La Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe constituye una apuesta política y estratégica de CLADE y de las coaliciones nacionales para la incidencia en los Estados, a través de la función legislativa para asegurar la promoción, respeto y protección del Derecho Humano a la Educación. Esta apuesta adquiere mayor centralidad en el contexto de emergencia sanitaria internacional actual, al experimentarse y advertirse aún mayores restricciones al ejercicio pleno del derecho humano a la educación

Diálogo de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil en torno a los desafíos para la educación

18 de diciembre de 2020

Por: Adelaida Entenza

La Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe constituye una apuesta política y estratégica de CLADE y de las coaliciones nacionales para la incidencia en los Estados, a través de la función legislativa para asegurar la promoción, respeto y protección del Derecho Humano a la Educación. Esta apuesta adquiere mayor centralidad en el contexto de emergencia sanitaria internacional actual, al experimentarse y advertirse aún mayores restricciones al ejercicio pleno del derecho humano a la educación

Con la participación de integrantes de seis países de la región (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú,  República Dominicana y Uruguay, el pasado jueves 8 de octubre tuvo lugar un nuevo  encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la  Educación en América Latina y el Caribe para dialogar en torno a la situación actual de la  región y acciones futuras*. 

La primera parte del evento se centró en un amplio intercambio sobre el escenario regional y  una mirada sobre las particularidades y desafíos presentes en algunos de los países de la  región (algunos de los cuales enfrentan crisis políticas y/o institucionales, cambios de  gobierno, procesos electorales en proceso o realizados recientemente), poniendo en destaque  los retos y desafíos que se presentan para la educación en el marco de la crisis sanitaria en  curso (COVID-19). 

Se señaló que, además de poner de relieve las vulnerabilidades preexistentes, la pandemia ha  desatado niveles de incertidumbre sin precedentes; impactos generalizados sobre el conjunto  de derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales);  graves efectos económicos y sociales marcados por la profundización de la pobreza,  exclusión social y las desigualdades. 

Además, ha dejado al descubierto la fragilidad de las estructuras estatales para hacer frente a  la crisis sanitaria (sistemas de salud, protección social y educación); ha favorecido el  incremento de la violencia, del trabajo infantil y del trabajo doméstico de niños, niñas y  adolescentes. Este escenario está acompañado, en algunos casos, con la adopción de marcos  normativos y presupuestarios que suponen (de forma explícita o implícita) regresiones en  materia de derechos y políticas sociales, o políticas públicas que resultan insuficientes;  acuerdos con los organismos multilaterales bajo condiciones que afectarán los presupuestos  de salud y educación; emergencia de tendencias conservadoras que han ido sumando discriminaciones y desigualdades hacia los sectores históricamente excluidos o los derechos  de las poblaciones LGBTI; restricciones a la protesta y criminalización de reivindicaciones  de la ciudadanía, considerando además un escenario de movilización reducida, también como  consecuencia de la emergencia sanitaria.  

En lo que respecta al derecho a la educación, se intercambió sobre los profundos impactos  desencadenados por la suspensión de las actividades presenciales y el cierre de las  instituciones educativas (conllevando la clausura del año escolar, como en el caso de Bolivia,  o la incertidumbre en cuanto a la conclusión de los ciclos escolares en otros países),  implicancias en el logro de aprendizajes y rezago en todos los niveles educativos; impactos  en la vida de estudiantes incluso en el ámbito familiar (como incremento de la violencia, en  particular la violencia de género), discriminaciones a sectores más vulnerables, a niñas,  mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad; profundas desigualdades entre el  ámbito urbano y rural; falta de cobertura de internet, brechas de acceso a las tecnologías y  plataformas virtuales (herramientas y redes digitales) afectando a niñas, niños y adolescentes  en zonas rurales y zonas urbanas más empobrecidas; el aumento de las brechas entre  estudiantes que asisten a establecimientos privados y quienes asisten a establecimientos  públicos, la exacerbación del trabajo de cuidado humano y reproductivo y de apoyo a la labor  educativa en las mujeres; aumento de estudiantes en los sistemas públicos por el cierre de los  establecimientos privados y la dificultad de los mismos para hacer frente este incremento. 

A su vez, la alerta por la implementación de políticas públicas y/o marcos normativos que  imponen modificaciones para el campo de la educación, suponen retrocesos en torno a la  participación social en el sistema educativo y/o propician avances hacia la privatización,  imponen una reducción o congelamiento de presupuesto educativo, reducción o supresión de  horas docentes, abren espacio a tendencias conservadoras (proyectos de educación sexual  desde perspectivas confesionales). 

La segunda parte del encuentro se centró en las líneas de acción y proyecciones de la Red  Mixta, en particular avanzar en un plan de trabajo bajo tres ejes prioritarios: reactivación del  proceso de animación de la Red; creación de Grupos de Trabajo Temáticos (Primera Infancia,  Financiamiento y privatización y Criminalización de las comunidades educativas) y  profundización de las articulaciones de la Red Mixta. Como acciones prioritarias para el  2020, el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de la Red y realizar una  recopilación de las modificaciones normativas que supongan implicancias para el campo del  derecho a la educación ya sea porque suponen retrocesos o porque se orientan a fortalecer y  garantizar más plenamente este derecho en el marco de la pandemia (medidas inspiradoras  y/o los desafíos más presentes y urgentes en la materia).  

Como propuesta a mediano plazo, queda planteada la posibilidad de realizar un análisis  regional que coloque el énfasis en las buenas prácticas que la sociedad civil y algunos estados  han promovido en el contexto COVID-19. A su vez, y como parte del eje de fortalecimiento  comunicacional, se propone revisar la cobertura mediática que se viene realizando a los temas  educativos en el contexto de la crisis sanitaria (tendencias, brechas, prácticas innovativas, ver  cómo los medios participan o no en la educación virtual o en la educación por medios;  movilización de la opinión pública, entre otras cuestiones).


* Esta síntesis ha sido elaborada tomando como base los contenidos de la relatoría de la reunión realizada por la consultora Ariadna Reyes Ávila


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