frente al actual recorte de gastos para la educación, la salud, la asistencia social y otros derechos en la región de América Latina y el Caribe, bajo la justificación de controlar las cuentas públicas y superar la crisis económica.

Mientras tanto, los desafíos para la educación son muchos, y exigen el aumento progresivo de recursos para el área. En Brasil, 2,8 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela – lo equivalente al 5% de las personas en ese grupo de edad. En México, 1/3 de las y los adolescentes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela, y en Argentina, sólo en la provincia de Buenos Aires, más de 450 escuelas no funcionan debido al mal estado de los edificios.

Pese a la permanencia de estos obstáculos, se observa un gran recorte de recursos para la educación y otros derechos sociales, resultado de políticas de ajuste fiscal implementadas en Argentina y Brasil. En este último país, la Enmienda Constitucional 95/2016 ha congelado los gastos públicos en salud, educación y asistencia social por 20 años. En Argentina, el ajuste de gastos que el gobierno nacional proyectó para el 2019 afectará a todos los programas de educación inicial, básica y secundaria, llevando a una caída real de inversiones en infraestructura y equipo escolar del 77%. México, por su parte, vive un momento de esperanza con la toma de mando del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la sociedad civil del país estará atenta para exigir que cumpla la promesa hecha durante la campaña, de aumentar significativamente la inversión pública en educación.

El G20 y la coyuntura de América Latina y el Caribe, por lo tanto, dejan una lección y un camino a seguir: la red CLADE y sus miembros deberán seguir impulsando acciones a nivel regional y nacional, para instar los gobiernos a asumir y cumplir compromisos firmes y creíbles con la financiación educativa. De lo contrario, no será posible cumplir el ODS de número 4, referido a la educación.

Movilización regional de la CLADE: ¡Financien lo Justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos