La lectura sobre la situación económica de América Latina y El Caribe con frecuencia se basa en la afirmación de la reducción de recursos públicos para inversión social, especialmente en el campo del derecho a la educación. El origen de esta situación responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones, así como la reaparición de las políticas de austeridad.
En este escenario, un sistema tributario justo es la base de una sociedad inclusiva y democrática según especialistas. Por ello, la justicia fiscal se transforma en condición necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y de la superación de las desigualdades.
Voces se suman al llamado en el escenario global
Ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por iniciativa del Grupo Africano se expone la propuesta para la creación de una convención que trabaje la fiscalidad global para modernizarla y hacerla más equitativa. La moción ha sido suscrita y respaldada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) junto a más de 200 organizaciones y sindicatos de ámbitos nacionales, regionales e internacionales.
Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos firmantes de la carta pública dirigida a representantes gubernamentales e integrantes de la ONU expresan que “apoyamos firmemente y acogemos con beneplácito el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la promoción de una cooperación fiscal internacional inclusiva y eficaz”.
Solicitud para la apertura de un comité intergubernamental
En el Informe sobre el estado de la justicia fiscal presentado por Tax Justice Network en 2023, se estima que el abuso fiscal internacional representa para los países un total de 480.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año. En consecuencia, la cooperación fiscal internacional toma un sentido clave en una economía cada vez más digitalizada y globalizada recobrando una urgencia impostergable para que la Convención tome una prioridad alta en las agendas globales.
Entre las solicitudes de la sociedad civil se menciona el establecimiento de un comité intergubernamental especial de composición abierta dirigido por los Estados Miembros para elaborar una convención fiscal general de las Naciones Unidas que considere el enfoque integral incluidos los flujos financieros ilícitos relacionados con los impuestos y la tributación de la prestación de servicios transfronterizos.
El comunicado de la sociedad civil reitera que la justicia fiscal “no puede basarse en directrices y marcos voluntarios (…) los sistemas tributarios justos, eficaces y transparentes son un elemento central de la democracia y vitales para garantizar la justicia económica, social y ambiental”.
