Educación pública en riesgo: Hacia la XI Asamblea Regional CLADE

9 de noviembre de 2020

Por: Cobertura conjunta PRESSENZA, ALAI y ALER | Producción: María Cianci Bastidas, ALER |Transcripción: Javier Tolcachier, Pressenza

Entrevista con Catarina de Almeida Santos, de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação – Brasil y Luis Bonilla Molina, de la Red Global / Glocal por la Calidad Educativa.

¿Cuáles son los riesgos en los que se encuentra la educación pública en el contexto de pandemia?

Catarina de Almeida Santos: La educación pública, y hablando sobre todo de Brasil, tiene como riesgos en primer lugar que muchos niños/as y jóvenes adolescentes están sin acceso a la educación, dependen de la infraestructura de la escuela y en ese momento tenemos falta de acceso a tecnología, de condiciones adecuadas en las viviendas, personas en casa que no consiguen insertarse en los procesos de aprendizaje. Son millones de brasileños/as que en ese momento están sin acceso a la educación.

Otros tantos tienen acceso por medio de plataformas privadas. Eso significa colocar en riesgo los datos de la población mediante la apropiación de esos datos por parte de dichas plataformas. Las niñas que están en condiciones de vulnerabilidad ahora están en casa, muchas veces junto a sus agresores y no está la escuela para auxiliar. Tenemos la población indígena, la población quilombola, muchos de ellos sin acceso a la educación.

Por otro lado tenemos un Estado que ha negado el derecho a la educación, cortado el financiamiento y no se ha comprometido con garantizar el derecho a la Educación. Esos algunos de los riesgos que tenemos en Brasil y que muchas veces se repiten en varios países de nuestra América.

Luis Bonilla Molina: Lo que está ocurriendo en el marco del Covid-19 es algo que ya se venía programando. En Incheon 2015 las grandes transnacionales de la tecnología anunciaron que en un horizonte máximo de una década, iban a un modelo de educación virtual.

A pesar de este anuncio, que se hizo ante más de cien representantes de los gobiernos del mundo, los ministerios de Educación de los países hicieron muy poco para garantizar plataformas virtuales propias, repositorios de nube, formación docente adecuada para trabajar en entornos virtuales y para generar contenidos digitales.

Eso ha generado que en los meses de la pandemia ocurran dos fenómenos muy claros. Uno, de un nuevo modelo de privatización, que no se había visto hasta ahora. En el marco de la pandemia fueron las familias, los y las estudiantes, los y las docentes quienes tuvieron que comprar computadores, acceso a internet, planes de datos y el Estado se desentendió de su responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el Derecho a la Educación.

Pero además, este acceso a internet en el caso de los profesores fue muy difícil que se pudiera alcanzar en un 100% en muchos países. En el caso de los estudiantes, las cifras que manejamos representan una exclusión promedio de casi un 50% en la región que no pudieron ya sea conectarse a Internet o tener capacidad de trabajar en estos entornos de una manera tan rápida. Trabajar de modo virtual para los estudiantes no significa solo acceso a internet y una computadora, que ya es bastante difícil en una región en la que la conexión a internet solo es del 59%, sino que además requiere un acompañamiento muy importante de las familias.

Dada la situación de familias que requieren buscar sus recursos para sobrevivir esto es muy difícil en una región que, según la CEPAL, está alcanzando el 34.7% de pobreza, de la cual 80 millones de seres humanos, en el marco de la pandemia, están en pobreza extrema

Hay nuevos modelos de privatización que tienen que ver con el acceso a equipos, conexión y un nuevo modelo de exclusión, que son aquellos que no pueden trabajar o acceder, lo que plantea nuevos y renovados desafíos para el Derecho a la Educación en la región.

¿Qué experiencias en favor del derecho humano a la educación puede mencionar como un logro de la sociedad civil ante la amenaza de la privatización y la desfinanciación?

Catarina: Aquí en Brasil, la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación organiza un conjunto de entidades, algunas de las cuales no hacen parte pero se organizan en torno a ella. La sociedad civil obtuvo una gran victoria con la enmienda de la Constitución aprobando el Fondo de Manutención y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB) y Valorización del Magisterio. Al aprobarse esa enmienda constitucional se aprobó el aumento de recursos para la Educación, de participación del Gobierno Federal, de Estados y Municipios en el financiamiento de la Educación.

Gran parte de las matrículas en Brasil dependen del FUNDEB. Fue un gran logro que ahora conseguimos insertar en la Constitución un mecanismo llamado Costo Alumno-Calidad. Nuestras escuelas están en condiciones precarias, no tienen laboratorios, no tienen bibliotecas y el mecanismo Costo Alumno-Calidad garantiza eso. Este mecanismo estaba en la Ley del Plan Nacional de Educación aprobada en 2014, pero el gobierno brasileño nunca la reglamentó. Ahora tenemos el mecanismo del Costo Alumno-Calidad en la Constitución, que es la ley máxima, la ley mayor del país.

