Farida Shaheed, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la educación, subrayó que este derecho humano no puede seguir siendo un proceso diseñado sin la participación de quienes la viven cotidianamente. En el marco del Día Internacional de la Educación, niñas, niños y jóvenes de diversas regiones del mundo insisten en que sus voces continúan siendo excluidas de las decisiones sobre currículo, evaluación y gobernanza escolar, y que los espacios de participación suelen ser simbólicos más que reales, “tal como están constituidos actualmente, nuestros sistemas educativos no logran garantizar el derecho a la educación para todos y todas” señaló. Frente a ello, la relatora reafirmó que la educación debe ser cocreada con las y los estudiantes, en el reconocimiento como titulares de derechos y no como receptores pasivos.
Plataforma global de juventudes
Como respuesta a esta demanda, se presentó la Red de Jóvenes por el Derecho a la Educación (REYN), una plataforma global que reúne a más de 1.500 jóvenes de 138 países para compartir experiencias, proponer soluciones e incidir en debates y decisiones educativas a nivel mundial. A partir de este diálogo sostenido, las juventudes identifican siete preocupaciones centrales: persistentes desigualdades de acceso y calidad, sistemas educativos obsoletos y desconectados de la realidad, barreras económicas, brecha digital, entornos inseguros y discriminatorios, afectaciones a la salud mental y la interrupción del derecho a la educación en contextos de conflicto, desplazamiento y crisis climática.
El pronunciamiento concluye que los sistemas educativos actuales no garantizan plenamente el derecho a la educación y que la participación debe asumirse como una responsabilidad estructural compartida. Reconocer a estudiantes en la cocreación educativa implica también fortalecer el rol de docentes, así como integrar activamente a familias y comunidades. La relatora llamó a los Estados a ir más allá de gestos simbólicos e incorporar la participación en el diseño curricular, la pedagogía, la evaluación, la financiación y la política educativa, tratando la educación como un bien público y común que promueve dignidad, inclusión y futuros compartidos.
Llamado global por la educación
A continuación compartimos las palabras de la relatora:
Ginebra – En este Día Internacional de la Educación, me veo compelida a hacerme eco de un mensaje que escucho constante y poderosamente de niños, niñas y jóvenes de todas las regiones de nuestro mundo: la educación no puede ser algo que simplemente se les entrega. Debe ser cocreada con ellas y ellos. En todos los contextos, las y los jóvenes en situaciones diversas enfatizan que sus voces son excluidas de forma rutinaria. Las decisiones sobre currículum, la evaluación y la gobernanza se toman sobre ellas y ellos, sin ellas y ellos. La participación, cuando se ofrece, a menudo es simbólica más que estructural. A menudo se habla de estudiantes, pero no se les escucha.
Para abordar esto, en diciembre pasado, lancé la Red de Jóvenes por el Derecho a la Educación (#REYN), una plataforma global que reúne a niños, niñas y jóvenes como titulares de derechos y cocreadores de educación. Hoy en día, REYN conecta a más de 1500 miembros de 138 países, lo que refleja una amplia gama de experiencias vividas en diversos sistemas y contextos educativos. Alrededor del 65 por ciento de los miembros son estudiantes de universidades, pero también hay niñas y niños en edad escolar menores de 18 años. La participación en REYN es individual y voluntaria: un espacio para que estudiantes de todos los niveles y tipos de educación compartan inquietudes, propongan soluciones y contribuyan directamente a los debates y la toma de decisiones relacionados con el derecho a la educación a nivel mundial.
El compromiso sostenido con las personas jóvenes, incluidos los miembros de REYN, plantea siete preocupaciones, algunas ya abordadas en mis informes temáticos anuales, otras que requieren más atención. La sorprendente claridad con la que las juventudes expresan estas preocupaciones revela una crisis de escucha dentro de los sistemas educativos.
- En primer lugar, las juventudes subrayan inequívocamente que la desigualdad en el acceso y la calidad sigue siendo el fracaso definitorio de la educación en la actualidad. Tener matrícula en la escuela no significa recibir una educación que sea segura, digna o significativa. Persisten grandes disparidades entre los sistemas públicos y privados, entre las áreas urbanas y rurales y entre estudiantes moldeados por el privilegio y aquellos que navegan por la pobreza, el desplazamiento, la discapacidad o la discriminación.
