Diversas organizaciones de docentes, estudiantiles, sindicatos y de sociedad civil en general se movilizaron el 20 de junio de 2023 en San José para exigir que se cumplan los compromisos que garantizan la calidad del derecho humano a la educación en el territorio nacional.
La reducción del presupuesto destinado a educación, estimado de un 8% que afirma la constitución nacional a un 6 %, así como la precarización de la labor docente, el desplazamiento de fondos educativos para acciones de seguridad han sido las acciones que movilizaron masivamente a la población para demandar la adecuada atención y protección en el marco de los derechos humanos.
Mesas de diálogo, denuncias públicas, foros y otros eventos han evidenciado la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por la desprotección en las condiciones de la enseñanza y como esto amenaza seriamente la cultura de derechos y por lo tanto la democracia en Costa Rica.
Compartimos la nota de cobertura publicada en Pressenza, miembro de CLADE.
Este martes 20 de junio de 2023, las rectorías de las universidades públicas, maestros, maestras de primaria y secundaria, estudiantes y los sindicatos de educadores, convocaron a una marcha nacional para luchar contra la disminución del presupuesto para la educación y el quebrantamiento acelerado de la democracia institucional de Costa Rica. Nora González, directiva de CLADE, estuvo allí y nos comparte este relato.
La movilización masiva que tuvo lugar en el territorio nacional es la respuesta organizada de organizaciones, colectivos y sujetos del derecho humano a la educación a una serie de medidas que se han venido dando, complejizando la situación y acelerando el deterioro de la educación en este país de Centroamérica.
Entre tales medidas cabe mencionar:
- Tres años de congelamiento de salarios del sector público sin pago de anualidades.
- Aprobación de la Ley Marco Público -10159, que le permite al Estado injerencia sobre las universidades violentado la autonomía universitaria y que, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Dirección General de Servicio Civil, impulsa el salario global, entre otras afectaciones. Atenta además contra la autonomía constitucional de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Poder Judicial, las municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esta estrategia se implementa para cumplir con el requisito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la planilla estatal y girar posteriormente la suma de $1778.000.000, además de concordar con el objetivo de “modernización” de la normativa nacional y la “eficiencia” del sector público según los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la que pertenece Costa Rica.
- La reducción del presupuesto para la educación bajando en términos reales al 6% del PIB atentando contra el 8% que señala la Constitución Política de Costa Rica. El Gobierno se niega a honrar el acuerdo del año anterior para el financiamiento de las universidades públicas por medio del Fondo Especial para la Educación (FEES) según el cual, para este año de 2023 se debe reconocer un incremento del 1% por inflación (inferior a la real), que equivale a poco más diez millones de dólares (cinco mil quinientos millones de colones). Todo ello en el marco de una campaña de desprestigio de la función pública y del trabajo universitario de generación de conocimiento.
- El intento de trasladar casi seis millones de dólares (tres mil doscientos millones de colones) del presupuesto para educación, sumando un poco más de cinco millones de dólares (dos mil ochocientos millones de colones) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para la contratación de doscientos policías y cien agentes contra el narcotráfico, en el marco de la política “Costa Rica Segura”, dado al aumento criminalidad en el país.
- El impulso feroz de la jornada laboral 4X3 (cuatro días laborados por doce horas y tres de descanso) que elimina el pago de horas extras que se discute en la Asamblea Legislativa. Este proyecto atenta contra todas las luchas que durante años han llevado adelante de trabajadores y trabajadoras y contra el trabajo digno que debe procurar el Estado según la normativa internacional que ha signado y a la que se debe.
La marcha convocó a todo el país, y se hicieron presentes estudiantes de secundaria y universitarios, trabajadores docentes, administrativos del sistema educativo en todos sus niveles, sindicatos de trabajadores públicos y de la educación, ciudadanía, jubilados, jubiladas. Por otra parte, al menos 30 diputaciones de 57 apoyan la marcha y el presupuesto para la educación.
Enlaces de interés
- Ley Marco de Empleo Público.
- Voz de estudiantes del Colegio Humanístico Costarricense.
- La Ley de Empleo Público: desaparición de incentivos y debilitamiento de la capacitación del personal.
- Sindicatos y estudiantes convocan a marcha para exigir a Gobierno respetar presupuesto de Educación.
- Organizaciones piden un “pacto por la educación pública”.
Gasto social de Costa Rica entre los más bajos de la OCDE. - Presupuesto 2023 para educación es el más bajo desde 2015 según Contraloría.
- Treinta diputados apoyan marcha en defensa de la educación pública y hacen llamado al Gobierno a garantizar fondos constitucionales.
- Pronunciamiento de las universidades públicas contra la ley Marco de Empleo Público.
- Universidad Estatal a Distancia.
- Universidad Nacional de Costa Rica.