Logramos que se apruebe también el mecanismo para valorizar a los profesionales de la Educación, especialmente los profesores. Aprobamos el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica. La aprobación de la Enmienda Constitucional 108 fue una gran victoria de la sociedad civil brasileña, y ahora estamos abocados a que se ponga en práctica y pueda cambiar la realidad de las escuelas brasileñas y de nuestros estudiantes.

¿Cuáles son las demandas urgentes para mejorar las condiciones docentes con este panorama actual?

Luis: Lo primero que hay que subrayar es que los y las docentes, en medio de la pandemia del Covid-19, se encontraron de la noche a la mañana con unas exigencias nuevas de los procesos de enseñanza y aprendizaje, marcados por la virtualidad.

En ese contexto la mayoría de los docentes no habíamos sido formados para trabajar en entornos virtuales, mucho menos para trabajar con contenidos digitales. La primera situación que se nos plantea es que se requiere una actualización de los programas de formación docente, rápidamente, para que se puedan manejar en nuevos entornos de educación. Porque evidentemente, la escuela presencial es insustituible y en la pospandemia volveremos a la escuela presencial.

Pero la escuela presencial también está siendo impactada por la aceleración de la innovación científica y tecnológica y por supuesto que va a tener un componente virtual. Si no resolvemos el tema de la formación rápidamente, corremos el riesgo que sean las transnacionales de la informática las que coloquen los contenidos, los modelos de virtualidad y ahí estaría en peligro la soberanía cognitiva y como en muchos casos está ocurriendo, estaríamos generando un nuevo modelo de educación bancaria virtual.

En segundo término, se ha producido en este marco una profunda sobrecarga laboral de los y las docentes porque, de hecho, los jóvenes no tienen un horario concreto en el cual conectarse. Esto ha hecho que las y los docentes tengan que trabajar en horarios que no son los habituales. Pero además el número de estudiantes por docente que se usa para la actividad presencial, 30, 40 y hasta 50, un docente de bachillerato que tenga cinco o seis secciones con 50 estudiantes cada una, es imposible trabajarlo en entornos virtuales. Hay que plantearse una nueva discusión al respecto.

Y por supuesto, el tema salarial. Esta pandemia puso en evidencia que los sueldos y las condiciones de trabajo de los docentes son muy precarias en América Latina y por eso muchos tuvieron limitaciones para comprar equipos, para la conexión a internet. Por eso es que organizaciones como la CONADU Histórica (Agrupación de docentes universitarios) en Argentina a nivel universitario está exigiendo que los gobiernos paguen los costos de la conexión a internet y de la preparación de los equipos para poder trabajar. Aparte de la CONADU Histórica, también la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, la Federación de Maestros de Puerto Rico están planteando ese desafío.

Quiero destacar para concluir que un hecho importante fue que el sector educativo, fundamentalmente los gremios docentes de la región y del mundo se organizaron junto al pedagógico y al sector popular para celebrar el 25-26-27 de Septiembre el Congreso Mundial de Educación en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo.

Fue un espacio muy importante de convergencia internacional donde se estableció un acuerdo claro de articulación y la convocatoria para el año 2021 a una Marcha global por el Derecho a la Educación que permita pasar de las palabras y los acuerdos verbales a acuerdos concretos de acción.

¿Cómo podemos seguir con esta esperanza, con este esperanzar de Paulo Freire?

Catarina: Pienso que todos nosotros tenemos mucho porqué luchar. Paulo Freire siempre nos enseñó que todo podemos continuar en la lucha, continuar luchando para que la gente tenga otra educación, para que nuestros países sean más inclusivos, sean menos desiguales, sean países en que todo tengan derecho a los bienes que son producidos por nuestros países. Tengo esperanza en la lucha, en la fuerza y la garra de nuestro pueblo. Vamos a vencer los retrocesos que vivenciamos en diversos países en este momento.

Luis: Enseñó Paulo Freire que la esperanza es también un hecho político. Y en la pandemia, lo más significativo, desde mi punto de vista, ha sido el reencuentro maravilloso, alegre, creativo entre docentes, familias, padres y madres de los estudiantes, los estudiantes, en un esfuerzo mancomunado para resolver las limitaciones que implicaba este giro abrupto a la virtualidad.

Ese encuentro ha permitido revalorar el papel de la escuela presencial, sus posibilidades transformadoras de la sociedad y hay que aprovechar ese reencuentro -que bastante nos hacía falta- para entender que desde la educación podemos iniciar un proceso radical de transformación de nuestras sociedades para lograr mayores niveles de justicia, equidad, igualdad, y por supuesto, surgieron también esperanzas en cuanto a juntar narrativas, que no estaban tan claras antes de la pandemia. Hoy el movimiento pedagógico y de familias tienen un interés que se está comenzando a vincular con las agendas feministas, con las agendas ecológicas, lo que hace presagiar que en la pospandemia el movimiento social va a estar mucho más activo en la defensa de una sociedad más justa y como dice el Foro Social Mundial, en la posibilidad de otro mundo.

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