“Este año, el Plan Nacional de Educación de Brasil conmemora cinco años de vigencia – y también de falta de cumplimiento”. Lo afirma la Campanha Nacional pelo Direito à Educación (CNDE), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, por ocasión del lanzamiento de un informe que analiza el estado de las 20 metas del Plan Nacional de Educación (PNE) 2014-2024.
Con el título “Plano Nacional de Educação: 5 años de descumprimento” [Plan Nacional de Educación: 5 años de no cumplimiento], el documento fue presentado ayer (27/5) durante un evento realizado en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en Brasília. En su contenido, se analiza el desarrollo de artículos, metas y estrategias con plazos intermediarios del PNE.
Sus conclusiones expresan una realidad alarmante: la falta de cumplimiento del plan, como consecuencia de la disminución de la inversión pública en educación, y la falta de prioridad de la agenda de educación en las políticas públicas. La situación apunta a que el cumplimiento de las metas del PNE hasta el fin de 2024 es una realidad cada vez menos probable.
“La educación ha sido ninguneada en Brasil desde el 2015, con los recortes de recursos para el área de Joaquim Levy [ex-ministro de Hacienda]. Hay una clara limitación económica obstruyendo la realización del PNE, pero frente a la crisis iniciada en el 2014, todas las decisiones políticas no han considerado la consagración del derecho a la educación, principalmente en el gobierno de Michel Temer. La tendencia es que la situación empeore con Jair Bolsonaro, inviabilizando el cumplimiendo del PNE hasta el 2024”, analizó Daniel Cara, coordinador general de la Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
Números de la falta de cumplimiento del plan de educación brasileño
El informe de la Campanha Nacional destaca la estagnación de metas referentes a la universalización del acceso a la educación básica. El lento avance de los indicadores evidencia que, todos los años, millares de niñas y niños siguen sin acceder a la guardería, a la educación pre-escolar y a la educación primaria y secundaria. Según la encuesta nacional de domicilios más reciente en Brasil, solamente el 34,1% de las niñas y niños hasta los 3 años de edad está matriculado. El número es mucho inferior a la meta, de 50%.
Respecto a la reducción de las desigualdades por región y clase social, poco se ha avanzado para que se cumpla la meta de garantizar 12 años de estudios para las personas que viven en el campo. Actualmente, esta población tiene en media 9.6 años de escolaridad, y las personas con menos ingresos en el país pasan como máximo 9.8 años en la escuela.
Ataque a la financiación y precariedad de la educación brasileña
Creado en el 2007 y previsto en el PNE, el mecanismo de financiación que calcula los valores necesarios para garantizar el acceso a la educación pública de calidad para todas y todos en Brasil – el llamado Costo Alumno-Calidad Inicial (CAQi) y Costo Alumno-Calidad (CAQ) – no solo no se ha puesto en marcha hasta el momento, como ha sido fuertemente atacado por sectores que defienden la reducción del sistema público de educación, favoreciendo a medidas que proponen la privatización educativa.
Según la CNDE, la política de recortes del gasto público en educación, iniciada en el gobierno Temer con la aprobación de la Emenda Constitucional 95/2016 e intensificada en los primeros meses del gobierno Bolsonaro, es el gran obstáculo para la universalización del acceso a la educación de calidad en el país.
“Estas medidas ponen en riesgo el cumplimiento de las metas y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Educación de Brasil, impactando severamente también su próximo plan, con vigencia entre el 2024 y el 2034”, afirma la Campanha.