Foto: UNICEF/UN0339412/Frank Dejongh

COVID-19: Para la CLADE, la solidaridad y el financiamiento adecuado de los derechos a la educación, salud y protección social son caminos fundamentales para superar la crisis

25 de Marzo de 2020

Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de paquetes de medidas y políticas públicas intersectoriales

Ante la crisis y el estado de emergencia que se instaló en todo el mundo, debido a la pandemía COVID-19, la CLADE reconoce y valora las directrices de prevención y cuidado con la salud y la vida planteadas por la Organización Mundial de la Salud. Expresamos nuestra solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos debido a la enfermedad, así como a las personas sobrevivientes y afectadas. Igualmente, felicitamos las múltiples iniciativas que impulsa la membresía de la CLADE, así como tantas organizaciones y movimientos de derechos humanos a lo largo y ancho de nuestra América Latina y el Caribe, para asegurar la protección de las comunidades educativas y de sus derechos humanos. Agradecemos profundamente a los y las trabajadores/as de la salud, así como los y las de otras actividades esenciales, que prestan sus trabajos fundamentales, poniendo en riesgo sus vidas.

Reconocemos y valoramos la importancia de los lazos de solidaridad, cooperación y cuidado que se manifiestan en esta coyuntura. Asimismo, hacemos un llamado para que se profundicen los esfuerzos de movilización y cooperación entre sociedad civil, gobiernos e instancias supranacionales, impulsando el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas que apoyen el enfrentamiento de la pandemia y sus efectos. En especial, pedimos que se amplíe, con máxima urgencia y de manera contundente, la asignación de los recursos financieros que se hagan necesarios para priorizar la vida de las personas, particularmente en lo que toca a la salud pública, pero también a la educación y la protección social, entre otros derechos sociales y económicos de la población.

Eso implica que se refuercen las políticas de protección social, apoyo económico y asistencia médica, ofreciendo soporte a las personas en vulnerabilidad social y económica, así como aquellas que se ven más afectadas por la actual crisis, por motivo de género, o debido a su situación laboral frágil, estatus de migrante o refugiada, discapacidad, edad avanzada, residencia en zonas alejadas, contextos de conflictos, o cualquier otra condición de estigmatización y discriminación social.

Como demuestran la OMS así como las y los especialistas y profesionales de la salud, el momento exige el distanciamiento social y medidas de higiene como estrategias para contener la diseminación de la pandemia. En ese sentido, apoyamos la suspensión provisoria de clases presenciales y el cierre de las escuelas como medidas de prevención y protección para el conjunto de la población, poniendo en primer plano la vida de las personas. Asimismo, hacemos un llamado a los gobiernos para que pongan en marcha medidas que busquen asegurar la continuada realización de los derechos en y desde la educación. Subrayamos que estudiantes, especialmente aquellas/os de familias de bajos ingresos, cuentan con los comedores escolares para acceder a una alimentación diaria y saludable. En este contexto, reforzamos la importancia de que se impulsen políticas de seguridad alimentaria y formas flexibles de distribución de alimentos a las familias de estudiantes que así lo necesiten, así como otros mecanismos para atender a las necesidades de quienes dependen de la alimentación escolar.

Recordamos que muchas niñas, niños y adolescentes de familias con pocos recursos o que habitan zonas rurales no tienen acceso a insumos que les permitan acceder a la educación a distancia, como computadora e Internet. Las autoridades púbicas deben impulsar todas las medidas necesarias para impedir la profundización de desigualdades educativas y sociales, por un lado, y al mismo tiempo adoptar otras orientadas a superar las brechas ya existentes, como acciones afirmativas y programas de renta básica de emergencia para personas con menores ingresos, en situación de vulnerabilidad social y desempleo, así como la suspensión de su cobro por servicios básicos, como agua, energía eléctrica, gas, telefonía e Internet.

Momentos de crisis como este exigen, más que nunca, el fortalecimiento de los Estados como garantes de derechos y la creación de paquetes de medidas y políticas públicas intersectoriales, reconociendo que los derechos humanos se hacen efectivos cuando son garantizados conjuntamente. En ese sentido, hacemos un llamado a los Estados de la región para que actúen con toda la voluntad política y sentido de urgencia que el momento requiere, promoviendo políticas y acciones coherentes con los preceptos emitidos por la OMS, la comunidad científica y entidades de derechos humanos. Este tiempo demanda solidaridad y esperanzas renovadas, cooperación y acción conjunta, así como nuevos modos de vivir en colectividad, que puedan sostenerse incluso luego de la superación de la pandemia.

Las y los invitamos a conocer algunos enlaces de interés: