Imagen: Patricio Cabezas

Declaración de Tegucigalpa: CLADE reitera el llamado a los Estados para que garanticen el financiamiento a la educación pública.

21 de noviembre de 2022

Por: María Cianci Bastidas / Revisión: Thais Iervolino

La declaración final de la Asamblea CLADE subrayó la importancia de los Estados en mantener el compromiso con el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana.

“Que todos los Estados de la región de América Latina y Caribe garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad humana” afirman los 18 foros nacionales, 10 redes regionales y las 7 organizaciones internacionales que integran la red de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación a través de la Declaración final de la XII Asamblea Regional de la CLADE (en inglés), realizada entre los días 7 y 12 de noviembre en Tegucigalpa (Honduras).

El documento final del evento fue aprobado por la Asamblea y expresa el proceso de las reflexiones y debates durante la asamblea, así como la construcción colectiva sobre las preocupaciones compartidas en los contextos nacionales y en el ámbito regional en materia de derechos humanos.

Cuidado, transformación y Justicia social

La Asamblea sumó voces para relevar el cuidado, la transformación y la justicia social, como ejes centrales, incorporando lo generado en el encuentro presencial y las cuatro sesiones virtuales, reafirmando así la defensa de lo público estatal como camino para la superación de las discriminaciones y exclusiones.

“Que los Estados, sociedades, grupos organizados, coaliciones, redes, colectivos de comunicadores, e individuos amplíen los espacios y momentos para el cuidado con las personas, incluyendo el autocuidado, promoviendo la transformación necesaria para lograr la justicia social”, expresa el documento como parte de las demandas consideradas en el encuentro.

Demandas por los derechos humanos

En la declaración también se manifiesta el rechazo a “la deriva autoritaria en la región latinoamericana y caribeña, la violencia política de Estado, la persecución contra las personas defensoras de derechos humanos, personas jóvenes, manifestantes, organizaciones de la sociedad civil y contra la ciudadanía en general”.

Entre tanto se afirma “que la educación es un Derecho Humano universal, inalienable, irrenunciable, inherente a todas las personas, basado en principios de igualdad y no discriminación. Es un derecho habilitante para el ejercicio de los demás derechos humanos, y por tanto es indispensable para la promoción de la dignidad humana”.