Desde el 2007, cuando fue creado y reglamentado, el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valoración de los Profesionales de Educación (Fundeb) es la manera por la cual Unión, estados y municipalidades en Brasil financian la educación pública.
Después de más de diez años de vigencia, el Fundeb está en riesgo. En fines de 2020 termina la vigencia del fondo, y todavía no se definió una propuesta adecuada para su renovación.
El contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña culminó en disputas sociales. De un lado están el gobierno y el grupo liderado por empresarios del área educativa en el país, llamado “Todos pela Educação (TPE)”, que defiende un aumento de 6% en el complemento de recursos concedido por la Unión a los estados (del actual 9% para el 15% de complementación). Según el grupo, el problema de la financiación educativa está en la distribución y no en el monto de recursos.
De otro lado, están más de 200 organizaciones y movimientos sociales liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), que defiende el 40% de complementación por parte de la Unión a los estados, para que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas de Brasil tengan acceso a una educación de calidad.
La Campaña también defiende que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica con calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además considera los costos de mantenimiento.
En el artículo intitulado “El empresariado y el financiamiento de la educación: ¡que nostalgia de Salvador Arena!”, publicado por José Marcelino Rezende Pinto, investigador y profesor de la Universidad de São Paulo (USP) y miembro de la CNDE, se analiza la influencia del empresariado brasileño, representado por el grupo “Todos pela Educação”, en el financiamiento educativo nacional.
“Ignorar 1.5 millones de niñas, niños y jóvenes de 4 a 17 años que, obligatoriamente, deberían estar matriculadas/os en las escuelas, y que no están, no nos parece correcto. Tampoco es correcto desconsiderar 1.3 millón de niños y niñas de 0 a 3 años que deberán frecuentar las guarderías hasta el 2024, como determina en Plan Nacional de Educación (PNE)”, se afirma en el artículo.
Según el profesor José Marcelino, “lo que impresiona en la posición del TPE es una clara dirección a favor de la tesis tan repetida por los economistas ‘del mercado’ de que la cuestión central en educación es la eficiencia y no la necesidad de más recursos”. “Ya dije, y lo repito, estas mismas personas matriculan sus hijos en escuelas privadas cuya mensualidad es el doble, o el triple del gasto anual de un estudiante en la red pública”, añadió.
De acuerdo al investigador, la cuestión central del financiamiento de la educación en Brasil no es la ineficiencia, sino la baja participación de la Unión en la financiación, lo que genera desigualdad y bajo gasto por estudiante. “En el caso del Fundeb, el complemento de la Unión es de apenas el 9% del total de recursos del fondo. Cuanto más grande es la recesión, menos recursos el gobierno federal aporta al fondo. (…) Aumentar la contribución federal al Fundeb del 0,2% del PIB para el 0,8% (en 10 años), como la Cámara de Diputados y el Senado pretenden, corresponde a menos del 10% del pago de tasas y encargos de la deuda previstos en el Proyecto de Ley Presupuestaria de 2020”, afirma en su artículo.
>> Lee el artículo completo, en portugués
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