La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) divulgó la semana pasada un pronunciamiento público en respuesta al Decreto Supremo N° 4260, emitido por el Estado Plurinacional de Bolivia el 6 de junio de 2020, que tiene por objeto regular la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa y especial, y superior.
Según la CBDE, el decreto no menciona aspectos prioritarios de contenidos curriculares, como la reprogramación del calendario escolar y el acceso a dispositivos e internet. Tampoco hay una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto de la pandemia.
“Esta respuesta estatal ha generado reacciones de diversos sectores educativos como el Magisterio Rural y Urbano, los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs), organizaciones e instituciones de la sociedad civil, madres, padres de familia y organizaciones estudiantiles, quienes califican de insuficiente y sin lineamientos claros el Decreto Supremo N° 4260, inclusive, cuestionan la ‘negligencia’ al tiempo de resolver la incertidumbre que vive el sistema educativo en este complejo escenario”, declara la CBDE.
Al expresar su apoyo y solidaridad a los sectores educativos movilizados, la Campaña Boliviana reitera que “el Estado boliviano es garante del derecho a la educación y que debe atender las demandas de los sectores sociales que exigen una educación única, pública y gratuita, que no genere desigualdades ni exclusiones, y que responda a la diversidad cultural del país”.
