El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
- Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
- Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
- Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
- Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
