De acuerdo con el documento lanzado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), intitulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la Garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, la región de América Latina y el Caribe cuenta con complejos y sostenidos procesos de construcción y reproducción de desigualdades que se expresan en la educación como en otras dimensiones sociales.
El informe analiza los debates entorno a lo público y lo privado en el ámbito educativo, la inclusión y las desigualdades, el financiamiento educativo, la cuestión docente, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, y las disputas por los sentidos de la educación.
Con la convicción de la CLADE y de Fernanda Saforcada y Alan Baichman – autores de este escrito – de que el derecho a la educación y su garantía no están sólo en los números de las estadísticas o los reportes que se presentan, sino en la construcción política y en las disputas que cotidianamente, a niveles macro y micro, se desenvuelven, este informe desglosa su mecánica de acuerdo con los tópicos centrales, que se retoman a continuación.
La educación pública en la encrucijada: entre la garantía del derecho y los avances privatizadores
Según el estudio, desde fines del siglo pasado se han observado tendencias crecientes de privatización y de debilitamiento de la educación pública a nivel global. Estas tendencias se han extendido, profundizado y complejizado en este siglo no sólo por la expansión del sector privado, sino también por la acción de actores transnacionales de venta de servicios educativos y por la injerencia del sector empresarial en el ámbito de lo público.
Lo que se comprende por lo público y lo privado en materia educativa, así como las perspectivas en torno a cuál es el rol que el Estado debe asumir, es objeto de disputa. Las reformas neoliberales de los años 1990, en el contexto del Consenso de Washington, impulsaron nuevas formas de nominar que buscaban licuar el sentido histórico de la educación pública, al proponer que toda la educación es pública y desplazar la distinción entre público y privado a una clasificación de modos de gestión: gestión estatal o gestión particular. De este modo, la educación privada es reconocida como pública y, al mismo tiempo, la educación pública pierde su sentido histórico asociado a lo común.
Financiamiento de la educación latinoamericana: avances y retrocesos
El informe explica que, entre el 2000 y el 2014, la inversión en educación en el conjunto de la región aumentó considerablemente. Según la UNESCO y el Banco Mundial, en el 2000 América Latina y el Caribe invertía en educación el 3.86% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, en tanto que para 2014 este valor ascendió a 5.26%. Algunos países de la región han logrado alcanzar el 6% del PBI y otros han podido acercarse. Brasil alcanzó el 6.24% en el 2015. Bolivia logró alcanzarlo desde el 2002, llegando al 7,29% en el 2014. Costa Rica lo logró desde el 2009, con 7,06% para este indicador en el 2016. Cuba superó el valor de referencia en primer lugar, presentando el 12,84% para 2010 (último año con datos disponibles) y Venezuela con 6,88% en el 2009.
Por otro lado, en términos de deuda, la mayor parte de los países no alcanza los estándares mínimos comprometidos, tanto en relación con el derecho a la educación como con el ODS 4 – Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Esta deuda es histórica y se vincula tanto con las características de nuestros Estados como con las relaciones internacionales y las exigencias de ajustes fiscales en el marco de las deudas externas de los países de la región. A pesar de que los primeros años de este siglo constituyeron un período de expansión del financiamiento público a la educación. Sin embargo, aún con tendencias de incremento de los recursos educativos en un contexto de crecimiento de las economías latinoamericanas, la mayor parte de los países no logró cumplir con las metas asumidas en esta materia (6% del PBI y 20% del total del gasto público destinados a educación).
Derecho a la educación y participación de la sociedad civil: un campo en tensión
Desde una concepción de participación positiva, los distintos sectores de la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar, opinar, criticar y debatir sobre las políticas educativas en sus distintas dimensiones y momentos, sean estos los procesos de toma de decisión, la construcción programática y planificación de la política, su implementación y desarrollo, y su evaluación. En América Latina y el Caribe, según el estudio, son habituales las protestas por parte de sindicatos docentes y de centros de estudiantes que abogan por más financiamiento para la educación, por mejores condiciones salariales para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en general. También se han llevado adelante acciones exigiendo una mayor oferta educativa estatal (sobre todo en nivel inicial y superior) debido a que las vacantes públicas no son suficientes. En los últimos años también se ha visto la incursión de interlocutores por parte de la Iglesia, otras instituciones religiosas y el sector empresarial-privado.
Las disputas por los sentidos de la educación
El ODS 4 se titula “Educación de calidad”. Se vuelve central entonces la discusión acerca de qué entendemos por calidad, quién y qué define una educación de calidad. Podría sostenerse que los aprendizajes son de “calidad” si son acordes al contexto vivido por quienes los aprenden, situados, significativos y relevantes. Se puede pensar que un sistema educativo es de calidad si está en diálogo con los problemas, los desafíos y las necesidades de una localidad determinada y su sociedad; si se orienta por un proyecto social, igualitario y colectivo. El informe presenta que la definición de qué es una educación de calidad hoy está determinada por las lógicas de las evaluaciones estandarizadas de resultados. La gravitación de la evaluación estandarizada como estrategia de regulación de la educación no atañe sólo a América Latina y el Caribe, sino que es global y resulta evidente cuando se observan las repercusiones y la eficacia, en términos de impacto político, de la iniciativa PISA, y otras medidas de evaluación aplicadas por la región.