- En segundo lugar, las y los estudiantes describen repetidamente la educación como obsoleta y desconectada de sus realidades. Demasiados sistemas continúan priorizando la memorización, las pruebas estandarizadas y el cumplimiento sobre el pensamiento crítico, la creatividad y la relevancia para los desafíos sociales, económicos y ambientales. Estudiantes no piden menos rigor, sino una educación que las y los prepare para pensar, cuestionar y actuar en un mundo que cambia rápidamente.
- En tercer lugar, la pobreza y la presión financiera continúan sacando a millones de estudiantes de la educación o atrapándolos en sistemas de baja calidad. La “educación gratuita” se traduce con demasiada frecuencia en una educación gratuita pero inadecuada, mientras que los costos ocultos, la falta de estipendios y la presión para obtener ingresos socavan la igualdad de oportunidades.
- En cuarto lugar, las juventudes advierten que la transformación digital está profundizando la desigualdad. Si bien la tecnología es prometedora, la brecha digital, la falta de accesibilidad para estudiantes con discapacidades y el uso no regulado de la IA corren el riesgo de crear nuevas formas de exclusión y vigilancia, no de empoderamiento.
- En quinto lugar, estudiantes plantean persistentemente sus preocupaciones sobre los entornos inseguros y la falta de dignidad en las escuelas. La exclusión basada en el género y la capacidad, el acoso escolar, la discriminación lingüística y la marginación de personas refugiadas, estudiantes indígenas y los grupos minoritarios siguen siendo generalizados. La educación no puede cumplir su propósito de derechos humanos mientras estudiantes estén inseguros o silenciados.
- En sexto lugar, estudiantes hablan abiertamente sobre la salud mental, el agotamiento y la ansiedad por el rendimiento. Los sistemas educativos que reducen a estudiantes a calificaciones y clasificaciones socavan el bienestar, la confianza y la alegría de aprender. La seguridad física, digital, socioemocional y psicológica son parte integral de la realización del derecho a la educación.
- En séptimo lugar, niñas, niños y jóvenes que viven en contextos de conflicto, desplazamiento y alteración del clima nos recuerdan que la educación es a menudo el primer servicio que desaparece y el último en regresar. Cuando los sistemas educativos no son resilientes, la exclusión temporal se convierte en una pérdida permanente, especialmente para las niñas.
Reconocer a niñas, niños y jóvenes como cocreadores de la educación no significa transferir la responsabilidad a jóvenes estudiantes. Requiere crear espacios para sus contribuciones y reconocer a docentes como cocreadores, cuya libertad académica y autonomía profesional, bienestar y experiencia son esenciales para una participación significativa. Muchos y muchas docentes ya están innovando, adaptando los planes de estudio y apoyando a estudiantes mucho más allá de lo que los sistemas permiten o invierten. La participación florece cuando docentes son socios de confianza en lugar de implementadores sobrecargados de sistemas rígidos.
Del mismo modo, la educación no ocurre aislada de las familias y las comunidades. Padres, madres y cuidadores desempeñan un papel fundamental en la configuración del aprendizaje, el apoyo al bienestar y el mantenimiento del acceso. Por lo tanto, los ecosistemas de educación participativa deben extenderse más allá de las aulas para incluir a las familias y las comunidades como contribuyentes activos, no como observadores pasivos.
En conjunto, estas preocupaciones apuntan a una sola conclusión: tal como están constituidos actualmente, nuestros sistemas educativos no logran garantizar el derecho a la educación para todos y todas y no satisfarán las necesidades del futuro a menos que la participación se trate hoy como una responsabilidad estructural compartida. Niños, niñas y jóvenes no son beneficiarios pasivos. Docentes no son meros transmisores. Padres, madres y cuidadores no son periféricos. Todos son actores esenciales para dar forma a una educación que sea relevante, inclusiva y basada en los derechos.
En este Día Internacional de la Educación, hago un llamamiento a los Estados y a todas las partes interesadas en la educación para que vayan más allá de la simbología e incorporen la participación como un componente central del derecho a la educación. Esto significa involucrar a estudiantes, docentes y las familias en la configuración de currículos, la pedagogía, la evaluación, la gobernanza escolar, la financiación y la política educativa. Significa tratar la educación como un bien público y común que construye dignidad, agencia y futuros compartidos.
