Para conocer cuáles son los desafíos y oportunidades hacia la realización del derecho humano a la educación actualmente en Colombia, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), miembro de la CLADE en el país. En la entrevista, abordaron la coyuntura nacional y las expectativas de las comunidades educativas ante este escenario, así como los planes de la sociedad civil para continuar su lucha por la garantía del derecho a la educación y otros derechos humanos.
“Se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país”, afirmaron las entrevistadas.
Lee el diálogo completo a continuación.
¿Cuál es el actual contexto para el derecho a la educación en Colombia?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – La situación del derecho humano a la educación (DHE) en Colombia, vista desde la financiación, está definida por el Sistema General de Participaciones (SGP) y la gratuidad de la educación, calculados con base en el número de estudiantes atendidos (financiación percápita), lo que no alcanza para financiar adecuadamente el DHE.
“Las instituciones educativas, por la desfinanciación existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto a las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad”
Actualmente, con estos recursos se cubre el pago de salarios y prestaciones sociales del sector educativo, lo que representa un 97% del presupuesto global. El restante está destinado a la financiación de la canasta educativa consistente en mobiliario, material didáctico, mantenimiento de infraestructura escolar, restaurante y transporte escolar y financiación de las universidades públicas, lo cual es completamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas del DHE.
Actualmente, las organizaciones sociales y sindicales en movilización permanente desde el año pasado, están planteando una reforma constitucional para modificar el SGP, y así incrementar el presupuesto destinado a la educación. Se evidencia que la educación se encuentra desfinanciada y eso se refleja en las deficientes infraestructuras escolares, la ausencia de capacitación al personal docente, y la insuficiencia de recursos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos educativos institucionales.
En esta dirección, las instituciones educativas, por la desfinanciacion existente, no están en capacidad de lograr los niveles de inclusión educativa señalados por la UNESCO y por los acuerdos internacionales, lo cual afecta con mayor impacto a las poblaciones en situación de pobreza extrema y de vulnerabilidad.
¿Cuáles son los impactos de la baja financiación educativa pública, para las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Hay poblaciones que por sus condiciones socioeconómicas y culturales no están siendo atendidas, porque las instituciones educativas no cuentan con los recursos, ni con la infraestructura que se requiere, y tampoco tienen las adecuaciones curriculares pertinentes, generándose una preocupante exclusión y discriminación que tiene profundas consecuencias y repercusiones en el incremento de conflictos urbanos y rurales en términos de seguridad y convivencia ciudadana.
Las poblaciones con necesidades educativas especiales en general no disponen de los soportes tanto profesionales como espaciales, y de dotaciones para una atención adecuada y pertinente. Es decir, no se les está garantizando el DHE y son personas que no logran superar las barreras para realizar su proyecto de vida.
¿La primera infancia es una de las etapas más desatendidas actualmente en la educación colombiana?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – La educación en primera infancia está atendida en el país, en parte, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una institución de asistencia social que atiende a niños y niñas de prejardín y jardín (3 y 4 años). Sin embargo, el personal que responde al instituto y trabaja con la educación en la primera infancia está conformado por madres comunitarias, con baja formación profesional, que asisten a los niños y niñas generalmente en sus propias viviendas, en sectores de alta vulnerabilidad.
A su vez, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) atiende el grado de transición del preescolar (edad de 5 años) a la básica, en instituciones educativas públicas con docentes licenciadas en Educación Preescolar. Sin embargo, aún no se implementa el preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público, que es una de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales.
En este contexto, ¿cuáles son las expectativas para el derecho a la educación en Colombia en el 2020?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Como coalición nacional que defiende el derecho humano a la educación, actuamos y prestamos apoyo para que las organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones estudiantiles logren acordar con el gobierno nacional la reforma al SGP, generando así un mayor presupuesto para la educación en el país.
Así mismo, se espera que las amplias movilizaciones que están realizando las organizaciones sociales, sindicales y de estudiantes logren negociar con el gobierno reivindicaciones que reduzcan las desigualdades sociales, la marginalidad y la exclusión, en que vive la mayoría de la población colombiana, y mejoren las condiciones de vida en el país.
“La expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país”
Dentro de los acuerdos ya realizados entre gobierno y sociedad civil, falta avanzar en la implementación de una política de educación preescolar de 3 grados, atendidos por el sistema educativo público. También se requiere generar acciones a través de los planes de desarrollo locales y territoriales, orientados a la atención adecuada de la primera infancia y a la educación de personas jóvenes y adultas, que permitan fortalecer y mejorar los procesos educativos en las instituciones educativas públicas.
En ese sentido, la expectativa es mantener las acciones de movilización enérgicas para que el gobierno y sus instituciones garanticen el derecho humano a la educación de todas y todos, e implementen los acuerdos de paz en los territorios, asegurando el respeto a los derechos humanos y a la vida de mujeres, estudiantes, sindicalistas, docentes, líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el país.
Para ello, seguiremos demandando que se fortalezcan y respeten los acuerdos de paz pactados en el proceso de negociación entre las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el Estado, dada la cantidad de asesinatos de personas desmovilizadas y en proceso de reincorporación. Igualmente, que se abran de nuevo procesos de negociación con las guerrillas existentes, para lograr la paz con justicia social en el país.
¿Cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?
María Elena Urbano y Cecilia Gómez – En el campo de la primera infancia, nos hemos propuesto incidir por la financiación adecuada y transformaciones en la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI), tanto a nivel del Congreso de la República, como ante el ICBF, el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, para que se lleven a cabo acciones y presupuestos destinados a la AEPI, que respondan a una perspectiva de derechos y a las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación – ODS 4.
También realizaremos una experiencia local de formación de docentes de AEPI en el Municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, y vamos a desarrollar un trabajo con centros y programas encargados de su formación continua, que aporte elementos a nuestro proceso de incidencia política.
Respecto al derecho a la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), realizaremos una audiencia pública con estudiantes, docentes, directivas y comunidad educativa de EPJA, en el Congreso de la República, con la presencia de parlamentarias y parlamentarios aliadas/os, evento a que también invitaremos el MEN y el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional.
Así mismo, hemos planificado para el año la elaboración de un informe nacional sobre educación y desigualdad, el cual formará parte en un informe regional respecto a esta temática en América Latina y el Caribe, que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red regional en la cual formamos parte, está llevando adelante.
Finalmente, nos sumaremos a las celebraciones de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2020. Esta gran movilización internacional, que abarca marchas, seminarios, acciones de comunicación, incidencia y diálogo, entre otras actividades realizadas en más de 100 países, se organiza todos los años en el mes de abril, con miras a llamar la atención de los Estados y la comunidad internacional sobre la importancia y urgencia de garantizar el derecho humano a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas.
