La huelga docente en Panamá cumple dos meses coincidiendo con el inicio del segundo semestre escolar. Más de 300 mil estudiantes han visto interrumpidas sus clases y alrededor de 30 mil maestros no han recibido salarios desde que comenzó el paro nacional. El gremio magisterial mantiene como punto central la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, que, según sus dirigentes, reduce el monto de jubilaciones bajo el Programa de Retiro Anticipado Autofinanciado.
“El gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de pulverizarnos, pero nosotros nos mantenemos firmes”, afirmó Diógenes Sánchez, coordinador general de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). El líder magisterial sostuvo que la retención de salarios es “totalmente ilegal” y denunció que se ha declarado a los docentes en licencia sin sueldo sin seguir las normas especiales del sector. “Hay profesores que están con miedo, con temor, porque ya vamos para dos meses que no cobramos un solo centavo. Tienen préstamos hipotecarios, préstamos de autos, compromisos. Algunos ya han sido procesados por falta de pago de pensión alimenticia”, agregó.
El Ministerio de Educación (Meduca) ha reiterado que no habrá despidos, aunque anunció que cuenta con una base de datos de docentes evaluados y listos para ocupar plazas. “Todos ellos están legalmente en sus puestos y hacemos un llamado de conciencia y responsabilidad de regresar a las clases porque iniciamos el segundo trimestre”, dijo la viceministra Académica, Agnes De León Chacón de Cotes. La entidad implementó un plan para recuperar aprendizajes sin modificar el calendario escolar.
En medio de la presión por retomar clases, Asoprof firmó un acuerdo con el Meduca que establece principios sobre condiciones laborales y asuntos administrativos. “Estamos apoyando a los docentes procesados por ejercer el derecho a huelga”, señaló Fernando Ábrego, secretario general del gremio, quien subrayó que la firma no significa ceder en las demandas centrales ni renunciar a reclamar el pago de los salarios retenidos.
43% de las escuelas están en condiciones precarias
Padres y madres de familia han advertido que el conflicto es un síntoma de problemas estructurales. Ariel Hughes, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, sostuvo que el 43% de las escuelas están en condiciones precarias y que la malla curricular requiere actualización. Insistió en que las familias deben asumir un rol activo para garantizar la educación de sus hijos mientras se resuelven las diferencias entre gobierno y docentes.
