Recientemente, la tercera semana de mayo, se desarrolló el Foro Mundial de la Educación, evento que contó con una agenda e información limitada a instancias gubernamentales e iniciativas privadas. Las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales no solo fueron excluidas de la convocatoria, si no que la propia agenda fue restringida a quienes confirmaron su invitación.
Los cuestionamientos sobre la falta de transparencia evidencian el aumento de amenazas y riesgos sobre el derecho humano a la educación y el rol de los Estados para su garantía, entre los cuales resaltan la priorización de la inversión en educación pública, así como las consecuencias derivadas de los conflictos armados, crisis climática, desigualdades estructurales, la brecha y la vulnerabilidad digital.
Compartimos el artículo de opinión escrito por Matías Cordero Arce, integrante de la Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagune (Plataforma Vasca por la Defensa de la Educación Pública).
El Foro Mundial de la Educación (Education World Forum) se celebró en Londres entre el 19 y el 22 de mayo pasados. Este Foro, surgido de una iniciativa privada, contó con el respaldo de Microsoft, HP, Google, NewGlobe, Pearson, y McKinsey & Cía, entre otras grandes transnacionales, y también contó con la presencia de Luis Benveniste, Director Global de Educación del Banco Mundial.
Junto a ministros, ministras y altos representantes de ministerios de educación de todo el planeta, asistieron a este Foro, por parte del gobierno español, María del Ángel Muñoz, Directora General de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Andrés Contreras Serrano, Subdirector de la Unidad de Acción Educativa Exterior del mismo Ministerio. En este foro se forjaron políticas y se hicieron alianzas decisivas, sin embargo, fue un evento que se celebró a puertas cerradas, abierto sólo a representantes gubernamentales y del sector privado-empresarial. Las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos educativos y demás agentes educativos no fueron invitados y el evento tuvo poca o ninguna transparencia respecto de sus participantes, agenda o resultados (bastaba con ingresar al sitio web del Foro para constatar que prácticamente toda la información relativa al mismo, incluido su mero programa, sólo estaba disponible para quienes habían sido “invitados”).
El mundo está en crisis, los conflictos se extienden, la desigualdad aumenta y las amenazas climáticas se intensifican. Entre todo esto, el derecho a la educación está en creciente riesgo ya que el gasto en educación pública se está reduciendo drásticamente en beneficio de iniciativas privadas y, como siempre, en detrimento de quienes ya se enfrentan a barreras y exclusión, como es el caso en la Comunidad Autónoma Vasca, y en el estado español en general.
Necesitamos, más que nunca, administraciones y representantes públicos transparentes y responsables, que den cuenta a la ciudadanía de sus políticas y decisiones. La exclusión, por parte del Foro, de todos los agentes educativos, salvo los del sector privado-empresarial, actúa directamente en contra de este propósito, e incidir en estos encuentros opacos y elitistas tendrá consecuencias potencialmente nefastas para la implementación del derecho a la educación en los años venideros. A modo de ejemplo: a partir de 2020 hemos visto cómo la adopción masiva de la tecnología en la educación se ha transformado en un negocio en auge que, si bien puede tener algún beneficio, también amenaza los derechos de las niñas y niños en materia de privacidad, seguridad y recopilación de datos. Así lo constató el informe de 2022 de Human Rights Watch: “¿Cómo se atreven a husmear en mi vida privada?”, y el Informe de 2023 de seguimiento de la educación en el mundo, de la UNESCO: “Tecnología en la educación: ¿una herramienta en los términos de quién?”.
Si los gobiernos, con argumentos muchas veces cuestionables, deciden que el sector privado y las empresas participen en la educación, las discusiones y decisiones que se adopten, y la participación misma, debe ser transparente, regulada y sujeta al escrutinio y crítica pública; no puede ocurrir a puertas cerradas y con el obsceno aval de quienes nos gobiernan, como ha sucedido en el Foro Mundial de la Educación.
