Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es las nueva integrante del grupo coordinador de la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030. Junto con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que ya participaban del grupo coordinador de CCNGO representando a América Latina y el Caribe, las integrantes reforzarán en este espacio las demandas y perspectivas de la región en los debates alrededor de los avances y retos respecto a los objetivos y metas del ODS 4.
Luego del anuncio de estas nuevas participaciones de la región en el grupo, se realizó este martes (14 de diciembre) la 10ª Reunión Mundial de la CCNGO, que discutió el papel de las organizaciones sociales en la garantía del derecho humano a la educación. Organizado por UNESCO, el evento contó con la participación de cuatro representantes de organizaciones y redes de América Latina y el Caribe: Nelsy Lizarazo; Vernor Muñoz, director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación; Mercedes Mayol Lassalle; y Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.
Grabación del evento:
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc.
“Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó.
Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación.
“En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó.
También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.
Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”.
Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos.
“La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.
Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4.
“En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”.
