Patricio Basso, ex-Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, comenta el impacto de los altos aranceles de la enseñanza superior en el endeudamiento de las familias en su país
Fuente: El Mostrador | Por Patricio Basso
Extrañamente, uno de los factores de mayor incidencia en el endeudamiento y gasto familiar en educación superior ha estado fuera del debate o ha sido tocado solo tangencialmente: el valor de los aranceles que cobran las instituciones de educación superior.
Es posible que muchos de los que opinan sobre educación superior, y no pocos “especialistas”, no sepan que el arancel de referencia, que se utiliza para establecer la ayuda que el Estado presta a los estudiantes –desde 2001 para las instituciones públicas y desde el 2005 para todo el sistema– tiene poco o nada que ver con el costo real de las carreras, es decir, con los recursos que cada institución gasta en cada estudiante.
En efecto, en el documento publicado por el Ministerio de Educación en diciembre de 2014, “METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE ARANCEL DE REFERENCIA 2015 PARA UNIVERSIDADES ACREDITADAS”, se hace uso de los siguientes indicadores: i) N° de Jornadas completas equivalentes (JCE) (horas asignadas/44) con magíster y doctorado (magíster=1/3 doctor)/alumnos de pregrado. ii) Nº de proyectos (FONDECYT y FONDEF)/JCE con magíster y doctorado. iii) Nº de publicaciones ISI y Scielo (Scielo=1/3 ISI)/ JCE con magíster y doctorado. iv) Tasa de titulación oportuna. v) Tasa de retención en primer año.
Como se puede observar, ninguno de estos indicadores guarda relación alguna con el costo de la docencia. En efecto, mientras los tres primeros dicen relación con la calificación de los docentes de la universidad, la exposición de los estudiantes a docentes altamente calificados y la productividad científica de los académicos, respectivamente, el cuarto y quinto son indicadores de eficiencia docente.
Hasta donde tengo conocimiento, no existe ningún estudio o informe que mida, o al menos estime, el costo real de las carreras. Se aduce para ello –especialmente por los directivos de las instituciones- que no es posible determinar dicho costo. Discrepo totalmente de dicho argumento.
Cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de administración financiera sabe que siempre es posible crear en los sistemas contables “centros de costos”, de modo que cada egreso directamente asociado a cada carrera sea clasificado en un centro de costo en función del objetivo del gasto. Para situaciones más complejas como son, por ejemplo, los gastos generales de administración, se utiliza una distribución del gasto entre los diferentes centros de costos mediante algunos criterios razonables como, por ejemplo, la proporción de alumnos de la institución en cada carrera.
Hemos puesto en evidencia que una causa esencial del excesivo nivel de gasto o endeudamiento de las familias es el cobro de aranceles abusivos, cobro que cuenta con el beneplácito del Estado, que es el que fija los aranceles de referencia sobre la base de indicadores que no tiene ninguna relación con el costo real de las carreras. Si los aranceles se ajustaran a los costos reales, se podría financiar una parte importante de la gratuidad para los sectores de más bajos ingresos, pudiendo, ciertamente, ir mucho más allá del 50% de los estudiantes que se está proponiendo para el 2016.
No obstante que no existe información respecto de los reales costos de las carreras –omisión imperdonable del Ministerio de Educación de todos los gobiernos– es posible demostrar, indirectamente, por diferentes medios, que los aranceles de referencia son muy superiores a los costos reales de las carreras y que, en consecuencia, las familias chilenas y el propio Estado, están pagando mucho más caro por los servicios docentes que lo que estos realmente cuestan, lo que por cierto es injustificable desde cualquier punto de vista, incluido el de quienes sostienen que el mercado debería regular los precios.
Me correspondió desempeñarme como Director de Planificación de La Universidad de Chile entre 1990 y 1993 y como Vicerrector de Economía y Administración entre 1994 y 1998. En aquellos años –y no creo que las cosas hayan cambiado mucho– en carreras como Derecho, Ingeniería Comercial, Psicología o Periodismo, se cobraban aranceles superiores a sus costos, utilizándose los excedentes para financiar la investigación, ya que, desde esos años, el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de financiarla.
Otro modo de poner en evidencia que los aranceles son muy elevados, es mirar el Patrimonio de las universidades. Para ello se determinó cuál debería haber sido la tasa de interés anual a la que habría que haber puesto el Capital con que se constituyó una universidad –aporte de los socios o controladores– desde el año de su constitución hasta el 2013, para que al cierre del ejercicio 2013 se hubiese tenido un monto igual al patrimonio.