Educación a lo largo de la vida: un panorama del acceso a la educación formal
También según el estudio, en la región, los niños y las niñas de entre 3 y 4 años tienen un promedio de que 6 de cada 10 participan en programas de educación preescolar; sin embargo, hay una alta heterogeneidad en la región: en algunos países la matriculación es casi universal; en otros se ubica en torno al 30%. UNESCO reporta que la tasa neta de matrícula de educación primaria en la región es del 93.1%. Muchos países superan el 95% en la tasa de matrícula, aunque también son numerosos los países que están por debajo de esa cifra, lo que significa una enorme cantidad de niños y niñas sin escuela, demostrando que la educación primaria es aún una deuda.
En términos de educación secundaria, la tasa neta de matrícula en la región era del 76.9% en 2017, evidenciando un crecimiento en más de 4 puntos desde el 2010 (se encontraba en el 72.8%). A pesar de un notorio avance en la región, los números son muy lejanos respecto de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2017 la tasa bruta de matrícula en el nivel terciario para la región era del 50.6%. Datos demuestran que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran con una tasa menor al 30%, mientras que Argentina y Chile logran superar un 85%. Existen grandes diferencias entre los países de la región y dentro de cada país se verifican muy desiguales posibilidades de acceso en base a las desigualdades socioeconómicas.
La región tiene una historia de vinculación de la educación popular, protagonizada por movimientos sociales y políticos, con la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, se mantienen varios desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas. Por un lado, muchos programas todavía se concentran en el primer nivel de la alfabetización y se presta muy poca atención a los niveles siguientes. Por otro lado, hay escasa producción de datos e indicadores específicos sobre el tema que permitan elaborar mejores programas y políticas.
Educación, inclusión y desigualdades
Se identifican tres ejes en torno a la inclusión educativa en la región, según el estudio: un primer eje es que la educación inclusiva estuvo ligada únicamente a la escolaridad de personas con discapacidades; luego esta noción se amplía y se pasa a una concepción de inclusión educativa con foco en determinados grupos sociales reconocidos como aquellos excluidos; finalmente, en el contexto del pos-neoliberalismo, la inclusión educativa se articula y redefine en una perspectiva general de inclusión social, como una de las dimensiones de políticas orientadas a dar respuesta a las desigualdades.
En términos de educación y género, en América Latina y el Caribe se ve que por cada 93 niños que terminan el primer ciclo de enseñanza secundaria hay 100 niñas y que “el número de mujeres pobres que terminaron los dos ciclos de enseñanza secundaria es superior al de los varones” (UNESCO, 2018). Además, en la región, las brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria en relación con los niveles de ingresos de las familias de las y los jóvenes son muy pronunciadas. El informe demuestra que dentro del 20% de la población con mayores ingresos, un 83% de los y las jóvenes logra culminar la secundaria, mientras que en los sectores con menos recursos solo un 35.4% culmina la secundaria.
En cuanto a la educación y migración, la UNESCO (2019) señala que “la migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica.”
Con respecto a los pueblos originarios UNESCO (2019) señala que “en muchos lugares, para los pueblos indígenas la educación ha implicado una asimilación forzosa a través de la escuela. Se suman a ello la pobreza y la migración a zonas urbanas, que involucran a menudo erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. La pérdida de la lengua constituye un gran problema para las poblaciones indígenas urbanas. En las ciudades de México, el Ecuador y el Perú, las generaciones jóvenes tienen muchas menos probabilidades de hablar las lenguas indígenas que los jóvenes de las zonas rurales.”
Las y los docentes en América Latina y el Caribe: un panorama complejo
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación juegan un rol esencial para pensar el derecho a la educación; en particular, si se lo piensa como derecho social. Esta consideración supone resaltar la dimensión colectiva de la tarea frente a fuertes tradiciones que tienden a individualizarla. En la región hay más de 7 millones de docentes trabajando a diario, representando el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores, trabajadoras, técnicas/os y profesionales (Banco Mundial, 2015).
A su vez, en la docencia existe una división sexual del trabajo, siendo las mujeres cerca del 75% de las y los profesoras/es de América Latina, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile (Banco Mundial, 2015). Los salarios docentes históricamente han sido bajos. En la región hay una brecha entre la remuneración del profesorado y de otros sectores profesionales, y a esto se suma el alto grado de trabajo no reconocido y no pago de las y los docentes.
Las condiciones básicas de trabajo –como lo son el salario y el tiempo de trabajo– aún constituyen un problema central a la hora de analizar el trabajo de las y los profesoras/es, y de pensar políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación.
Conclusión del estudio
En América Latina y el Caribe, la garantía de la educación como derecho humano fundamental y como derecho social de toda la población, en condiciones igualitarias y de calidad, es aún una deuda para grandes sectores sociales. Este informe – realizado por CLADE, con el apoyo de OXFAM, EDUCO y DVV International, presenta una mirada amplia y multidimensional del estado de situación del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, y de los avances en el cumplimiento del ODS 4.
Para leer a manera más detallada cómo este informe brinda una compleja y desafiante mirada al acceso a la educación, puedes acceder al contenido completo aquí: El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4
