Se lanzó hoy, con un diálogo virtual, la campaña internacional “Mil Millones de Voces por la Educación”. La iniciativa quiere escuchar y divulgar las voces de las más de mil millones de personas que tuvieron su derecho a la educación afectado por la pandemia COVID-19 y hace un llamado a las comunidades educativas de todo el mundo para exigir el derecho a la educación e impulsar acciones que demanden un financiamiento educativo adecuado y justo.
Refat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, red internacional que impulsa la campaña, dio las bienvenidas e introdujo algunos de los mensajes clave de la campaña, especialmente la necesidad de que los gobiernos inviertan como mínimo el 20% de sus presupuestos públicos en educación, y aseguren una educación gratuita y de calidad para todas y todos, además de medidas contra la comercialización de la educación, que se ha profundizado con la pandemia y la enseñanza a distancia.
Video de la campaña con las demandas clave de la iniciativa
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A continuación, Martina Darmanin, representante de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), por su acrónimo en inglés), señaló algunos de los principales desafíos que experimentan las y los jóvenes de su región ante el contexto de COVID-19.
Destacó que, más allá de la falta de acceso a la educación, las juventudes hoy se enfrentan a problemáticas, como la falta de empleo, la no preparación de las instituciones educativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera virtual, los espacios limitados para que las comunidades educativas, especialmente familias, estudiantes y docentes puedan participar del debate sobre las soluciones que el contexto de pandemia requiere; y el hecho de que algunos gobiernos están usando las medidas de “lockdown” como excusa para restringir derechos y libertades. Mencionó también el peor impacto de la crisis sanitaria para jóvenes con discapacidad, mujeres, migrantes, víctimas de racismo y xenofobia, etc.
Solange Akpo, de la Campaña Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), señaló entre los desafíos de su región la falta de conectividad a Internet, el avance de la privatización de la educación y la falta de responsabilidad y transparencia de los gobiernos respecto al gasto público en educación y su rendición de cuentas. Defendió que desde la Unión Africana se impulse la cancelación de la deuda de los países africanos menos desarrollados, para posibilitar que tengan los recursos necesarios para invertir en educación y salud, asignando como mínimo 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y 20% del gasto público total en educación.
Helen Dabu, de la Asociación de Asia Pacífico Sur por la Educación Básica y de Personas Adultas (ASPBAE), enfatizó la presión tremenda que hay actualmente sobre los presupuestos de los países de su región, debido a la contracción de las economías y la crisis sanitaria. Informó que, con la reducción de los ingresos gubernamentales, hay fuerte competencia entre los diferentes Ministerios, y que muchos Estados se encuentran seriamente endeudados y con recursos limitados para enfrentar la COVID-19 y financiar servicios sociales esenciales.
En este escenario, añadió, hay instituciones financieras internacionales que aumentan préstamos a los países de la región sin transparencia e imponiendo como condición la reducción de gastos en educación y otros derechos. Mientras tanto, falta sensibilidad en las inversiones en educación, que no priorizan los grupos marginalizados y profundizan o mantienen las desigualdades.
A su vez, Zahi Azar, de la Campaña Árabe por la Educación para Todos (ACEA), compartió que su región vive guerras y violencias históricas, que ya existían antes de la pandemia, entre ellas las relacionadas a la ocupación de Palestina. Ya se vivía en la región, explicó, un gran colapso económico y hay escuelas establecidas en áreas de conflicto, con millones de personas refugiadas, mucha gente con hambre, desplazada internamente, sin acceso a cualquier educación. Son situaciones de emergencia que existían y se profundizaron con la pandemia, especialmente porque en dicho contexto no existe infraestructura o acceso a Internet que permita mantener la educación.
Beathe Øgård, de la Coalición Europea y Norteamericana por la Educación (ENACE), destacó que el financiamiento educativo ha sido fuertemente impactado en su región y que otros desafíos son: los efectos de la pandemia a la salud mental de docentes y estudiantes ante el aislamiento y el proceso enseñanza-aprendizaje en línea, y los impactos de la nueva coyuntura a madres y padres trabajadores, especialmente mujeres. Enfatizó también que es necesario garantizar la participación de docentes en la elaboración de soluciones y planes de reapertura para las escuelas.
Situación latinoamericana y caribeña: privatización y precariedad para docentes
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), destacó como un rasgo preocupante del contexto de América Latina y el Caribe la profundización de procesos privatizadores con “nuevos modelos de negocio” centrados en provisión de tecnologías, de paquetes educativos virtuales y nuevos tipos de colaboraciones públicos-privadas multisectoriales con prestadoras de servicios educativos contratadas por los gobiernos.
Añadió como otros desafíos de la región: la precarización de la profesión docente (docentes sin contrato fijo, con más de un empleador o trabajando por horas, inestabilidad, sobrecarga laboral, baja salarial, etc.) y el refinamiento de la estratificación de estudiantes entre aquellas y aquellos: con posibilidades de acceso y conectividad y acompañamiento de sus familias en casa; con posibilidades de acceso y conectividad, no de acompañamiento; con poco acceso y conectividad y sin acompañamiento; sin acceso, sin conectividad, como lo son las comunidades indígenas y rurales, entre otras.
“Los Estados al no estar preparados para este paso a la virtualidad generaron alianzas con grandes compañías como Zoom, Facebook, Google for Education, YouTube, entre otras. Estas organizaciones inversoras en educación se aproximan al Estado como si brindaran un servicio filantrópico, gratuito, “bondadoso” y solidario y así mismo lo presentan los propios gobiernos. El Estado le abre las puertas y le facilita la base de datos de prácticamente todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, o sea lo primero que entregó el Estado son los datos de los profesores y profesoras, de los y las estudiantes y de las familias”, destacó Nelsy Lizarazo.
En este panorama preocupante, planteó que es necesario recuperar el trabajo de miles de docentes en los sistemas públicos, fortalecer sus capacidades y atenderles socioemocionalmente, lo que exige incluso más inversión de la que existía antes de la pandemia, más aún considerando la presión sobre los sistemas públicos de educación, consecuencia del aumento del desempleo en la región y la imposibilidad de las familias de cubrir los costos de una educación privada, incluso barata y sin buena calidad.
Madeleine Zúñiga, vice presidenta de la CME y coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, cerró el evento destacando que, si defendemos derechos, hay que defender siempre el presupuesto que financie el ejercicio de esos derechos. “Luchar por el derecho humano a la educación es luchar también por otros derechos, pues los derechos humanos son indivisibles y la educación es habilitadora de otros derechos. Tenemos que ser fieles a los derechos humanos y a nuestra misión de transformar el mundo con la Agenda de Desarrollo 2030”, afirmó.
Mil Millones de Voces en América Latina y el Caribe
“Estamos ante un escenario que abre la posibilidad de concretar importantes cambios de paradigmas, sobre el sentido social de la educación y el contenido del derecho humano a la educación, entre otros. Es un escenario para fortalecer la acción de los movimientos sociales, las voces de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, la visibilización de las brechas y barreras”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
La CLADE y sus miembros se sumarán a las actividades de la campaña a lo largo de este año.
Esta será una oportunidad de unirnos para ¡PEDIR UNA ACCIÓN URGENTE POR LA EDUCACIÓN! ¡Las voces de mil millones de personas cuya educación se ha visto afectada por la pandemia, deben elevarse y escucharse! A partir de estas voces, la campaña tiene como objeto abordar la falta de financiación de la educación, agravada por la pandemia de COVID-19, que también es un obstáculo para la realización de la Agenda de Desarrollo 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4), referido a la educación.
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