El documento “La incidencia política por el derecho humano a la educación: relatos y aprendizajes desde América Latina y el Caribe”, presenta experiencias de activistas en la defensa de diferentes aspectos del derecho humano a la educación. Entre ellos, se destaca la temática del financiamiento educativo, la cual se enfocó en las acciones llevadas a cabo por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en ámbito regional, así como por sus miembros en El Salvador y Haití, respectivamente: Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) y Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT).
En distintos contextos, con diversas acciones y estratégias, las iniciativas tienen como punto en común el objetivo de presionar por el fortalecimiento de la educación pública y gratuita, exigiendo de los Estados un financiamiento justo y adecuado para este derecho. Los tres casos resultaron en importantes logros y generaron valiosos aprendizajes, que pueden ser útiles para otros movimientos y organizaciones de la sociedad civil. A continuación, conoce más sobre cada una de estas experiencias.
CLADE: ¡Financien lo justo!
La Campaña Mundial por la Educación (CME) lanzó, a inicios de 2017, un llamado a la acción por más y mejores recursos financieros para el cumplimiento del derecho humano a la educación.
La CLADE atendió a este llamado y, en conjunto con sus miembros en diferentes países, puso en marcha la movilización regional “¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos”.
Con la iniciativa, se buscó alertar para los retrocesos presupuestarios en la educación en distintos países de América Latina y el Caribe (AL&C). En ese contexto, la CLADE lanzó el “Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en AL&C”, una plataforma virtual que compila datos sobre el financiamiento educativo público en 20 países de la región, referentes al período del 1998 al 2016.
Otras acciones desarrolladas fueron: la difusión de mensajes en eventos internacionales estratégicos; el apoyo y difusión permanentes a eventos, debates, acciones de incidencia y movilización, así como estudios organizados por los miembros de la CLADE; la realización de un diálogo virtual con estudiantes de la región, para discutir de qué manera las reformas educativas que se impulsan en distintos países afectan el derecho a la educación; y la realización de encuentros presenciales sobre financiamiento educativo y justicia tributaria en Argentina y Perú, así como una campaña de comunicación y movilización a través de las redes sociales sobre esta temática, desde una alianza de la CLADE con Latinidad y Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, con miras a sensibilizar e informar la ciudadanía sobre la importancia de la justicia tributaria como forma de asegurar la sostenibilidad del financiamiento del derecho humano a la educación.
La campaña generó amplia visibilidad a las demandas de la iniciativa “¡Financien lo justo!” en el marco de la 72ª Asamblea de la ONU y de la Conferencia sobre el Financiamiento Educativo de la Alianza Mundial por la Educación (AME), donde los gobiernos reconocieron que el financiamiento es un elemento clave y señalaron la necesidad de aumentar los presupuestos educativos. En la Conferencia de la AME, 50 países en desarrollo de todo el mundo anunciaron el aumento de su presupuesto nacional educativo en 30 mil millones de dólares del 2018 al 2020.
El Salvador: 6% Sí, por la educación
La Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), coalición de organizaciones y movimientos de la sociedad civil que defienden el derecho humano a la educación en El Salvador, desde su principio, en 2013, tomó el financiamiento educativo como su principal bandera de incidencia y movilización.
En el 2014, en el marco de las elecciones presidenciales, y con miras a incidir en los planes y propuestas de las candidatas y los candidatos, RESALDE desarrolló y lanzó el estudio “El financiamiento de la educación en El Salvador”, que demostró la necesidad de aumentar las inversiones públicas en educación en el país para lograr un financiamiento adecuado. En base a sus hallazgos, la red desarrolló la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad.
En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación.
Gracias a su labor de incidencia permanente y al diálogo respetuoso y constructivo que mantuvo con las diputadas, diputados y representantes del Ministerio de Educación, la RESALDE conquistó el apoyo de las autoridades a la campaña y para elaborar el anteproyecto de ley.
La iniciativa, así mismo, buscó informar a la población sobre la importancia de garantizar más recursos y mejor uso del presupuesto para la educación, estimulando la participación y movilización de la ciudadanía. Mensualmente, se han organizado reuniones y círculos de diálogo con la sociedad civil. En 4 años, se realizaron debates en 42 municipios.
“Hemos concientizado mucha gente, sobre todo las personas más vulnerables de nuestro país, que ahora nos apoyan y reconocen como red aliada, además de un colectivo relevante en el país”, celebra Max Ayala, coordinador de Comunicación de RESALDE.
Haití: defensa de ley para regularizar el cobro de tasas escolares
En Haití, cerca del 80% de las escuelas son privadas. Además de las tasas de matrícula y mensualidades, las escuelas privadas cobran una tasa anual para el mantenimiento de la infraestructura escolar. Frente a ese escenario, en el 2009, el ex senador de Haití, Kely Bastien, presentó un proyecto de ley para regularizar el cobro de tasas escolares por el sector privado, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado en ese mismo año.
Sin embargo, la aprobación de la ley generó una amplia resistencia por parte del sector privado, haciendo que la Presidencia de la República no la publicara, postergando su entrada en vigor. Fue solamente en enero del 2017, luego de una insistente movilización popular, que la Presidencia decidió publicar el reglamento.
Para hacer frente a la resistencia del sector privado a la ley de regularización de las cuotas escolares, visibilizar el derecho humano a la educación y presionar por la aprobación y publicación de la ley, la Reagrupación Educación para Todas y Todos (REPT), desde 2009, puso en marcha una serie de actividades de incidencia política y movilización social en todos los departamentos del país.
La divulgación de la ley a los distintos grupos de base que componen la membresía de la REPT, entre ellos sindicatos docentes, madres y padres en distintas partes del país; la realización de encuentros con comunidades educativas y movimientos sociales para presentarles la propuesta de ley; conferencias de prensa; y la organización de encuentros con parlamentarias y parlamentarios para presentarles recomendaciones de la sociedad civil e incidir por la aprobación de la ley, fueron algunas de las acciones desarrolladas.
“Nuestra estrategia fue crear a nivel nacional una opinión pública, primero, favorable al voto y, segundo, a la publicación de la ley. Eso se hizo en muchas zonas del país, para que muchas organizaciones hicieran públicas sus opiniones a favor de la ley, lo que contribuyó mucho a su aprobación”, afirma William Thélusmond, coordinador general de la REPT.
Cuando la ley fue finalmente publicada, la REPT realizó una masiva difusión de su contenido en todos los departamentos del país, y promovió encuentros con actores de la comunidad educativa y autoridades locales, exhortándoles a aplicar el reglamento. Solicitó también al Ministro de Educación y Formación Profesional que se pronunciara públicamente sobre la obligatoriedad de la aplicación de la ley, y demandó la creación de mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento de la norma.
Sobre la Publicación
Resultado de un esfuerzo permanente de la CLADE en registrar y darle visibilidad al recorrido de sus miembros, la publicación presenta casos de incidencia, comunicación, investigación, articulación interinstitucional y movilización en 10 países de América Latina y el Caribe, así como 3 experiencias de ámbito regional, impulsadas por la CLADE y 2 redes regionales que son miembros de la Campaña: Espacio sin Fronteras y Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER).
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