Tras la marcha de miles de estudiantes, funcionarias y funcionarios de todas las universidades públicas de Costa Rica a la Casa Presidencial este martes (22), en protesta por el condicionamiento de recursos para la educación superior, el gobierno costarricense retrocedió en su decisión de redireccionar 35 mil millones de colones (60 millones de dólares) del presupuesto de las universidades.
La decisión fue informada por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, en conferencia de prensa este miércoles (23) después de una reunión de siete horas entre el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la ministra de Educación, Giselle Cruz, rectores de las universidades y representantes estudiantiles.
La protesta de las y los estudiantes, funcionarias y funcionarios, realizada el martes (22), fue motivada por una maniobra inconstitucional del gobierno central, que había redireccionado 35 mil millones de colones del presupuesto de las universidades para la inversión en obras de infraestructura y similares de estos centros educativos.
Según el costarricense Vernor Muñoz, ex relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación y director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación, quien participó en las manifestaciones, la maniobra obedece a políticas de austeridad que ha venido impulsando el presidente de la República, las cuales sumadas a una especie de precarización del empleo en las universidades viene a agravar la situación de las universidades públicas.
“Esto implica dos situaciones muy graves. Por una parte, lesiona la autonomía con que las universidades públicas pueden funcionar, garantizada por la misma constitución y, por otra parte, condiciona y redirecciona los recursos de las universidades, que son las que deben determinar cómo debe invertirse”, explicó.
Según informaciones de la Agencia EFE, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, dijo en la conferencia de prensa que el acuerdo alcanzado con las universidades “está fundado, no solo en nuestra constitución, sino en nuestra convicción como Gobierno de que la autonomía universitaria es un valor esencial de nuestro estado democrático de derecho”.
Por el acuerdo, se definió que “no debe ser creada ninguna clasificación de partidas del Fondo Especial de Educación Superior (FEES) distintas a las aprobadas por los órganos de Gobierno de las universidades públicas”.
Privilegios x democracia: por una mejor condición laboral para profesionales de las universidades
Más allá de la falta de autonomía financiera que el gobierno intentó imponer a las universidades, otra demanda presente en la marcha multitudinaria del martes fue el reclamo, especialmente por parte de estudiantes, en contra de los privilegios existentes en la academia.
“Es cierto que en el interior de las universidades hay condiciones de desigualdad que benefician a grupos de personas académicas que son minoritarios y que tienen grandes privilegios frente a otra gran masa de profesores y profesoras, funcionarios y personal administrativo que no goza de estabilidad en sus puestos, y que está nombrada en condiciones de interinazgo que no cuentan con esos privilegios”, afirmó Vernor Muñoz.
Según el ex relator de la ONU, esta condición de desigualdad se ha venido señalando hace algún tiempo. “Si bien es cierto que ese grupo de personas privilegiadas dentro de las universidades es muy minoritario, de alguna manera representa una forma, un sistema laboral que no es igualitario y que, por lo tanto, contradice el sentido democrático que debería prevalecer”, añadió.
Fondo Especial de Educación Superior (FEES)
El Fondo Especial de Educación Superior (FEES), que para el 2020 es de unos 900 millones de dólares provenientes del Estado, es la principal fuente de financiamiento de las estatales Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED) e Instituto Tecnológico (Tec).
Las universidades y las y los estudiantes aseguran que el traslado de dinero del FEES a gasto de capital hubiese significado una afectación a los programas de becas, los cupos para estudiantes, la contratación de docentes, proyectos de investigación, iniciativas sociales e inversiones en sedes de zonas rurales.