El Aporte de los Socios –Capital Pagado, Capital Aportado, Fondo Social o cualquier otra denominación utilizada para identificarlo– expresado en moneda de diciembre de 2013 y el Patrimonio a igual fecha, se obtuvieron de los respectivos Estados Financieros publicados por el Mineduc –los del 2014 no están disponibles a la fecha– y los años de antigüedad de cada una de ellas de los respectivos sitios web. Se asumió que el aporte de los socios se hizo íntegramente al momento de la constitución de la universidad.
Por ejemplo, la Universidad San Sebastián (USS) se constituyó con un Capital de $ 14,4 millones en 1990 –expresado en pesos de diciembre de 2013– y su Patrimonio, al cierre del ejercicio 2013, era igual a $ 37.457 millones, es decir, su patrimonio era 2.609 veces el capital inicial, en moneda de igual valor. Esto es equivalente a haber colocado el Capital a un interés de 39% anual, en unidades de fomento, durante 24 años. Personalmente no conozco ningún “negocio” honorable que tenga una rentabilidad anual, durante 24 años, de UF+39% como tiene la Universidad San Sebastián.
En términos simplificados, el Patrimonio no es más que la suma del aporte de los socios y las Utilidades anuales obtenidas durante un cierto periodo, en el caso de la USS, entre los años 1990 y 2013. A su vez, la Utilidad Anual es la diferencia entre los ingresos y la suma de gastos y costos en cada año. Las enormes utilidades acumuladas demuestran que los gastos y costos de la USS superan con mucho los ingresos que son, en su caso, mayoritariamente ingresos por matrículas y aranceles, es decir, que está cobrando aranceles muy superiores a los costos reales de impartir la docencia.
Pero la Universidad San Sebastián no es un caso aislado. La rentabilidad anual, en UF, de otras universidades han sido la siguientes: Universidad Santo Tomás, 38%; Universidad del Desarrollo, 34%; Universidad de Los Andes, 29%; Universidad Adolfo Ibáñez, 27%; Universidad Mayor, 23%; y Universidad Diego Portales, 22%.
Los altos aranceles que cobran las universidades privadas no solo han estado en el origen de los altos niveles de gasto y endeudamiento que han debido enfrentar las familias, sino que, además, han significado un enorme derroche de recursos fiscales, ya que el Estado ha financiado becas y avalado créditos a los estudiantes conforme al arancel de referencia y no de acuerdo a los costos reales de las universidades.
En muchos casos los socios controladores de las universidades han obtenido, por medio de transacciones relacionadas, grandes utilidades a expensas de la universidad y, por ende, de las familias y del propio Estado. Cabe mencionar que dichas utilidades se han disfrazado, usualmente, como gasto, por lo que han rebajado las utilidades de las universidades. Adicionalmente, haciendo uso de estos elevados Patrimonios, han avalado sus propios negocios particulares.
En el caso de las universidades estatales, cuyos aranceles no difieren sustancialmente de los de las universidades privadas, los excesos cobrados por sobre los costos de la docencia han ido a financiar la investigación y la extensión –en aquellas que efectivamente las realizan– de modo que las familias chilenas están financiando funciones que debieran corresponder enteramente al Estado, situación que, en mi opinión, no tiene ninguna justificación. Sería necesario que aquellas universidades estatales que no realizan investigación significativa, expliquen en qué han gastado los ingresos que perciben por matrícula y aranceles.
Una tercera manera de visualizar qué tan elevados son los aranceles universitarios en Chile, es compararlos con el de los países de la OCDE. Los 15 más altos aranceles promedio cobrados por instituciones públicas de educación tipo A (Universidades en el caso de Chile) convertidos a dólares de los Estados Unidos ajustados por Paridad de Poder Adquisitivo son los siguientes, según el informe “Education at a Glance 2014”, publicado por la OCDE: Chile, US$ 5.885; USA, US$ 5.402; Corea, US$ 5.395; Japón, US$ 5.019; Reino Unido, US$ 4.980; Canadá, US$ 4.288; Australia, US$ 3.924; Nueva Zelandia, US$ 3.645; Holanda, US$ 1.966; Italia, US$ 1.407; España, US$ 1.129; Suiza, US$ 863; Austria, US$ 860; Bélgica, US$ 653 y Francia, entre US$ 200 y 1.402.
La conclusión es impactante: en Chile, a igual poder adquisitivo, las universidades públicas cobran el arancel promedio más caro de todos los países de la OCDE.
En resumen, hemos puesto en evidencia que una causa esencial del excesivo nivel de gasto o endeudamiento de las familias es el cobro de aranceles abusivos, cobro que cuenta con el beneplácito del Estado, que es el que fija los aranceles de referencia sobre la base de indicadores que no tiene ninguna relación con el costo real de las carreras. Si los aranceles se ajustaran a los costos reales, se podría financiar una parte importante de la gratuidad para los sectores de más bajos ingresos, pudiendo, ciertamente, ir mucho más allá del 50% de los estudiantes que se está proponiendo para el 2016.
