Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de paquetes de medidas y políticas públicas intersectoriales

COVID-19: Para la CLADE, la solidaridad y el financiamiento adecuado de los derechos a la educación, salud y protección social son caminos fundamentales para superar la crisis

25 de marzo de 2020

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Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de paquetes de medidas y políticas públicas intersectoriales

Ante la crisis y el estado de emergencia que se instaló en todo el mundo, debido a la pandemía COVID-19, la CLADE reconoce y valora las directrices de prevención y cuidado con la salud y la vida planteadas por la Organización Mundial de la Salud. Expresamos nuestra solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos debido a la enfermedad, así como a las personas sobrevivientes y afectadas. Igualmente, felicitamos las múltiples iniciativas que impulsa la membresía de la CLADE, así como tantas organizaciones y movimientos de derechos humanos a lo largo y ancho de nuestra América Latina y el Caribe, para asegurar la protección de las comunidades educativas y de sus derechos humanos. Agradecemos profundamente a los y las trabajadores/as de la salud, así como los y las de otras actividades esenciales, que prestan sus trabajos fundamentales, poniendo en riesgo sus vidas.

Reconocemos y valoramos la importancia de los lazos de solidaridad, cooperación y cuidado que se manifiestan en esta coyuntura. Asimismo, hacemos un llamado para que se profundicen los esfuerzos de movilización y cooperación entre sociedad civil, gobiernos e instancias supranacionales, impulsando el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas que apoyen el enfrentamiento de la pandemia y sus efectos. En especial, pedimos que se amplíe, con máxima urgencia y de manera contundente, la asignación de los recursos financieros que se hagan necesarios para priorizar la vida de las personas, particularmente en lo que toca a la salud pública, pero también a la educación y la protección social, entre otros derechos sociales y económicos de la población.

Eso implica que se refuercen las políticas de protección social, apoyo económico y asistencia médica, ofreciendo soporte a las personas en vulnerabilidad social y económica, así como aquellas que se ven más afectadas por la actual crisis, por motivo de género, o debido a su situación laboral frágil, estatus de migrante o refugiada, discapacidad, edad avanzada, residencia en zonas alejadas, contextos de conflictos, o cualquier otra condición de estigmatización y discriminación social.

Como demuestran la OMS así como las y los especialistas y profesionales de la salud, el momento exige el distanciamiento social y medidas de higiene como estrategias para contener la diseminación de la pandemia. En ese sentido, apoyamos la suspensión provisoria de clases presenciales y el cierre de las escuelas como medidas de prevención y protección para el conjunto de la población, poniendo en primer plano la vida de las personas. Asimismo, hacemos un llamado a los gobiernos para que pongan en marcha medidas que busquen asegurar la continuada realización de los derechos en y desde la educación. Subrayamos que estudiantes, especialmente aquellas/os de familias de bajos ingresos, cuentan con los comedores escolares para acceder a una alimentación diaria y saludable. En este contexto, reforzamos la importancia de que se impulsen políticas de seguridad alimentaria y formas flexibles de distribución de alimentos a las familias de estudiantes que así lo necesiten, así como otros mecanismos para atender a las necesidades de quienes dependen de la alimentación escolar.

Recordamos que muchas niñas, niños y adolescentes de familias con pocos recursos o que habitan zonas rurales no tienen acceso a insumos que les permitan acceder a la educación a distancia, como computadora e Internet. Las autoridades púbicas deben impulsar todas las medidas necesarias para impedir la profundización de desigualdades educativas y sociales, por un lado, y al mismo tiempo adoptar otras orientadas a superar las brechas ya existentes, como acciones afirmativas y programas de renta básica de emergencia para personas con menores ingresos, en situación de vulnerabilidad social y desempleo, así como la suspensión de su cobro por servicios básicos, como agua, energía eléctrica, gas, telefonía e Internet.

Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de paquetes de medidas y políticas públicas intersectoriales, reconociendo que los derechos humanos se hacen efectivos cuando son garantizados conjuntamente. En ese sentido, hacemos un llamado a los Estados de la región para que actúen con toda la voluntad política y sentido de urgencia que el momento requiere, promoviendo políticas y acciones coherentes con los preceptos emitidos por la OMS, la comunidad científica y entidades de derechos humanos. Este tiempo demanda solidaridad y esperanzas renovadas, cooperación y acción conjunta, así como nuevos modos de vivir en colectividad, que puedan sostenerse incluso luego de la superación de la pandemia.

Las y los invitamos a conocer algunos enlaces de interés:

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